La ausencia de “kale borroka” aboca a la inactividad al Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional que dirige José Luis Castro

El organismo judicial creado para juzgar delitos de terrorismo cometidos por menores de edad ha visto como el “alto el fuego permanente” comunicado por ETA y la desaparición de la “kale borroka” le sume, a efectos prácticos, en la inactividad.

El Juzgado Central de Menores y Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, sito en la madrileña calle de Gran Vía, ha sido desde su creación el responsable de atender los casos de menores de edad cuyos hechos delictivos tuvieran relación con el terrorismo.   El organismo, a cuyo frente se sitúa hoy el magistrado José Luis Castro, ha atendido generalmente asuntos de jóvenes inmersos en los llamados “Grupos Y” de apoyo a la banda terrorista ETA, con causas por disturbios y destrozos callejeros. Recientemente los grupos parlamentarios de ERC, PNV y EA solicitaron la supresión de dicho juzgado a resultas del debate sobre la reforma de la Ley del menor.   Las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional por El Confidencial Digital confirman que, en estos momentos, la actividad del citado juzgado en el tema de menores, en el que trabajan tres funcionarios, es escasa por la práctica ausencia de violencia en las calles del País Vasco. Desmienten, sin embargo, cualquier movimiento en la línea de suprimir las competencias especiales del organismo.   Fuentes oficiales de la Audiencia aclaran que este juzgado tiene dos competencias. En los cometidos referentes a Vigilancia Penitenciaria, se declara una alta actividad judicial, con más de 9.000 casos resueltos en el pasado ejercicio. Esto no ocurre en el área de menores, cuya actividad ha sido calificada de escasa.   El último caso relevante que ha llevado el mencionado juzgado es el de “el gitanillo”, que supuso la primera sentencia por los atentados del 11 de marzo de 2004. El “gitanillo” fue condenado a 6 años de internamiento, otros 5 de libertad vigilada y 6 de inhabilitación absoluta por su participación en el robo y en el transporte de explosivos que sirvieron para realizar los atentados.

 

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