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Justicia tiene la última palabra

Un grupo de jueces pide condecorar a los magistrados del 1-O con la Gran Cruz de san Raimundo de Peñafort

Han iniciado contactos con vocales del CGPJ para que recompensen la campaña de presiones y amenazas que están recibiendo en Cataluña

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Pintadas en las calles de Barcelona con frases amenazantes, anónimos en el buzón, escraches en el juzgado o en el propio domicilio e incluso asaltos a las viviendas con cortes de luz y del suministro de agua. Así trabajan los jueces y fiscales que investigan en Cataluña el referéndum del 1-O.


Rafael Catalá impone la Cruz de san Raimundo de Peñafort a título póstumo a José Manuel Maza. Rafael Catalá impone la Cruz de san Raimundo de Peñafort a título póstumo a José Manuel Maza.

Los principales afectados son Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y el juez de apoyo Jaime Conejo, que colabora con él en la investigación del uso ilegal de datos personales de los ciudadanos por parte de la Generalitat para la organización de la consulta.

Ambos magistrados llevan meses sufriendo amenazadas de independentistas que les acusan de instruir los hechos “con un sesgo fascista y anti catalán”. Sobre todo desde que a raíz de un registro ordenado por Ramírez Sunyer, Trapero y los Jordis han terminado imputados por sedición en la Audiencia Nacional. Y con Junqueras preso en Estremera.

Lo mismo ha ocurrido, en menor medida, con los fiscales que forman parte del caso. Especial saña ha sufrido Anna Magaldí: tres desconocidos han entrado por dos veces en sus viviendas, una en el Pirineo gerundense, y otra en Barcelona. Los saboteadores cortaron la luz, el agua y causaron otros desperfectos leves. Los Mossos sospechan de las juventudes de la CUP.

Otros jueces catalanes también se han visto afectados por las presiones, aunque en menor medida: se han dado casos de escraches y pintadas en juzgados de Tarragona y Lérida a los encargados de tomar declaración a los Mossos por su inacción durante el 1 de octubre para impedir el referéndum ilegal.

Todas las acciones violentas van acompañadas de las mismas diatribas: acusaciones de españolismo, anti catalanismo y de actitudes fascistas y franquistas. Además de por supuesto, una aplicación parcial de la Justicia.

“Se les tiene que apoyar y premiar”

Ante esta situación, jueces de otras regiones de España han empezado a enviar muestras de solidaridad y cercanía a sus colegas afectados. Les han hechos llamadas, visitas y enviado cartas para transmitirles su apoyo.

Algo que a su juicio no es suficiente. Un grupo de jueces considera que además de muestras personales y puntuales, “se les tiene que apoyar institucionalmente” por ejercer la profesión en condiciones “lamentables e incluso, peligrosas”.

Ponen el acento en las dificultades de trabajar señalados, en medio de un ambiente crispado y con la población catalana cada vez más polarizada. La división es tal, afirman, que “para algunos son los héroes y para otros, sus enemigos, los que mandan a la cárcel a sus líderes y reprimen su voluntad”.

Según aseguran a El Confidencial Digital, ejercer la magistratura en estas circunstancias es “heroico y merece ser reconocido por el poder judicial” con la máxima distinción. Así lo están haciendo llegar al Consejo General del Poder Judicial.

La Cruz de san Raimundo de Peñafort

En el ámbito jurídico, la condecoración de mayor nivel que se puede recibir es la Gran Cruz de la Orden de san Raimundo de Peñafort, distinción reservada a premiar los méritos de quienes trabajan en la Administración de Justicia y en el cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas.

La Junta de Gobierno es la competente para informar de las concesiones de la Orden, y está formada por el ministro de Justicia, el subsecretario, el arzobispo de Toledo, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal del mismo, el director general de los Registros y del Notariado, un representante de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el presidente del Consejo General de la Abogacía y letrado del Cuerpo Superior de Abogados del Estado.

La decisión final corresponde al Ministerio de Justicia, que es quien impone la medalla al distinguido. Cada año se concede la Cruz en alguno de sus grados (sencilla, de segunda clase, de primera clase, de honor y grande) a una veintena de juristas de toda España.

Algunos jueces han contactado con vocales del Consejo General del Poder Judicial para que hagan llegar su petición a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS y miembro de la Junta de la Orden, para que estudie la propuesta.

Contribuciones al Derecho

Además de “trabajar bajo una enorme presión”, estos magistrados añaden que los investigadores del 1-O están haciendo importantes contribuciones al Estado de Derecho porque investigan actuaciones muy relevantes: algunos juristas no han dudado en calificar el referéndum como un golde de Estado.

La instrucción de los hechos marcará “un hito histórico”, según las mismas fuentes, que no tiene precedentes, salvo el 23-F, cuando también se juzgaron delitos de rebelión y sedición.

Sin embargo, en este proceso hay novedades: en este caso los investigados no son militares, sino representantes públicos elegidos democráticamente, y además el sesgo independentista es el nutriente básico de la pesquisas sobre el 1-O.

Por tanto, quienes solicitan la Gran Cruz de san Raimundo alegan que estos jueces y fiscales están haciendo grandes contribuciones jurídicas que merecen distinguirse con una condecoración tan importante como ésta.

Petición prematura

Fuentes consultadas por este confidencial matizan que es prematuro comenzar a tramitar y estudiar la petición. Básicamente por una razón. Y es que los hechos todavía se encuentran en fase de instrucción y queda aún bastante tiempo para el fin del proceso: apertura de juicio oral, el propio juicio y la publicación de sentencia firme.

Plantearse conceder la Cruz de san Raimundo sólo unos meses después del inicio de la investigación es tachado de “precipitado”. De hecho, al Ministerio, con quien se ha puesto en contacto ECD, no le consta que se haya cursado la petición.

Las mismas fuentes no descartan que en un futuro se les pueda conceder a los jueces y fiscales la afamada medalla, pero en cualquier caso habrá que esperar durante un margen de tiempo antes de planteárselo formalmente.

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