Los militares españoles que están desplegados en Eslovaquia no se han visto afectados por el atentado contra el primer ministro Robert Fico.

El suceso se produjo en la ciudad de Handlova, a 82 kilómetros de la base de Lest, donde se encuentran las tropas españolas

Fuentes del Ejército de Tierra aseguran a ECD que el intento de magnicidio no ha provocado ningún cambio en el contingente de la OTAN. No se ha trasladado a los militares españoles y de otros países aliados (Estados Unidos, Alemania, República Checa, Eslovenia) ninguna alerta de seguridad relacionada con el ataque al primer ministro.

Una brigada liderada por España

España tiene desplegados en Eslovaquia 700 militares y 250 vehículos, principalmente de la Brigada ‘Galicia’ VII, en el marco de las operaciones de "defensa y disuasión" realizadas por la OTAN en su flanco Este.

El despliegue comenzó el 20 de enero y su primera fase culminó el 18 de marzo. El contingente permanece desplegado en la localidad de Lest, desde donde, a partir de julio, España liderará una Brigada Multinacional, dentro de las misiones de Presencia Reforzada Avanzada de la OTAN.

Controversia

La presencia de los militares españoles en Eslovaquia no es un asunto totalmente alejado del debate político en ese país. No hay que olvidar que una de las cuestiones objeto de controversia política en Eslovaquia es precisamente la guerra de Ucrania. Tras acceder al poder en 2023, Fico suspendió el suministro de material militar a ese país que mantenía el anterior gobierno eslovaco.

Esta decisión y distintas declaraciones contra el envío de armas y a favor de una solución negociada a la guerra de Ucrania, han provocado que se etiquete a Fico como “prorruso”, alineado dentro de la OTAN con posiciones como la de Viktor Orban, primer ministro de Hungría.

Ninguna amenaza terrorista

Hasta ahora no se había producido una amenaza terrorista en países del Este de Europa con presencia de la OTAN. El terrorismo es, según la doctrina de la Alianza, una de las amenazas contra las fuerzas armadas que investigan los servicios de contrainteligencia, como el espionaje, la subversión, el sabotaje y el crimen organizado.

En el actual contexto de ‘guerra fría’ entre la OTAN y Rusia por Ucrania, cualquier episodio de este tipo se analiza bajo el prisma de tener como causa oculta a algunos de los actores del conflicto.

Objetivo disuasorio

España estrena este año 2024 dos misiones en el flanco Este de la OTAN: el despliegue en Eslovaquia, y el envío de 25 militares la Infantería de Marina a Rumanía.

El objetivo de estas misiones es disuasorio. Los países de la OTAN mantienen contingentes militares en el Este de Europa, para así dejar claro a Rusia que no se quedará de brazos cruzados si inicia una agresión contra algunos de estos estados, que en el pasado fueron repúblicas soviéticas o regímenes comunistas integrados en el Pacto de Varsovia.

España mantiene desde hace años en Letonia un contingente de cientos de militares del Ejército de Tierra, con carros de combate, vehículos de combate de infantería, artillería pesada... que aumentó durante el refuerzo general de la presencia de la OTAN en la frontera este tras la invasión total de Ucrania que lanzó Rusia en febrero de 2022.

Entornos seguros

También despliega cada cierto tiempo aviones de combate (F-18 y Eurofighter) en misiones de policía aérea, bien en el Báltico (Estonia, Letonia, Lituania), bien en el Mar Negro (Rumanía y Bulgaria).

Hasta el momento, estas fuerzas de la OTAN no han tenido que enfrentarse a ningún enfrentamiento real, más allá de las interceptaciones de aviones rusos.

Se trata de entornos seguros, ya que en principio los soldados españoles y aliados no tienen en Letonia, Eslovaquia o Rumanía la amenaza que sí existen en otras zonas de operaciones, como pueden ser en África y Oriente Medio: revueltas civiles, golpes de estado (Mali), ataques con explosivos (Líbano, Afganistán) o con cohetes (Irak), roces bélicos con países vecinos (en Líbano, entre Israel y Hezbolá)...

