Los escoltas esperaban un atentado de ETA: habían recibido amenazas expresas y reivindicaban licencia para llevar armas fuera del trabajo

Los escoltas nunca han bajado la guardia. Incluso durante el llamado ‘alto el fuego’, vivían con la certidumbre de que se trataba de una “tregua trampa”. El atentado de ayer contra Gabriel Giner Colás demuestra que ETA quería matar a un escolta ya que su protegido, el concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en Galdácano, Juan Carlos Domingo, se encuentra de vacaciones en la Comunidad Valenciana.

Estos guardaespaldas llevan tiempo insistiendo en sus reivindicaciones y advirtiendo del peligro que corren sus vidas diariamente. Tal y como se adelantó en estas páginas hace ya seis meses (véalo aquí), los escoltas privados poseen la licencia de armas tipo C, un permiso que tiene validez exclusivamente para determinados supuestos, siempre en el ejercicio de sus funciones.

Los escoltas han demandado reiteradamente a la Guardia Civil que, a petición de la delegación del Gobierno, se les conceda la licencia de arma tipo B, que les permitiría portar armas de fuego fuera del horario laboral. Los afectados denuncian que esta licencia especial sí se le concede a multitud de personalidades públicas (futbolistas, famosos o políticos) pero a ellos no.

Desde el Ministerio del Interior se les ha respondido que “no hay riesgo” para sus vidas una vez concluía la jornada laboral.

Otras reivindicaciones ‘históricas’ de los escoltas son las siguientes:

-- Muchas horas y protegidos ‘peculiares’: el trabajo y la duración del servicio de los escoltas depende de la vida, tanto profesional como privada, de su protegido. Si el cliente es una persona que tenga una prolífica vida pública, los guardaespaldas deben acompañarlo y soportar largas jornadas, superando en algunos casos las 10 horas ininterrupidas. El cansancio acumulado, denuncian, hace disminuir la percepción de peligro.

-- Interior no les facilita información: tanto la Ertzaintza como los escoltas han reivindicado que el Ministerio del Interior no les ha facilitado ningún tipo de información de inteligencia sobre ETA –véalo aquí-. Lo que les llega, advierten, proviene de “amigos o conocidos que forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, que comunican a sus colegas los datos de que van disponiendo. “Interior no ayuda nada”, rematan.

-- Sueldos míseros: el Gobierno vasco paga a las empresas de seguridad 7.000 euros por agente. Sin embargo, lo que las compañías abonan a los escoltas como sueldo está en torno a los 3.000 euros. Estos profesionales asumen el coste de la Seguridad Social, la formación o el vestuario pero insisten en que les llega poco dinero.

Los escoltas ya sabían que estaban en el punto de mira de ETA. De hecho, existía un temor generalizado en el gremio, incluso los más novatos llevan tiempo solicitando abandonar su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, dada su falta de preparación y por temor a posibles acciones de la banda terrorista, algo denunciado también desde estas páginas: véalo aquí.

A continuación, les ofrecemos una imagen captada el pasado 19 de septiembre en una ciudad del País Vasco con una amenaza expresa a los escoltas: