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Política

Supresión de embajadas catalanas, drástico recorte en TV3, eliminar la mitad de las empresas públicas: las duras condiciones que pone Bruselas a Cataluña para el rescate

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Cataluña tendrá que cumplir unas duras condiciones para poder acceder a los 5.023 millones de rescate que ha solicitado. Las ha transmitido Bruselas al Gobierno de Rajoy. La Unión Europea exige la supresión de embajadas y de organismos públicos, además de un drástico recorte en TV3.

“Acudimos al Fondo de Liquidez Autonómica pero no aceptaremos condiciones políticas". Con estas palabras anunció el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, la petición de rescate a Cataluña. Sin embargo, a pesar de ese discurso, el Gobierno de Artur Mas deberá cumplir una serie de duras exigencias que la Unión Europea ya ha transmitido a España como como condición.

Un paquete de medidas

Según explica un alto cargo de Bruselas, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, “la Comisión ya ha trasladado a Madrid un importante paquete de medidas que deberá cumplir el Ejecutivo catalán para poder recibir los 5.023 millones de rescate que han solicitado”.

Como anticipó el miércoles el portavoz de Asuntos Económicos de la UE, Simon O'Connor, “la ayuda económica es más bien un préstamo que está sujeto a estrictas exigencias presupuestarias, y a un compromiso de reducción del gasto público para este curso y los venideros”.

Una de las mayores exigencias de la Comisión Europea, y que el Gobierno de Rajoy deberá transmitir a Artur Mas para que lo cumpla, es la eliminación de organismos públicos dependientes de la Generalitat: “Los gastos que provocan anualmente estos entes autonómicos son insostenibles y es lo primero que hay que cambiar”, según la fuente consultada por ECD.

Eliminar las ‘embajadas’

Bruselas ha elaborado una lista muy precisa con las acciones que exigirá a Cataluña para acabar con el ‘agujero’ provocado por esas entidades dependientes de la Generalitat, cuyo cumplimiento será condición ineludible para la concesión de los 5.023 millones del rescate. Son las siguientes:

--Eliminar embajadas internacionales. Desde el punto de vista de la UE, “Cataluña debe suprimir y cerrar las casas de representación exterior que tiene desplegadas por el mundo”.

En la actualidad, la Generalitat mantiene en activo 34 de estas embajadas. Y existía un proyecto para inaugurar tres más: en China, Sudamérica y Casablanca (amplíe aquí esta información).

--Adelgazar los medios de comunicación públicos. Concretamente Televisió de Catalunya, la corporación audiovisual autonómica, que reúne un total de ocho canales: TV3, TV3CAT, Cana l33, Canal 324, Esport 3, Canal Super3, Canal 3XL, y TV3 HD. Bruselas cree necesario “mantener sólo tres, los que sean más rentables”.

Además, el mantenimiento del canal principal, TV3, “deberá ir ligado a un drástico recorte presupuestario y del número de empleados”.

Eliminar la mitad de las empresas públicas

--Eliminación de empresas públicas. En la actualidad, Cataluña cuenta con más de 210 empresas públicas, después de haber cerrado hace un año un total de 64. Sin embargo, la deuda provocada por estas entidades supera los 7.000 millones de euros, lo que ha provocado la exigencia de la Comisión de eliminar, al menos, un 50 por ciento de esas empresas, además del recorte de personal en cada una de ellas.

Por otra parte, “también se exigirá a Cataluña la reducción de subvenciones a empresas privadas con las que tienen firmadas convenios de colaboración”.

--Reforma de la administración local. Desde la UE llevan tiempo reclamando una reestructuración de la administración general del Estado, que habrá que empezar a aplicar a la Generalitat.

En concreto, “se pedirá al Gobierno de España que transmita a Cataluña la necesidad de redimensionar su estructura a nivel autonómico, eliminando corporaciones que provoquen duplicidades”.

El Gobierno controlará los Presupuestos y el gasto en Cataluña

Además de estas medidas específicas para la Generalitat, la Comisión Europea también ha exigido al Gobierno de Rajoy una medida sin precedentes: que aplique una labor de supervisión sobre las cuentas catalanas, para así garantizar el cumplimiento de objetivo de déficit del 1,5 por ciento para este año.

