Domingo 19/11/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Discretas conversaciones desde hace varias semanas

PP, PSC y C’s actuarán un bloque para boicotear el referéndum catalán

Los tres partidos constitucionalistas se han puesto de acuerdo con el Gobierno para coordinar una estrategia común que impida o al menos ralentice la consulta

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La amenaza de la Generalitat de celebrar un referéndum independentista ilegal el próximo 1 de octubre ha unido a los partidos constitucionalistas del Parlament. Ciudadanos, PSC y PP diseñan una estrategia conjunta de la que también está informada el Gobierno, gracias a la interlocución que mantienen Soraya Sáenz de Santamaría y Enric Millo.

Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Xavier García Albiol (PP) ante el Tribunal Constitucional Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Xavier García Albiol (PP) ante el Tribunal Constitucional

Según explican a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales y altos cargos políticos de Cataluña, la vicepresidenta recibió el encargo, por parte de Mariano Rajoy, de liderar la estrategia contra el desafío soberanista de Cataluña y consensuar con los partidos constitucionalistas la respuesta a la ofensiva de la Generalitat.

Sáenz de Santamaría, que ya hace meses mantuvo reuniones reservadas con Miquel Iceta e Inés Arrimadas, ha conservado la interlocución con PSC y Ciudadanos, además de con el PP catalán, con el objetivo de “estar al día” de lo que ocurre en el gobierno catalán y en el Parlament. Un contacto “estable” que se ha logrado gracias a Enric Millo.

El delegado del Gobierno en Cataluña, de la máxima confianza de Soraya, actúa como mediador y es el que transmite información y mensajes procedentes del Parlament a La Moncloa. Una labor, unida al deseo de los partidos constitucionalistas de evitar el referéndum ilegal, que ha propiciado una “actuación en bloque”.

Tres recursos de amparo

Los partidos constitucionalistas tendrán este miércoles su primera prueba de fuego, con la aprobación del cambio de reglamento del Parlament que, entre otras cosas, permitirá la convocatoria de plenos en agosto y la lectura única para la aprobación de leyes. Dos modificaciones que la Generalitat quiere aprovechar para sacar adelante la ley de desconexión el próximo mes.

Las fuentes consultadas por ECD explican que Ciudadanos, PSC y PP tienen previsto presentar tres recursos de amparo contra la propuesta de Junts pel Sí, siempre y cuando la coalición del Govern no haya modificado el texto que se presentó a la Mesa.

En ese sentido, desde los tres grupos parlamentarios explican que el Consejo de Garantías Estatutarias estableció que pueden aprobarse leyes por lectura única, pero aceptando enmiendas de otros partidos y del propio Consejo. Unas exigencias que, de ser incluidas finalmente por JxSí, evitarían los citados recursos de amparo.

La idea de los partidos constitucionalistas, cuando Puigdemont anunció que no cambiaría una coma del texto, era presentar hasta tres recursos para evidenciar la oposición a esa reforma. Además, el Gobierno tendría, de esa forma, más argumentos, además de los jurídicos, para presentar su propio recurso ante el TC, lo que podría bloquear la reforma hasta seis meses.

Conscientes de ese riesgo, los responsables de Junts pel Sí “podrían haber reculado”, aunque eso no se sabrá hasta este miércoles. En todo caso, si aceptan la resolución del Consejo de Garantías, “podríamos presentar enmiendas a la ley de desconexión y, por tanto, retrasar su aprobación”.

Plan contra el pleno de agosto

Lo que sí tienen claro tanto el Gobierno como PP, PSC y Ciudadanos es que Puigdemont intentar la aprobación exprés de esa ley a través de un pleno sorpresa en agosto. Una circunstancia que ya contempla Moncloa y que va a provocar la movilización de los ministros, jueces y senadores a partir del 15 de agosto.

Los representantes del PSC y Ciudadanos en la Mesa del Parlament, no obstante, pueden evitar que ese pleno se celebre, como pretende Junts pel Sí, a mitad de mes.

En ese sentido, las fuentes consultadas explican que el órgano de gobierno de la Cámara autonómica “debe tramitar la propuesta” y, posteriormente, “convocar la Mesa de Portavoces”. Ambos pasos que se exigirán y que provocarán que el pleno no tenga lugar hasta, probablemente, la última semana de agosto.

Un retraso que puede ser aprovechado por el Gobierno para estudiar la ley presentada para su votación en el Parlament y preparar el recurso contra ella. Un recurso que tendría lugar a apenas un mes del anunciado referéndum independentista.


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