Viernes 15/12/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Tras la renuncia de Puigdemont a convocar elecciones

Rajoy ordena una aplicación dura del 155 en Cataluña

Los ministros tomarán las decisiones más graves y solo después delegarán la gestión en los técnicos. El control afectará a todos los organismos de la Generalitat

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Mariano Rajoy aguardó en Moncloa, durante toda la jornada de ayer, a que Carles Puigdemont anunciara elecciones autonómicas en Cataluña. Esa convocatoria no habría evitado que el Senado apruebe hoy la puesta en marcha del artículo 155, pero sí podría haber cambiado el grado de aplicación. El enrocamiento del president provoca que el Gobierno opte por una intervención dura de la Generalitat.

Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

Así lo confirman a El Confidencial Digital altos cargos gubernamentales, que confirman que la hoja de ruta marcada por Moncloa, que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros, se mantiene intacta tras las jornada del jueves: “El 155 se aplicará con todas las consecuencias y afectará a todos los organismos del Govern”.

Los ministros toman el mando

Esa intervención de Cataluña, además, la protagonizará, de forma inmediata, la totalidad del Gobierno, llevando a cabo “una acción directa” sobre las diferentes instituciones de la Generalitat. Una decisión, ya transmitida por Rajoy a su gabinete, que deja a las claras la apuesta del presidente por una aplicación dura del 155.

Las fuentes consultadas explican que serán los ministros los que asumirán, “desde el minuto uno”, el control de las consejerías de sus respectiva competencias y tomarán las decisiones “más graves” para devolver a la legalidad a las instituciones.

De esta forma, añaden desde Moncloa, los ministros, una vez depuestos Puigdemont y todos los consejeros, serán los que dicten órdenes ministeriales para cesar a los cargos de las diferentes consejerías que, por las decisiones adoptadas en los últimos meses, hayan gestionado sus respectivos organismos fuera de la ley.

El objetivo es “dejar al independentismo definitivamente fuera” de las consejerías. Una labor para la que Rajoy considera imprescindible la intervención directa de sus ministros, bajo la supervisión de Moncloa.

Trapero, de los primeros en caer

Una vez que este viernes el Consejo de Ministros ponga negro sobre blanco la hoja de ruta “empezarán a tomarse decisiones. Incluidas las de los ceses”.

En ese sentido, las fuentes consultadas avisan ya que importantes cargos de Economía y Educación, “que se saltaron la ley el 1-O”, serán de los primeros en salir.

No obstante, uno de los ceses que más repercusión tendrá, y que va a ser de los primeros en producirse, es la del mayor de los Mossos d´ Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Altos cargos de Interior confirman a ECD que, “en el momento en que asumamos las competencias de la consejería, elegiremos un nuevo jefe de los Mossos”. La decisión, añaden, “la tomaremos en el primer minuto, como todo el mundo puede entender”.

Otras fuentes del Gobierno añaden que todos los mandos orgánicos del cuerpo serán destituidos, y a los agentes se les recordará la obligación del cumplimiento de la Constitución y el Estatut.

La gestión posterior la asumirán los técnicos

La intervención directa e inmediata de los ministros del Gobierno sobre las consejerías de la Generalitat no descarta, ni mucho menos, que Cataluña no vaya a estar gobernada, hasta la celebración de nuevas elecciones, por un equipo de técnicos que el Gobierno pactará con PSOE y Ciudadanos, tal y como estaba previsto.

Las fuentes gubernamentales explican que, una vez tomadas las decisiones “más graves” por parte de los ministros, una vez que se haya garantizado la vuelta a la legalidad de las instituciones de la Generalitat, éstas pasarán a estar tuteladas por los técnicos enviados a Barcelona en las próximas fechas.

Estos peritos, que deberán tener experiencia demostrable en la función a desempeñar, tendrán que reportar al Gobierno sobre su gestión.

La comunicación se llevará a cabo a través de los secretarios de Estado, que a su vez darán cuenta a Soraya Sáenz de Santamaría en la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios.

Por lo que se refiere a los funcionarios de la administración autonómica, se les exigirá el cumplimiento de las instrucciones y órdenes que reciban, bajo advertencia de expediente y suspensión.

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