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Política

Nuevo contratiempo en la instrucción del procés

Llarena renuncia a un informe sobre malversación en Cataluña por las pegas de la ministra de Hacienda

María Jesús Montero respondió al requerimiento del juez diciendo que necesita otro mes más para reunir la documentación. Vea el auto

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En un curso frenético, la Justicia española se ha enfrentado a un intento de independencia por parte de la Generalitat de Cataluña, intento que ha valido a sus autores el procesamiento por rebelión, sedición y malversación. Se trata del caso más importante de la historia reciente de España desde el golpe de Estado del 23-F.


María Jesús Montero, ministra de Hacienda. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Y como tal, como otro golpe de Estado, se está instruyendo la causa. Un procedimiento que ha puesto en guardia a juzgados de Cataluña y al propio Tribunal Supremo, dada la relevancia de los hechos y el aforamiento de varios de sus causantes.

Treinta y seis años después del pronunciamiento del teniente coronel Tejero en el Congreso, el referéndum de independencia ha vuelto a desplegar la contundencia de todos los poderes del Estado: la aplicación del 155 y el macro proceso judicial cuya primera fase está a punto de concluir.

Una causa salpicada por todo tipo de contratiempos: desde la fuga del principal muñidor de los presuntos delitos, Carles Puigdemont, al fallecimiento del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de Cataluña. Pasando por nuevas fugas, elecciones autonómicas y rifirrafes con la Justicia alemana, belga y escocesa.

Hacienda no llega

Nueve meses después del inicio del procedimiento, el juez Llarena ha sufrido un nuevo revés, pero esta vez de parte del Gobierno; en concreto, del Ministerio de Hacienda. En un auto dictado el lunes al que ha tenido acceso Confidencial Digital, el magistrado acuerda “dejar sin efecto” una solicitud enviada al equipo de María Jesús Montero para no incurrir en “dilaciones indebidas”.

Se trata de una providencia del 14 de junio que requería a la secretaría de Estado de Hacienda, ocupada ya entonces por la ministra socialista, un informe sobre los documentos enviados por la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, y un análisis de la evolución de la tutela de las cuentas catalanas durante 2017 y 2018, una medida ordenada por Cristóbal Montoro.

Pues bien. Llarena realizó una segunda petición del informe el 5 de julio, encareciendo a Hacienda la máxima urgencia y dándole de plazo hasta el 10 del mismo mes para entregarlo.

Sin embargo, al día siguiente de recibir esta comunicación judicial, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, pidió al juez que le concediera un mes más para la elaboración del documento.

Este retraso supondría un aplazamiento hasta el 6 de agosto y, puesto que este mes es inhábil para la Administración Pública, que Hacienda no entregaría el informe hasta el mes de septiembre.

“No es relevante”

Ante esta circunstancia, el juez ha decidido suspender esta solicitud para evitar una “demora innecesaria” en la instrucción, que desea cerrar cuanto antes. Alude al “legítimo derecho” que tienen los procesados a que el juicio se inicie cuanto antes para solucionar su situación penal, algo que se retrasaría si el Supremo debe esperar a que Hacienda conteste en septiembre.

Además, el magistrado señala que este informe no cambiaría el contenido de la instrucción, ya que posee abundante información de la Guardia Civil, de los testimonios de las defensas y del propio Ministerio. Cabe recordar que Montoro tuvo que enviar una sustanciosa documentación sobre este asunto tras asegurar en una entrevista que no tenía constancia de malversación, según los informes que enviaba la interventora de la Generalitat.

Por último, Llarena considera que el informe requerido el 14 de junio a María Jesús Montero “no es fuente de prueba que modifique el resultado de la instrucción”. Así justifica la cancelación de esta solicitud, sin perjuicio de que la Fiscalía y el resto de las acusaciones, entre las que se encuentra Vox, decidan pedir de nuevo este informe a Hacienda.

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