Vocales de Competencia estudian sancionar a Gas Natural e Iberdrola por la venta de activos de Endesa: hablan de “pacto colusorio”

Algunos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia estudian la posibilidad de sancionar a Gas Natural e Iberdrola por el pacto que suscribieron en septiembre para la venta de los activos de Endesa, en caso de que la OPA tenga éxito. Fuentes solventes aseguran que en el Consejo del TDC hay algunas voces que consideran que “no sólo hay que rechazar ese pacto”, sino que también hay que multar a GN e Iberdrola “con fuertes sanciones económicas”. El motivo, explican, es que consideran que el acuerdo que ambas empresas suscribieron el pasado 5 de septiembre es un “pacto colusorio” que afecta a la competencia en el sector enérgico. Hay que recordar que la empresa que preside Salvador Gabarró y la eléctrica que rige Iñigo de Oriol acordaron, antes de lanzar la OPA hostil sobre Endesa, la venta de una parte de los activos de la compañía “opada” por valor de 9.000 millones de euros si tiene éxito la operación. Ninguna de las empresas que suscribieron el pacto han querido pronunciarse de manera oficial sobre la posible sanción que está siendo promovida por algunos vocales del TDC. Por el momento, aseguran, desconocer la existencia de estas posiciones en el Tribunal que preside Luis Berenguer y analiza la OPA. Sin embargo, en el entorno de Iberdrola se comenta que es difícil sancionar económicamente a dos sociedades anónimas por firmar un acuerdo. Lo que sí parece claro, según los expertos, es que el polémico pacto cada vez menos posibilidades de prosperar y lo más probable es que tenga que ser anulado en caso de que la OPA sea aprobada por las autoridades competentes. Son varios los analistas del sector que consideran que esos “despojos” de la empresa que preside Manuel Pizarro podrían acabar en manos de empresas portuguesas del sector. El expediente de la OPA fue trasladado al TDC el pasado 7 de noviembre desde el Servicio de Defensa de la Competencia. Según lo establecido por la Ley de Concentraciones, el Tribunal cuenta con un plazo máximo de dos meses, desde esa fecha, para establecer sus conclusiones y elevarlas al Ministerio de Economía.