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Política

La implantación de la figura del “Directivo Público” en la Administración, impulsada desde el Gobierno, amenaza con provocar una rebelión de los funcionarios

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Los funcionarios no están dispuestos a pasar por eso. El Gobierno trabaja en la implantación de la figura del “Directivo Público”, es decir, de gestores contratados, no procedentes de los cuerpos de funcionarios, y el personal de la Administración no está dispuesto a permitirlo.

La figura del “Directivo Público” se introdujo como novedad en el Estatuto del Empleado Público de 2007, todavía como un cargo a definir, y en principio solamente para puestos de tan exigente especialización que no se encuentren personas con capacidad dentro de los cuerpos de funcionarios del Estado.

Lo que parecía una institución pensada sólo para casos muy excepcionales puede convertirse en una figura de utilización más general, y de hecho el Gobierno está trabajando en ello, tal como reconoció la vicepresidente primera.

En su comparecencia parlamentaria del 2 de marzo, María Teresa Fernández de la Vega explicó, según consta en el Diario de Sesiones, que “sobre dicho personal estamos trabajando en un borrador de estatuto internamente para empezar a negociar y ver luego cuál va a ser su tramitación”.

La posibilidad de que esa figura se incluya en la Ley de la Administración General del Estado, que el Gobierno quiere enviar al Congreso a partir de septiembre, ha empezado a crear alarma entre los funcionarios. Las negociaciones sobre la ley están en marcha, y de hecho el martes se reunió la Mesa de la Función Pública, con la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, los sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP.

Si se pone en práctica la figura del “Directivo Público”, podrán ocupar puestos de alta gestión personas ajenas a la Administración, con lo que se cambiaría el modelo tradicional en España, donde los puestos de máxima responsabilidad son ocupados por funcionarios de carrera, previa oposición para ingresar en el cuerpo.

Fuentes de los funcionarios consultadas por El Confidencial Digital apuntan que la reciente dimisión de la anterior secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, ha tenido que ver, entre otras causas, con ese proyecto.

Las mismas fuentes, totalmente contrarias a que se ponga en marcha la figura, denuncian que con ello se deja vía libre a los nombramientos a dedo, que se convertirán en algo arbitrario, a merced de camarillas y de los partidos políticos. “Se rebaja el nivel de excelencia de los ministerios, y es una excusa para colocar a dedo a políticos, no técnicos”, se escucha en esas fuentes.

Expertos constitucionalistas comentan que, con esa iniciativa, el personal directivo de la Administración dejará de estar regido por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad a los que está sujeto el resto del personal funcionario.

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