Martes 12/12/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Forcadell presionó para que el documento estuviera listo a tiempo

Diez horas de intenso debate para cerrar las alegaciones de Puigdemont al Senado

Los letrados del Parlament redactaron varios borradores que sufrieron enmiendas del Govern hasta las cinco de la mañana

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El jueves, tres minutos después de que finalizara el plazo del Senado, Puigdemont envió un burofax con las alegaciones a las medidas que ha propuesto el Gobierno en el marco del 155. Durante la tarde del día anterior, los servicios jurídicos del Parlament vivieron una sesión maratoniana de redacción del documento.


Texto de las alegaciones al 155. Texto de las alegaciones al 155.

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes de la Generalitat, los letrados estuvieron reunidos durante más de diez horas estudiando las alegaciones a presentar en la Cámara Alta. En la redacción de las mismas también participaron los abogados de la Generalitat, que se unieron más tarde al trabajo iniciado en el Parlament.

Se trató de una de las sesiones de trabajo más largas que han mantenido los servicios jurídicos de las cortes catalanas. Comenzó alrededor de las 7.30 de la tarde y finalizó de madrugada.

Reunión con Forcadell tras el portazo de Puigdemont al Senado

Los juristas fueron convocados de urgencia por Carme Forcadell después de que Puigdemont informara de su decisión final de no acudir al Senado el jueves por la tarde.

Forcadell les instó a preparar un borrador con las alegaciones pertinentes a las medidas del 155 propuestas por el Gobierno el pasado sábado.

Tras comunicarles la directriz, algún letrado expuso sus dudas sobre la conveniencia de elaborar dicho documento. El argumento fue: no tiene sentido redactar las alegaciones si Puigdemont no las va a defender en el Senado.

Sin embargo, según ha sabido ECD, tanto Forcadell como el Govern, a través del jefe de prensa Jaume Clotet, insistieron en la conveniencia de tener preparado el borrador cuanto antes para responder al 155 y “defender Cataluña de la intervención del Estado”, aunque el president hubiera renunciado a acudir a la Cámara Alta.

Puigdemont no tenía previsto enviar un representante al Senado para defender la postura del Govern, tal y como recoge el reglamento de la Cámara Alta. Sin embargo, el martes cambió de parecer y decidió acudir en persona. Se especuló entonces con un posible cara a cara entre Rajoy y el presidente de la Generalitat.

Sin embargo, a media tarde, Forcadell informó de que Puigdemont había tomado finalmente la decisión de no acudir al Senado.

A la vez que la reunión del Govern

La redacción del borrador de las alegaciones comenzó cerca de las 7 de la tarde, la misma hora a la que comenzó el consejo de gobierno de Puigdemont, y se alargó hasta la madrugada del jueves, casi a la vez que la de los consejeros.

De hecho, la reunión se desarrolló a la par que las decisiones que se fueron tomando por parte del Govern. El texto pasó por las manos del consejero de Justicia, Carles Mundó, el de Presidencia, Jordi Turull, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el propio Puigdemont.

Cada uno fue dando su parecer al documento y fueron añadiendo y retirando ideas durante varias horas, hasta que quedó finalmente redactado pasada la medianoche. Sin embargo, los letrados estuvieron atentos a las posibles rectificaciones de los consejeros. Los miembros del Govern estuvieron abiertos hasta el último momento a un cambio en las alegaciones.

Catedráticos independentistas

En la redacción de las alegaciones también intervinieron catedráticos de Derecho de universidades catalanas. Fueron los propios docentes los que se ofrecieron a asesorar a los letrados.

Según las mismas fuentes, colaboraron con los juristas especialmente en un asunto: demostrar que, según su opinión, la aplicación del 155 contraviene otros artículos de la Constitución: el 137, que reconoce la autonomía de las comunidades autónomas; el 152, que regula su organización en asambleas legislativas, consejo de gobierno y presidente; o el 23, que regula el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Según este escrito, el Govern entiende que con la destitución de Puigdemont y los demás consejeros, Rajoy “rompería la relación de confianza política entre los representantes electos del pueblo de Cataluña y su Gobierno”.

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