Sábado 18/11/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Una solución menos traumática: basta un decreto ley

Aplicar la Ley de Seguridad Nacional, la baza oculta de Gobierno y PSOE para Cataluña

Sáenz de Santamaría negocia con Margarita Robles el nombramiento de una “Autoridad Funcional” que tome el mando de Policía, Guardia Civil y Mossos

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El Gobierno y el PSOE llevan tiempo trabajando discretamente en las acciones concretas para frenar el referéndum independentista del 1 de octubre. Ante el escenario de que la Generalitat lleve su órdago hasta las últimas consecuencias, el PP y los socialistas tienen prácticamente pactada la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. 


Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont.

El despliegue de esta medida permitirá controlar a los Mossos, a los funcionarios públicos y sustituir a cargos políticos frente al intento de desconexión. 

Contactos Sáenz de Santamaría-Margarita Robles

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, Soraya Sáenz de Santamaría ha planteado esta herramienta a la dirección del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso.

El Gobierno apuesta por esta opción como una alternativa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que genera mayores reticencias dentro del PSOE. En los últimos días, la vicepresidenta ha comenzado a intercambiar documentación con Margarita Robles sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Hay que recordar que la actual portavoz socialista ocupó las secretarías de Estado de Justicia y de Interior durante la última etapa del Gobierno de Felipe González, por lo que cuenta con un amplio conocimiento de esta cuestión.

Previamente, se han celebrado también varias reuniones entre altos cargos de Moncloa y del Ministerio del Interior en las que se ha diseñado el despliegue de esta medida.

La Ley de Seguridad Nacional tiene como objetivo “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales” y “proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos”.

Decreto ley en un Consejo de Ministros extraordinario

Así las cosas, la norma permite al Gobierno aprobar un real decreto por el que se declare que en Cataluña se da una “situación de interés para la seguridad nacional”.

Fuentes conocedoras del acuerdo, que están cerrando estos días PP y PSOE, destacan que esta fórmula resulta “menos traumática” que otras alternativas frente al intento de secesión catalán. Permite actuar para dar respuesta a la situación de crisis y volver a la normalidad pero, en ningún caso, deja en suspenso derechos fundamentales ni libertades públicas.

Otra de las ventajas es que esta ley puede ser activada de urgencia, en el último minuto. Uno de los planes que se baraja es la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario en la víspera de la celebración del referéndum. Con eso sería suficiente.

En ese texto que elaborará el Ejecutivo se incluirá la definición de la crisis a la que España se está enfrentando en ese momento, el ámbito geográfico al que afecta y la duración y las posibles prórrogas que requiere la incidencia.

El presidente del Gobierno convocará también después al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación.

Nombrar una autoridad que controle a los Mossos

El paso siguiente contemplado por la Ley de Seguridad Nacional será el nombramiento de una “autoridad funcional” que se haga cargo de la situación y la definición de sus competencias. Esa persona, que será designada por el jefe del Ejecutivo en consenso con el PSOE, podrá gestionar cualquiera de los poderes de las distintas administraciones.

En todo caso, la actuación será durante un tiempo determinado y se deberá informar al Congreso de los Diputados una vez tomadas las decisiones y puesto en marcha el plan.

Las fuentes consultadas por ECD explican que el PP ha planteado a los socialistas que esta responsabilidad recaiga en el Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Pero tampoco se descarta que sea designado un ministro o un secretario de Estado para dar mayor peso a las actuaciones que sean necesarias en cada momento.

Esa “autoridad funcional” tendrá como principal función el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al nivel que determine el Gobierno. Por tanto, podrá “ordenar” a los Mossos d’Esquadra que hagan cumplir la legalidad.

Aprobada por PP y PSOE con amplio consenso

Desde el Gobierno se explica a ECD que la base del entendimiento con el PSOE en este asunto responde a que la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada en septiembre de 2015 por ambos partidos.

Fue fruto de un gran acuerdo entre el PP y los socialistas, aunque previamente el proyecto del Gobierno fue enmendado a fondo por el equipo de Pedro Sánchez. Esa circunstancia es la que está facilitando ahora las negociaciones.

En Moncloa se admite también que el texto fue elaborado entonces, precisamente para hacer frente a una situación que pusiera en riesgo el orden constitucional.

No se pasa por alto que esta iniciativa coincidió en el tiempo con la reforma del Tribunal Constitucional, que se aprobó solo tres meses después. El Ejecutivo introdujo también allí una disposición que permite al TC intervenir la autonomía sin necesidad de aplicar el 155 de la Constitución.

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