Los funcionarios de prisiones quieren que el Gobierno les dé un estatuto diferente al del resto de empleados públicos. Han enviado un escrito a la Dirección General

El escrito está respaldado y apoyado por funcionarios de prisiones, la mayoría veteranos, de cuarenta centros de toda España y agrupados en la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Sus reivindicaciones se centran es que no son funcionarios “normales y corrientes”, como el bedel de un ministerio, por ejemplo. Su trabajo diario comporta una peligrosidad añadida, el riesgo de contagio de enfermedades o un desgaste psicológico especial.

Por estas razones, los funcionarios explican en este documento a Mercedes Gallizo que deberían ser considerados como trabajadores diferentes a los incluidos en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública. Estos son sus argumentos:

-- El duro trabajo en la cárcel. “Nos enfrentamos a múltiples dificultades, por mantener el orden y la seguridad en las prisiones. Son tantas las necesidades, las limitaciones y los desprecios que sufrimos que todo lo que hagamos en favor de que la opinión pública sea plenamente consciente de la función que realizamos, valore la especificidad del medio en el que nos movemos, y reconozca el esfuerzo realizado por los funcionarios de prisiones, resultará siempre insuficiente”.

-- “Estamos muy orgullosos de ser funcionarios de prisiones”. “Por la labor que realizamos, porque seguimos dando lo mejor de nosotros cada día, porque sabemos dar respuesta a esa función que la Ley nos encomienda, porque seguimos dando la cara cumpliendo nuestro deber con entrega y dedicación”.

-- Contacto permanente con los presos. “El puesto de servicio interior V1 exige un contacto permanente con los internos y una ingente cantidad de riesgos evidentes y también potenciales difíciles de calcular. Se ha instaurado la idea de que somos los malos de prisiones, los torturadores, los vagos, los que realizamos una tarea menos especializada y que exige menor preparación, y para ello se argumenta que libramos muchos días.... Se equivocan plenamente”.

-- Dignidad profesional. “La permanente inclusión de programas específicos de tratamiento ha desbordado a las tareas de seguridad en los Centros Penitenciarios, mientras tanto los profesionales nos quedamos en medio de la nada. Entendemos que se hace preciso buscar una proporción adecuada entre régimen y tratamiento, dotando a los Centros de trabajo del número de funcionarios suficientes”.

-- La política de reinserción. “Se da una prioridad exagerada a este procedimiento rehabilitador no importando que ni existan medios adecuados para desarrollar dichas actividades, ni que las garantías sean las suficientes para que las mismas se lleven a cabo con la seguridad necesaria”.

Y concluyen que “necesitamos una regulación específica dadas las especiales características de nuestro trabajo”.