El juez Pablo Llarena no es partidario de dictar prisión provisional para los últimos imputados por el 1-O
Considera que privar de libertad a Artur Mas, Marta Rovira y Elsa Artadi, por su papel secundario en la causa, daña la imagen de la Justicia
La del 1-O va camino de convertirse en una macrocausa investigada en el Tribunal Supremo, dada la cantidad de personas que ha imputado el juez. Sólo permanecen en prisión Joaquim Forn y Oriol Junqueras, mientras que el resto la ha eludido bajo pago fianza.
Quedan, pues, libres los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila, Meritxell Serret, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Lluis Puig y Carles Mundó, y los miembros de la Mesa del Parlament: Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluis Corominas y Joan Josep Nuet.
Quedan descontados Clara Ponsatí, Toni Comín y Carles Puigdemont, que aún no han declarado ante la Justicia y siguen fugados.
Últimos imputados
Desde noviembre, no han dejado de aparecer nuevos imputados en la causa. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha imputado a Artur Mas, a las diputadas de Junts per Catalunya Marta Pascal y Elsa Artadi, a la dirigente de ERC Marta Rovira, a las miembros de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, y a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.
Todos los arriba citados han declarado ya ante los jueces instructores, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox, y para ninguno se ha dictado prisión provisional sin fianza.
Medidas cautelares
Según ha podido saber El Confidencial Digital, ésta es la estrategia que seguirá el magistrado instructor. O al menos, ésa es su intención. Considera que el papel de los últimos imputados en la causa es secundario, y por tanto, no se debe dictar para ellos la prisión provisional sin fianza como medida cautelar.
Además, ni la Fiscalía ni el propio juez son partidarios, bajo ningún concepto, de agravar aún más los hechos que se están investigando, esto es, de convertirlos en una macrocausa con decenas de imputados en la cárcel.
Según ha sabido ECD, la imagen de la Justicia se vería dañada por privar de libertad a unos imputados que no han sido declarados culpables, y por tanto, no han sido condenados a ninguna pena.
