Primer enfrentamiento serio en el Gobierno: Sáenz de Santamaría quiere que funcionarios del grupo A puedan ser embajadores y Margallo defiende que sólo sean diplomáticos

Es el primer enfrentamiento serio entre dos destacados miembros del Gobierno, nada menos que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ambos personas de confianza del presidente, Mariano Rajoy.

El motivo es la Ley de Acción y Servicio Exterior, y la razón es que la vicepresidenta quiere que los embajadores de España no sólo sean diplomáticos, mientras que el titular de Exteriores se opone con todas sus fuerzas a ese intento.

La batalla se está librando en las reuniones que mantienen en privado Sáenz de Santamaría y García-Margallo, y fuentes conocedoras de esos encuentros relatan a El Confidencial Digital que ninguno de los dos quiere ceder. Por el momento, está siendo imposible llegar a un acuerdo.

La postura de Sáenz de Santamaría

Sáenz de Santamaría propone que el nombramiento de los embajadores de España pase a ser competencia directa de vicepresidencia del Gobierno. De acuerdo con su propuesta, Moncloa designaría al jefe de la representación diplomática en un país tras haber escuchado previamente las propuestas de varios ministerios: Exteriores, Defensa o Cultura.

Otra de las novedades que pretende incorporar la vicepresidenta en el nombramiento de embajadores es que funcionarios del conocido como grupo A puedan acceder al cargo de máximos representantes de España en un país aunque no sean diplomáticos. Estos altos funcionarios deberán estar en posesión del título universitario de Grado (doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto).

En definitiva, la intención de Moncloa es poder nombrar embajadores a abogados del Estado, técnicos comerciales, inspectores, registradores de la propiedad o, incluso, hasta economistas. La única condición estaría en ser funcionario del nivel más alto de la Administración.

García-Margallo dice que no

José Manuel García-Margallo se opone radicalmente a que puedan ser nombrados embajadores personas que no sean diplomáticos de carrera.

Para el titular de Exteriores, un miembro de la carrera diplomática es el funcionario que mejor puede velar por los intereses del Estado y de sus ciudadanos en un país.

 

Margallo insiste en que el embajador ha de ser la principal figura de una delegación diplomática. De él deben depender orgánica y jerárquicamente todos los cargos que nombre el Gobierno en una embajada, sin excepción: consejeros, agregados, técnicos o colaboradores.

Repite que debe ser un diplomático de carrera quien ejerza la máxima responsabilidad de la acción española en el exterior. Por él, por tanto, debe pasar toda la información de los trabajadores de la embajada.

A día de hoy, el único embajador no diplomático de España es Federico Trillo, en Londres, nombramiento que provocó una polémica entre Exteriores y Moncloa.

Fuerte disputa Moncloa-Exteriores

La Ley de Acción y Servicio Exterior está en discusión desde el pasado verano. Ahora el texto se encuentra sometido a debate en la Comisión de Subsecretarios donde, dadas las diferencias citadas, no terminan de ponerse de acuerdo.

Los departamentos implicados son Vicepresidencia, Exteriores, Defensa, Hacienda, Economía, Cultura, Sanidad y Justicia.

Según la información de que dispone ECD, en la Comisión de Subsecretarios se han producido varias disputas acaloradas, especialmente entre el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría y el de José Manuel García-Margallo.

Fuentes conocedoras de las reuniones interministeriales explican que, en uno de los últimos encuentros, Exteriores reprochó a Moncloa que apostara por una posición política más que diplomática respecto al nombramiento de embajadores.

No a los embajadores ‘políticos’

El equipo de García-Margallo argumentó que nombrar a un representante ‘político’ para la dirección de una embajada puede perjudicar a los intereses del Estado. Ese embajador ‘político’ podría moverse en determinadas decisiones por intereses particulares o sectoriales, lo que pondría en peligro la acción exterior de España.

Fuentes de Exteriores explican que sería un nombramiento comparable al de un político para el consejo de administración de una caja de ahorros o una empresa pública.

El nombramiento de un diplomático, por el contrario, garantizaría la defensa de los intereses de Estado por encima de los particulares, insisten desde el departamento de García-Margallo.

Coto a las ‘embajadas autonómicas’

Uno de los objetivos de la ley de Acción y Servicio Exterior es lograr la total coordinación de las representaciones españolas en el extranjero y centralizar todos los servicios diplomáticos. No se quiere cometer más errores de coordinación o de falta de respuesta rápita y contundente (en Exteriores recuerdan el caso de YPF en Argentina).

Pero la ley también intentará poner coto a las ‘embajadas’ de las comunidades autónomas. El Gobierno quiere que las representaciones del Estado conozcan con detalle todas las gestiones de las representaciones autonómicas, para determinar si exceden las competencias legalmente atribuidas. En ese caso, el Ejecutivo actuaría de manera rotunda.

Además, en caso de que se apruebe la ley de Acción y Servicio Exterior, la representación de cualquier comunidad autónoma podría quedar invalidada si dicho territorio no cumple el objetivo de déficit.

No obstante, y a pesar de los duros enfrentamientos entre Vicepresidencia y Exteriores, la ley, explican las fuentes del Gobierno consultadas por ECD, podría desatascarse y ver la luz en las próximas semanas.

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