Un gesto hacia las víctimas

Los etarras tendrán que pedir perdón y colaborar con la Justicia para poder cobrar el paro

El Gobierno reforma la Ley de Seguridad Social para aplicarla a los terroristas que salieron de la cárcel por la derogación de la doctrina Parot. Vea texto

Excarcelación de la etarra Inés del Río.
Excarcelación de la etarra Inés del Río.

Ningún preso de ETA que no se arrepienta de los delitos cometidos recibirá subsidio de desempleo por parte del Gobierno, pese a haber obtenido la libertad por la derogación de la doctrina Parot. Así lo establecerá el nuevo texto de la Ley de Seguridad Social, cuya reforma ultima el Ejecutivo y se anunciará en las próximas semanas.

Desde que el Tribunal de Estrasburgo tumbó la doctrina Parot, el Gobierno ha trabajado para evitar que los etarras excarcelados obtuvieran las subvenciones estatales que reciben, por norma general, todos los presos que quedan en libertad.

Jorge Fernández Díaz anunció en noviembre que se estudiarían “todas las formas posibles” para reducir al máximo las ayudas públicas a los terroristas. Para ello, tal y como se avanzó en estas páginas, convocó reuniones con Cristóbal Montoro y Fátima Báñez para buscar encajes jurídicos a la eliminación de esas prestaciones públicas.

Pues bien, según ha sabido El Confidencial Digital, el Ejecutivo ya tiene preparadas dos reformas legislativas que harán posible que los presos de ETA liberados tras la doctrina Parot: la modificación de la Ley de Seguridad Social y la tramitación 'exprés' del cobro de las condenas económicas a los etarras.

Adiós a los subsidios para los etarras

Las fuentes consultadas por este diario explican que el Gobierno añadirá una nueva disposición adicional, la número 30, a la actual Ley de Seguridad Social, que establece las prestaciones por desempleo a los liberados de prisión.

En disposición, ya aprobada por el Ejecutivo, se establecerá que los presos de ETA no excarcelados sólo recibirán subsidios del Estado si cumplen unas condiciones que, hasta la fecha, ninguno de los etarras que han salido de cárcel por la derogación de la doctrina Parot han acatado. Son las siguientes:

--Cumplir con los requisitos exigidos en el apartado seis del artículo 72 de la Ley General Penitenciaria: Mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y ademáscolaborar activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, o bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas.

--Fomular una petición expresa de perdón a las víctimas por su delito, tal y como ya se exige a los presos que solicitan el tercer grado (apartado 2 del artículo 36 del Código Penal).

Las condenas económicas se cobrarán sin pasar por los tribunales

 

En paralelo a la reforma de la Ley de Seguridad Social, desde el ministerio del Interior se está trabajando en otra iniciativa legislativa para agilizar los cobros por parte de la Administración de las penas económicas puestas a los terroristas, y que éstos aún no han abonado.

Según las fuentes consultadas, a día de hoy, es necesaria la intervención de los tribunales para que el Estado cobre la sanción económica impuesta al condenado: “Es precisa una mediación judicial, que nosotros vamos a eliminar para los etarras excarcelados tras el fin de la Parot”.

Este proyecto es la respuesta del Ejecutivo a las indemnizaciones que solicitan los presos de ETA puestos en libertad tras el fallo de Estrasburgo: “No pueden recibir ese dinero porque ellos no han pagado su pena económica”.

Esa sanción, “se cobrará a todos los presos en los próximos meses”, una vez que quede aprobada la reforma legislativa que prepara Interior.

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