Martes 24/10/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Además de los guardias civiles infiltrados

El Estado tiene 500 confidentes dentro de la Generalitat y en ayuntamientos de Cataluña

Altos cargos y funcionarios de consellerías, municipios y empresas públicas llevan meses suministrando información sobre los preparativos del referéndum

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La Guardia Civil detuvo la semana pasada a 14 personas por trabajar en los preparativos del referéndum de Cataluña, tras los registros en las consellerías de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación. Altos cargos y funcionarios de estos departamentos de la Generalitat han tenido papel relevante como suministradores de información a los cuerpos policiales.

Junqueras y Puigdemont Junqueras y Puigdemont

La orden de los registros fue dictada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga a una veintena de personas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O.

Entre los detenidos figuraban el número dos de la consellería de Economía, Josep María Jové; el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó; Joan Ignasi Sánchez, asesor del gabinete de la consellera de Gobernación; Josué Sallent Rivas, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI); y Xavier Puig Farré, responsable del área de tecnologías de la información de la Generalitat.

500 confidentes en consellerías y empresas

La investigación, tal se ha publicado estos últimos días, comenzó a raíz de las declaraciones que realizó en febrero el ex juez y ex senador de ERC Santi Vidal, quien revelo que la Generalitat tenía datos fiscales de los catalanes, obtenidos ilegalmente

Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los registros, la operación ha contado también con la “estrecha colaboración” de altos cargos y funcionarios en Cataluña, contrarios a la celebración del referéndum, y que han aportado datos decisivos para las investigaciones.

Esas fuentes revelan que alrededor de 500 confidentes, que trabajan en ayuntamientos, consellerías y empresas públicas dependientes de la Generalitat, han venido suministrando en los últimos meses, de forma reservada, datos a la Guardia Civil y la Fiscalía sobre los preparativos del referéndum. Desde hace por lo menos siete meses están organizados y desvelando aspectos clave de la logística para el 1-O.

Para ello han utilizado un “canal confidencial de denuncias”. Un sistema que les ha permitido desvelar, de manera totalmente anónima, medidas concretas adoptadas por responsables de sus departamentos contrarias a la ley.

Esa colaboración ha facilitado el trabajo a la Guardia Civil. En el Instituto Armado confirman que, a partir de estas denuncias, han obtenido pruebas concluyentes para dar soporte y justificar los últimos registros en 41 despachos oficiales y en las sedes de una decena de empresas públicas catalanas.

Inspecciones sorpresa contra jefes independentistas

Este operativo lleva en marcha desde el pasado febrero. Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explica que un centenar de representantes sindicales comenzó entonces a recorrer las dependencias de la administración catalana.

Los sindicatos de empleados públicos se constituyeron en varias comitivas, que empezaron a realizar visitas sorpresa a organismos del Govern para detectar represalias de jefes independentistas contra funcionarios rebeldes y escuchar las denuncias de esos trabajadores.

En concreto, el operativo se activó después de que la Consejería de Gobernación, de la que dependen directamente los funcionarios catalanes, animara a todos los empleados públicos a cogerse un día libre para acudir a la manifestación en favor de Artur Mas el día que acudió a declarar por el juicio del 9-N. En los organismos visitados, numerosos empleados públicos no secundaron ese paro oficioso.

Los “inspectores sindicales” -así se han venido a denominar- detectaron, en sus visitas a consellerías, ayuntamientos y organismos dependientes del Govern, una “enorme inquietud”. Los empleados públicos confesaban tener “miedo” a denunciar cualquier tipo de presión porque las represalias entonces podrían ser aún mayores.

Fue durante esos encuentros con los trabajadores cuando se les ofreció la posibilidad de recurrir a ese canal confidencial de denuncias.

Una herramienta que, con el tiempo, ha sido cada vez más utilizada y que ahora se ha demostrado muy efectiva, a pesar de que el objetivo inicial de estos “inspectores sindicales” era detectar “coacciones, represalias y presiones políticas” sobre los empleados públicos que se rebelaran contra el proceso independentista.

Los contactos con responsables de personal de todos los organismos, para interceptar instrucciones de los superiores que busquen presionar a las plantillas, “han sido y siguen siendo constantes y discretos”.

Guardias civiles de Información infiltrados

Además, tal y cómo contó ECD días atrás, agentes de Información de la Guardia Civil han aprovechado estos últimos meses para “infiltrarse” en cualquier empresa privada de la que sospechaba que daba soporte al referéndum. Se puso especial interés en fábricas, compañías de mensajería e imprentas.

“Algunos han logrado entrar en esas empresas consiguiendo un puesto de trabajo y otros han conseguido información a través de confidentes, a los que localizaron al llegar y pidieron ayuda”, explican las fuentes del operativo.

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