Miércoles 13/12/2017. Actualizado 13:33h

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Política

La tramitación comienza la próxima semana

Puigdemont no tiene intención de enviar un representante al Senado que evite el 155

El reglamento especifica que un delegado de la comunidad autónoma debe acudir a la Cámara Alta para debatir las medidas propuestas por el Gobierno

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Ya está decidido: el 155 se aplicará totalmente en Cataluña, después del requerimiento del Gobierno a Puigdemont y su negativa a contestar de forma clara e inequívoca. Queda por saber qué medidas propondrá Moncloa al Senado y cuánto tiempo llevará a la Cámara Alta la tramitación de las mismas. En cualquier caso, el proceso no es automático y tardará días.


El President Carles Puigdemont, junto a varios agentes de los Mossos d' Esquadra. El President Carles Puigdemont, junto a varios agentes de los Mossos d' Esquadra.

Entre las garantías que recoge el reglamento del Senado, el artículo 189 especifica que la comisión de las comunidades autónomas o una designada expresamente para el 155 requerirá al presidente regional, en un plazo no fijado, las alegaciones que estime pertinentes y el envío de un representante.

Dicho delegado podrá debatir en la Cámara Alta las medidas del Gobierno para restablecer el orden constitucional en Cataluña. El debate será de dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno. Seguidamente, se procederá a la votación.

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital, la Generalitat no tiene intención de enviar ningún representante al Senado. Consideran el 155 “una medida represiva del Estado”, por lo que no tienen previsto debatir ningún plan del Gobierno que suponga la intervención de la autonomía.

Fuentes de la Generalitat afirman que tienen dudas sobre si tienen la obligación de enviar un delegado al Senado para defender el referéndum y la independencia: “No nos consta que tengamos que hacer nada en este sentido”, dicen. En cualquier caso, añaden, “es lo último de lo que se habla” estos días en Palau de la Plaza de Sant Jaume.

Posibles nombres

Desde el Senado se había barajado algún nombre, como el del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, imputado por los preparativos del 1-O que investiga el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

Nin, en el cargo desde enero de 2016, es un histórico de CDC desde los años noventa con experiencia política: ha sido vicepresidente de la Diputación de Tarragona y delegado del Govern en la misma ciudad.

A pesar de su largo recorrido en CDC, fuentes parlamentarias aseguran a ECD que se trata de un perfil político bajo, más próximo a un cargo técnico y acorde con la tramitación del 155.

Incluso se habló de la posible designación de Santi Vila para defender la postura del Govern. Fuentes del Senado afirman que en la Cámara Alta prefieren al consejero de Empresa por ser uno de los interlocutores entre la Generalitat y el Gobierno. De hecho, mantiene buena relación con Ana Pastor, a la que invitó a su boda.

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