Estas son las nuevas competencias que va a aplicar el Estado para controlar a Cataluña:

--El Gobierno revisará a fondo un plan de ajuste, que deberá presentar la Generalitat en un plazo de 15 días, para asegurar los objetivos de estabilidad y deuda pública; y un plan de tesorería con todas las previsiones de inversión del Ejecutivo autonómico.

Artur Mas y su equipo económico enviarán un informe mensual sobre el cumplimiento de ambos planes.

--El Ministerio de Hacienda controlará el gasto público en Cataluña y la elaboración de Presupuestos de la Comunidad para el año próximo. Deberá dar el visto bueno a cada una de las partidas, tanto de ingresos como de gastos.

--Si existiera riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit, el Gobierno estará obligado a enviar a Cataluña a una delegación de Hacienda, a modo de “hombres de negro”, para corregir la situación.

El pacto fiscal, mal visto desde Bruselas

Después de confirmarse la petición de rescate por parte de la Generalitat, Mariano Rajoy anunció que recibiría a Artur Mas el próximo día 20 de septiembre para “escuchar” su proyecto de pacto fiscal para Cataluña.

Pese a las advertencias del presidente del Gobierno, que ya ha avisado al dirigente autonómico de la “dificultad” de crear un régimen fiscal diferente en la región, en el seno de la Unión Europea no se ha recibido bien la postura ‘aperturista’ de Rajoy respecto a esa reivindicación.

El alto cargo de Bruselas antes citado explica a ECD: “Aquí no se acaba de entender que, por un lado, se defienda el Estado de las Autonomías y, por otro, la creación de una hacienda propia para Cataluña.

“Tal y como está la economía española, la garantía de la llamada solidaridad territorial era el único punto positivo del llamado sistema autonómico, y ahora eso parece que también quiere cambiarse”.

El jefe de prensa de la Comisión lo niega

A primera hora de la tarde, Miguel Puente-Pattison, jefe de prensa de la Comisión Europea en España, se ha dirigido a El Confidencial Digital para decir que “la práctica totalidad” de la información publicada es “radicalmente falsa”.

Tras reconocer que desconocía con que fuentes de Bruselas había hablado ECD, ha señalado:

“Yo, como portavoz autorizado, les indico que esa supuesta ‘fuente’ no les ha transmitido la verdad. La Comisión europea no ha trasladado a Madrid ningún ‘paquete de medidas que tendrá que cumplir el Ejecutivo catalán’, ni lo hará.

Las condiciones presupuestarias que Simon O'Connor mencionó durante la rueda de prensa del miércoles pasado, en el contexto de la participación de las CCAA en el fondo de liquidez regional, eran las que ya están previstas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La aplicación de esta ley forma parte de una de las recomendaciones para España presentadas por la Comisión Europea el 30 de Mayo y adoptadas por el Consejo ECOFIN el 10 de julio.

No forma parte de las responsabilidades de la Comisión en la gobernanza económica europea especificar medidas particulares a tomar a nivel regional.

La lista de acciones que Vds. mencionan (cierre de embajadas, adelgazar medios de comunicación, etc.) es absolutamente falsa. La Comisión Europea no ha transmitido a Madrid esas exigencias a Cataluña. Me gustaría por favor que publicasen Vds. una rectificación en este sentido”.

La fuente de ECD se ratifica

La fuente de El Confidencial Digital, un alto cargo de Bruselas, se ha ratificado en la información publicada por ECD, en todos sus extremos.

Ha insistido en que al Gobierno español se le ha transmitido desde la Unión Europea que el rescate a Cataluña debe exigir las medidas expuestas, es decir, cierre de embajadas, adelgazar TV-3, reducir las empresas públicas, etc.

El procedimiento utilizado no ha sido ninguna instrucción escrita, ninguna nota, pero sí una comunicación verbal y directa en ese sentido.

Es más. La fuente de ECD añade que el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su último viaje a Bruselas, también fue informado de que la ayuda a Cataluña tenía que estar condicionada a esas medidas estructurales (no políticas).

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