Lunes 23/10/2017. Actualizado 14:03h

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Política

Veto a Garzón en el Comité de Prevención de la Tortura en Estrasburgo. El PSOE trató de colar su nombre, el PP se resistió y ha quedado en último lugar

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Nuevo intento del PSOE para situar a Baltasar Garzón en otro organismo judicial europeo. Después de que el Gobierno impulsara el traslado del juez a la Corte Penal Internacional de la Haya, los parlamentarios socialistas en la UE han colocado al jienense como candidato a representar a España en el Comité de Prevención de la Tortura.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el Consejo de Europa solicitó a la delegación española una terma de candidatos para cubrir el puesto reservado a un representante de nuestro país en el Comité de Prevención de la Tortura, tras la salida del jurista Emilio Ginés. La respuesta a esta petición se produjo a mediados del mes de abril, y causó un gran revuelo entre los eurodiputados españoles.

El socialista Juan Moscoso del Prado, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la delegación española en el Consejo Europeo, envío una lista encabezada por el juez Baltasar Garzón, y en la que también estaban Miriam Cugat, profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona; y Carlos Fernández Liesa, catedrático y secretario general de la Carlos III de Madrid.

El nombramiento de estos tres candidatos se realizó sin consultar a los parlamentarios del resto de grupos, que se enteraron de la existencia de la lista después de que el Consejo Europeo notificase que la había recibido tras ser ratificada por el Comité de Ministros español. Ese ‘silencio’ por parte de Moscoso y de todos los representantes socialistas provocó una queja formal del PP.

Los ‘populares’, además, se opusieron a la candidatura de Baltasar Garzón, recordando las tres causas pendientes que tiene en España y, sobre todo, la sanción que el Tribunal de Derechos Humanos realizó contra nuestro país el pasado 9 de marzo, por no investigar las presuntas torturas denunciadas por Aritz Beristain, detenido por ‘kale borroka’ en 2002.

Según el citado organismo, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por el juez Garzón, incumplió  el artículo 3del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que España tuvo que pagar, hace cuatro meses, 23.000 euros.

Fuentes de toda solvencia en Estrasburgo, consultadas por ECD, explican que la oposición del PP, y su recordatorio acerca de la trayectoria judicial de Garzón, fueron tenidos en cuenta por la Mesa del Consejo Europeo, que en su última reunión sugirió un cambio en el orden de la lista de candidatos para que el juez “causante de una disputa interna en la Asamblea Parlamentaria de la delegación española” no fuese el primero de la terma.

Finalmente, una subcomisión de Asuntos Jurídicos resituó a Garzón en el último puesto de la lista que inicialmente envió Juan Moscoso, quedando por delante del jienense Miriam Cugat y Carlos Fernández Liesa.

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