Reclaman su propio Órgano Centralizado de Prevención

Los abogados exigen ser equiparados a registradores y notarios en el reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

El Consejo General de la Abogacía Española presentará un recurso contra la normativa que está redactando el ministerio de Hacienda

Sede del Consejo General de la Abogacía.
Sede del Consejo General de la Abogacía.

El Ministerio de Hacienda ultima el reglamento de prevención de blanqueo de capitales, que no ha gustado a los abogados españoles. La nueva normativa obligará a los despachos a tomar una serie de medidas en vez de crear un Órgano Centralizado de Prevención (OCP) como tienen los notarios y registradores.

Según ha sabido El Confidencial Digital, el Consejo General de la Abogacía Española ha remitido un informe al ministerio de Hacienda con todas las especificaciones que no comparten del nuevo reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La nueva normativa obligará a los despachos a velar por la prevención del blanqueo de capitales creando unidades técnicas antiblanqueo o formando a los empleados, con todos los costes que ello conlleva.

Sin embargo, la ley del 2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales prevé la posibilidad de que los abogados tengan, al igual que los notarios y registradores, su propio Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales.

Actualmente, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España cuentan con un OCP que remite directamente al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

Por su parte, el CGAE únicamente cuenta con una Comisión de Prevención del Blanqueo cuyas únicas labores son las de formación, estudio y difusión de consultas.

Por este motivo, los abogados reclaman su propio OCP. El CGAE ha realizado una encuesta a dos mil abogados de los cuales el 80% ha valorado como muy interesante la creación de un órgano centralizado de prevención.

Según ha sabido ECD, el CGAE recurrirá el real decreto del reglamento que tiene previsto publicarse en marzo y que está redactando Hacienda. La abogacía demanda un OCP  propio que represente a todos los abogados adscritos, que analice y que transmita al SEPBLAC las operaciones susceptibles de blanqueo de capitales.

 

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