El nombramiento del Defensor del Pueblo se retrasa por los Presupuestos

El 21 de julio de 2017, la ex ministra con UCD Soledad Becerril abandonó el cargo de Defensora del Pueblo tras cumplir cinco años al frente de esta institución. Becerril había sido nombrada en 2012 por un acuerdo del PP con el PSOE, que colocó como adjunto a su ex diputado Francisco Fernández Marugán.

Tal y como se contó en estas páginas el pasado mes de junio, ante la fecha prevista de salida de Becerril, Mariano Rajoy ya tenía en mente un nombre como relevo al frente del Defensor del Pueblo. Se trataba de Luis Fernanda Rudi, ex presidenta del Congreso y ex presidenta autonómica de Aragón, que había sonado en las quinielas de ministros en 2016 pero se había quedado fuera de la renovación de carteras y de organismos oficiales.

Sin embargo, los meses han ido pasando y el proceso de nombramiento no ha avanzado. De hecho, el adjunto de Becerril y ahora Defensor del Pueblo en funciones, Fernández Marugán, acudió recientemente al Congreso para presentar el informe anual con las quejas y denuncias de ciudadanos tramitadas y las actuaciones de la institución.

Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial Digital confirman que las negociaciones para renovar a este alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales se encuentran paralizadas. “El ambiente está enrarecido”, explican dichas fuentes, refiriéndose a que la actividad en las Cortes está prácticamente congelada.

A eso se suma que el próximo 3 de abril el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que aprobará el Consejo de Ministros este martes 27.

El Grupo Parlamentario Popular está completamente volcado en conseguir tejer las alianzas necesarias para sacar adelante las cuentas públicas de 2018, que ya llevan meses de retraso. La prioridad actual del PP es esta, y todavía no tiene seguros los votos del PNV -además de los de Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canarias- para sumar 176 escaños, mayoría absoluta.

Esta estrategia de dedicar ya todos los esfuerzos en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos ha obligado a dejar de lado otras negociaciones como la del Defensor del Pueblo, que tampoco había avanzando demasiado.

De hecho, aparte de Rudi no se han barajado otros nombres por parte de otros grupos parlamentarios.

A principios de este 2018 la dirección del PP extendió la consigna de tratar de acercarse al PSOE para pactar con los socialistas grandes asuntos de Estado: desde la reforma de la financiación autonómica hasta la renovación del consejo de RTVE. De esta forma los populares pretendían aislar a Ciudadanos, dejándoles fuera de acuerdos relevantes, para mostrar así que los de Albert Rivera, pese a su pujanza en las encuestas, no son una fuerza política determinante.

También entraba en esta estrategia el intento de pactar con el PSOE el nombre del Defensor del Pueblo. Entre otros motivos, se debe a que el nombramiento para esta institución requiere de una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, 210 diputados: una suma que el PP con Ciudadanos no alcanza ni de lejos, pero que sin embargo con el PSOE rebasa de sobra: 222 diputados.