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Política

Por qué las auditoras no quieren avalar al PP y sus cuentas: Génova exige que firmen el informe de la tesorera y no permite revisar movimientos pasados

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Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young han sido las cuatro auditoras con las que ha contactado el PP para que revise sus cuentas. Ninguna de ellas ha aceptado ese trabajo, tal y como ha reconocido María Dolores de Cospedal. Hay un motivo de fondo: no quieren avalar el informe de la tesorera sin revisar antes los movimientos pasados del partido.

“Quiero que se sepa que es muy difícil encontrar en España auditoras que quieran auditar a partidos políticos. No sé por qué, pregúntenles a ellos”. Con estas palabras, informó el lunes la secretaria general del PP de que el partido no había conseguido aún quién realizara un estudio externo de sus cuentas.

Cospedal mandó de esta forma un mensaje a las cuatro auditoras que han rechazado el trabajo solicitado por Génova - Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young-, pero no quiso especificar los motivos por los que estas conocidas compañías han adoptado esta postura.

Sólo ofrecen el informe interno de la tesorera del partido

Auditores privados, que tiene relación laboral con estas auditoras, explican a El Confidencial Digital el porqué de su negativa a respaldar las cuentas: “Lo que quieren en el PP es un aval a las cuentas que han hecho públicas ya, pero sin ofrecer ningún tipo de documentación adicional”.

Las citadas fuentes afirman que, desde Génova, ofrecen el informe interno sobre las cuentas del PP desde 1995 realizado por la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, para que sea ratificado una vez estudiado.

Ese documento, junto a las declaraciones y juramentos firmados de los dirigentes del partido, “son los únicos que, para el Partido Popular, deben ser verificados por las compañías privadas, que no tienen acceso a ningún otro material a analizar”, explican.

El informe de la tesorera, “insuficiente”

Los auditores privados consideran que esa auditoría interna, realizada por Navarro, “es insuficiente”, ya que “no recoge las cuentas previas a 1995, al no haber registro en el partido de años anteriores, y porque es una simple recopilación de los balances contables de todos esos ejercicios”.

Además, tal y como se contó en estas páginas, los expertos piensan que una auditoría de esta magnitud precisaría de un tiempo no inferior a seis meses, por lo que consideran que el estudio hecho por la actual tesorera “se ha quedado corto”.

Facturas, justificantes y extractos bancarios

Según explican a ECD las fuentes consultadas, las auditoras con las que ha contactado el PP han solicitado, además del informe de la tesorera Navarro, “facturas, justificantes y extractos bancarios de miembros de la dirección del partido”.

Esa documentación “es imprescindible para descartar la existencia de una contabilidad ‘B’, ya que lo aportado por Génova sólo sirve para analizar el cumplimiento de los balances contables durante todos estos años”, afirman.

Así se lo hicieron saber las auditoras al PP, que descartó la revisión de las facturas y extractos solicitados porque “esos análisis –explicaron- son justificables cuando se está persiguiendo un delito imputable a día de hoy, y, de existir algún tipo de movimiento de dinero no registrado, ese delito habría prescrito, salvo que se hubiesen realizado con posterioridad a 2008”.

La respuesta de las cuatro, Deloitte, PWC, KPMG y Ernst & Young es ya conocida: “Rechazaron la propuesta porque es imposible verificar, solo con el informe de la auditoría interna, que no ha habido movimientos en ‘B’”.

Las auditoras no quieren problemas judiciales

Otro factor determinante que han tenido manejado las auditoras para rechazar la demanda del PP es la posibilidad de tener que responder ante la Justicia si firman un documento avalando la auditoría interna de los ‘populares’.

Las fuentes consultadas por ECD explican: “Está en marcha ahora mismo un proceso judicial abierto, y ninguna auditoría puede jugarse su prestigio avalando unas cuentas sin apenas poder investigar, porque puede acabar teniendo que dar explicaciones ante el juez”.

En este sentido, las cuatro firmas recuerdan un precedente, el de la auditora norteamericana Arthur Andersen: “En 2002 se vio obligada a cerrar, por haber avalado las cuentas de la empresa eléctrica Enron, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que quebró”.

La auditora “recibió presiones gubernamentales para que hiciera un informe positivo, y, cuando se descubrió un fraude en la compañía eléctrica, los autores de esa auditoría fueron los primeros citados por el juez”.

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