La Xunta de Galicia decide no readmitir a 30 empleados de la Agencia fundada por Fraga que concedió las ayudas del Prestige y que tiene sus días contados
El sector pesquero ya no tiene quien le defienda. La Conselleria de Pesca, gobernada por los socialistas gallegos desde 2005 ha decidido cerrar la entidad que puso en marcha el ejecutivo del PP para promocionar el desarrollo de la pesca y el litoral gallego.
La Agencia Gallega de Desarrollo Litoral recibió el golpe de muerte en 2005 tras casi cinco años de vida. Había visto la luz en 2000 por una iniciativa del gobierno que presidía Manuel Fraga con el apoyo de la Unión Europea y para un periodo de seis años.
La misión principal de este organismo era potenciar el sector pesquero gallego y una de sus actuaciones más sobresalientes fue, según reconocen a El Confidencial Digital desde ámbitos políticos, la rápida concesión de las ayudas en el ‘caso Prestige’. También desempeñó una importante labor en el asesoramiento de los mariscadores y de los inmigrantes marroquíes del Este y centroamericanos que acudían a trabajar como marineros a Galicia.
Sin embargo, cuando el PSOE tomó las riendas de la Consellería de Pesca decidió acabar con la entidad y procedió a completar el despido de la totalidad de sus empleados. “Fueron despidos políticos. No había otros motivos”, apuntan las mismas fuentes. La mayoría de los trabajadores era personal cualificado: abogados, capitanes de marina, biólogos, sociólogos y otros técnicos especializados. Todos tenían contratos laborales temporales con la Xunta de Galicia y fueron seleccionados según el baremo que exige el convenio gubernamental en materia de función pública de Galicia.
Veintinueve empleados llevaron el caso a los tribunales y, tras casi dos años de litigios, consiguieron el respaldo del los juzgados que concluyeron que los despidos se habían producido de forma improcedente por lo que debían ser readmitidos. Pero no fue así.
El PP registró varias iniciativas en el hemiciclo gallego denunciando la situación, pero el BNG ya se ha vuelto a pronunciar al respecto: “salvo el caso de un sindicalista y otro empleado” no van a readmitir a nadie más. La Agencia tiene, por tanto, sus días contados.
