El Ministerio del Interior decide retirarles la escolta a ex ministros del PP, una decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad

La Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido retirar en fecha reciente el servicio de escolta y coche oficial que, por motivos de seguridad, mantenían hasta hace poco ex miembros del gobierno del Partido Popular.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido retirar en fecha reciente el servicio de escolta y coche oficial que, por motivos de seguridad, mantenían hasta hace poco ex miembros del gobierno del Partido Popular. Es muy frecuente que, tras una operación de las fuerzas de seguridad que culmina con la detención de un miembro de ETA, salga a la luz una lista con nombres y datos personales de objetivos terroristas. La persona “manchada” pasa de vivir normalmente a tener que protegerse. Este es el caso de muchos ex dirigentes del gobierno del PP que, casi dos años después de abandonar el poder, siguen disponiendo de escolta. Según ha sabido El Confidencial Digital a algunos de los antiguos ministros y a otros altos cargos se les está retirando esa protección. Algunos miembros del Ejecutivo de José María Aznar quedaron sin escolta un día después de abandonar el Gobierno. Según han ido pasando los meses, otros máximos responsables están perdiendo ese privilegio. Según han explicado a ECD fuentes solventes conocedoras de la materia, no existe una normativa específica que establezca un criterio sobre los puestos que pueden beneficiarse de esta medida o sobre el tiempo durante el cual deben disfrutar de esas medidas. Se trata de pautas que están en mano de la Secretaría de Estado de Seguridad y que suelen responder a criterios estrictamente policiales transmitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quizá la única norma o regla reconocida sea precisamente que a los altos cargos del gobierno, los ministros y máximos responsables del Ejecutivo que se han visto implicados en asuntos relacionados con los departamentos de Seguridad, Interior y Justicia se les mantiene más tiempo del habitual esos servicios de protección. Por otro lado, el Presupuesto del Estado destinado a la protección de autoridades crece cada año, pues el número de personalidades y cesantes que han de ser protegidos de ETA se va incrementando cada año que pasa. Esto parece estar creando auténticos quebraderos de cabeza a la hora de dotar al personal necesario para esas tareas. Según datos recogidos por este confidencial, algunos altos cargos han optado por acogerse a la protección privada que les ofrecen sus respectivos partidos al cesar la protección oficial, llegando incluso a costeársela de su bolsillo.

 

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