Sábado 24/02/2018. Actualizado 01:17h

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Política

Tras presentar el informe contra la delegación del voto

Los letrados del Parlament estudian acciones legales contra ERC y JxCat por un delito de amenazas

Acusan a los independentistas de presiones y violencia verbal por haber rechazado la investidura telemática de Puigdemont

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Cada uno había dado ya su opinión: unos pedían a Puigdemont hacerse a un lado, otros negaban categóricamente su investidura telemática, mientras que un tercer grupo defendía con fervor su candidatura. Faltaba el veredicto de los letrados del Parlament.


Carles Puigdemont en su discurso ante el Parlament. Carles Puigdemont en su discurso ante el Parlament.

Y el informe de los servicios jurídicos llegó. Y en él los ocho miembros dictaminaron “imprescindible” que los candidatos a la investidura estén presentes de forma “directa y personal” en la Cámara durante el debate.

Se ampararon los letrados en que el pleno de investidura no puede ser una mera confirmación de la persona presentada, sino que el objetivo es abrir un debate sobre el programa de gobierno de ese candidato a president.

Cabe recordar que los ocho letrados elaboraron el citado informe a petición del PSC, partido que junto con Ciudadanos y PP han rechazado de plano una investidura a distancia de Puigdemont o la delegación de su voto.

“Se alteraron”

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas a los letrados del Parlament, el veredicto sobre la investidura de Puigdemont no era el esperado por la bancada independentista.

De hecho, líderes de ERC y Junts per Catalunya habían mostrado en los días previos su acatamiento al informe jurídico, convencidos de que sería favorable a su propósito de hacer president telemáticamente a un Puigdemont fugado en Bruselas.

Una vez recibido el revés de los servicios jurídicos de la Cámara, varios diputados del bloque independentista, y en concreto, de ERC y JxCat, pasaron por las oficinas de los letrados para mostrar su descontento con el dictamen.

“Alguno habló muy alterado y llegaron a insultar gravemente e incluso a amenazar con represalias”, explican las fuentes consultadas por ECD. Se produjo, afirman, un diálogo en el que varios diputados llegaron a alzar la voz y a gesticular de forma agresiva a los letrados.

El incidente no fue a mayores, pero alguno de los ocho miembros de los servicios jurídicos de la Cámara estudia seriamente la posibilidad de denunciar a los parlamentarios por un delito de amenazas, tipificado en el código penal y castigado con hasta cinco años de cárcel.

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