El TC está dividido: el Gobierno no pedirá la suspensión de Puigdemont
Sabe que cinco magistrados se opondrán basándose en el voto particular contra el carácter resolutivo de las sentencias del Constitucional
El Tribunal Constitucional está capacitado, desde su reforma en 2015, para suspender a autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del propio TC. Sin embargo, cuando se decidió esa prerrogativa hubo desacuerdo entre los magistrados: se emitió el voto particular de la entonces vicepresidenta, Adela Asua. Ahora, paradójicamente, Puigdemont se va a beneficiar de esta disensión.
En estos momentos, dos años después de la reforma del TC, existe el escenario adecuado para la aplicación de una medida tan contundente: el Parlament ha aprobado las leyes de ruptura catalanas y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado el referéndum.
El Gobierno ha interpuesto siete recursos de inconstitucionalidad contra las nuevas leyes y la actuación del Parlament y la Generalitat. Todos han sido aceptados de forma unánime por el TC, lo que ha provocado la suspensión cautelar de las normas independentistas.
A pesar de estas advertencias, Puigdemont y el Govern están decididos a celebrar el referéndum. Han enviado cartas a los alcaldes catalanes recordándoles su deber de ceder locales para poner las urnas. La ley está suspendida por el TC, pero el ‘president’ incumplirá la resolución: si persiste en su empeño, el 1 de octubre se dará la circunstancia exacta que recoge el Constitucional.
Cinco magistrados en contra
Sin embargo, el desacuerdo de los magistrados no sólo no ha desaparecido, sino que ha aumentado. Varios magistrados admiten en privado su rechazo a dictar la suspensión de un cargo público: entienden que la medida es un “castigo” excesivo para autoridades elegidas democráticamente.
Además, rechazan la ejecutividad de las sentencias del TC, que se incluyó entre las funciones del Constitucional en 2015. Esta medida prevé que “en caso de advertirse el incumplimiento de las resoluciones, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno a fin de que adopte las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento”.
La mayoría de los jueces vieron pertinente este cambio, pero otros consideraron que se ha otorgado al Constitucional un poder coercitivo, que sólo es propio del Gobierno.
Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial Digital aseguran que ésta es la razón por la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no solicitará al TC la suspensión de Puigdemont por desobedecer al Alto Tribunal, una de las armas legales que ha barajado Moncloa.
La votación de esta medida no estaría exenta de polémica. De los doce magistrados, hasta cinco estarían en contra. Se habla concretamente de los siguientes: Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Encarnación Roca, Fernando Valdés Dal-Re y Juan Antonio Xiol.
El Gobierno busca unidad
Aunque en la votación podría vencer el “sí” a la suspensión por mayoría, significaría un fracaso para el Gobierno, una imagen de falta de unidad de las instituciones del Estado frente al desafío independentista. Algo que se quiere evitar a toda costa.
Más aún después de que el TC haya admitido por unanimidad todos los recursos interpuestos por el Gobierno: contra la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de las leyes de ruptura; contra la propia ley del referéndum, las normas complementarias para su celebración, las disposiciones autonómicas de la Generalitat, la sindicatura electoral, el código tributario de Cataluña y contra la ley de transitoriedad.
Tras estos logros, Moncloa evitará transmitir en estos momentos, a pocas semanas del 1 de octubre, cualquier sensación de conflicto entre el Ejecutivo y el TC.
Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría han elegido un camino para frenar el referéndum: ceñirse a la legalidad y aplicarla. Es decir, activar los mecanismos jurídicos para la defensa de la Constitución.
Sin embargo, si solicitan al TC que adopte una medida de enorme relevancia para el Estado en la que no están de acuerdo todos los miembros del Tribunal, su estrategia de incontestable defensa de la legalidad se vendría abajo. Eso es justo lo que el Gobierno quiere evitar.
Alternativas legales
Sáenz de Santamaría ha optado por otras vías para cercar legalmente a Puigdemont. De momento, negocia con la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, la aplicación por decreto de la Ley de Seguridad Nacional.
Con esta norma, el presidente del Gobierno o una “Autoridad Funcional” asumirá el control de los Mossos y a los funcionarios. Además, podrá sustituir a cargos políticos.
Otra opción es aplicar el artículo 155 de la Constitución, que incluye la suspensión de la autonomía. Aunque esta opción se baraja en Moncloa, el Gobierno descarta a día de hoy aplicarlo a Cataluña.
“Supondría una provocación excesiva”, se dice en el entorno del Ejecutivo. Además, el PSOE recela de su aplicación por tratarse de una medida “traumática”.