Lo que no había pasado hasta el momento en ninguno de los países de Europa Oriental donde hay militares españoles desplegados es que se produjera un intento de magnicidio contra el jefe de gobierno.

El gobierno de Irak se ha fijado en España para formar a su ejército en reacción e intervención frente a emergencias.

En octubre, tres oficiales y un suboficial de la Unidad Militar de Emergencias (UME) viajaron a Bagdad para formar durante tres semanas a oficiales del cuartel general del ejército de tierra iraquí frente a situaciones de emergencia que requieran movilizar a los militares.

El programa de asesoramiento ha continuado con otra visita, en este caso, de altos cargos iraquíes que han viajado a España para conocer en detalle la UME y otros organismos especializados en responder a crisis de distinto tipo.

Desde la Unidad Militar de Emergencias explican a Confidencial Digital que una delegación iraquí visitó España entre el 6 y el 11 de mayo.

Al frente de la delegación se encontraban el responsable del Área de Gestión de Crisis y Desastres Nacionales (Crisis Management and National Disaster) del Ministerio del Interior de Irak, y el director del área militar para asuntos civiles (Military Affairs for Civilian purposes) del Ministerio de Defensa.

Cuartel General de la UME en Torrejón

Los altos cargos y funcionarios, civiles y militares, del gobierno iraquí pudieron conocer de primera mano la UME y otros organismos.

Acudieron a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde se ubica el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias y varias unidades intervención de la unidad. Allí les expusieron las capacidades de la UME.

Ejercicio antiincendios en La Rioja

Viajaron a La Rioja, a Agoncillo, donde existe una base de helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y se ubica también el campo de maniobras La Rad de Lausén, utilizado en ejercicios de extinción de fuegos.

El #BIEM4, @briflubia @AT_Brif, cuadrillas forestales #CARIF de @lariojaorg y de Ortigosa de Cameros, han realizado ejercicios conjuntos de lucha contra incendios forestales #LCIF en el campo de maniobras "La Rad de Lausén", en Agoncillo #LaRioja #JuntosSomosMásFuertes ?
?￰ﾟﾓﾽ️ https://t.co/qKhhAkidDc pic.twitter.com/8sQSKNkpQV

— UME (@UMEgob) March 14, 2024

Los representantes iraquíes pudieron asistir en Agoncillo a un ejercicio de lucha contra incendios forestales.

Escuela Nacional de Protección Civil

Los días 9 y 10 de mayo, los miembros de los ministerios de Defensa e Interior de Irak pudieron conocer las capacidades de protección civil tanto nacionales como autonómicas.

Además, visitaron la Escuela Nacional de Protección Civil. Depende de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y se encuentra en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Se trata de un centro de referencia de formación en protección civil. Lidera cooperativamente el sistema público nacional de formación en Protección Civil y coopera con los sistemas públicos de formación en Protección Civil de otros países, especialmente los de la Unión Europea, América Latina y Caribe y África.

La UME mandó una delegación a Irak

Como ya se ha indicado, esta visita a España se produce después de que hace meses un equipo de la UME viajara a Irak.

Esta colaboración se establece en el marco de la NATO Mission Iraq (NMI), por la que países de la OTAN como España asesoran y entrenan a las fuerzas armadas iraquíes.

Un teniente coronel, dos comandantes y un suboficial de la UME viajaron a Irak del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2023, en una operación Mobile Assesment Training Team.

Impartieron un curso sobre apoyo militar a autoridades civiles en emergencias y desastres naturales, en diez jornadas de cuatro horas. Asistieron 95 alumnos procedentes de las diferentes comandancias operacionales y divisiones iraquíes.

Los militares españoles de la UME instruyeron a los iraquíes en diferentes tipos de riesgos, como incendios forestales, inundaciones y terremotos.

También les dieron pautas para implementar un procedimiento de acogida de equipos internacionales si Irak sufriera una catástrofe, así como los modelos de organización y actuación en estas situaciones.

Además analizaron los modelos de lucha frente a emergencias que existen en otros países.

Formación para personal extranjero

El caso de Irak no es el primero. Desde hace años es habitual que gobiernos, fuerzas armadas y organismos de respuesta a emergencias de distintos países acudan a la UME española para poner en marcha unidades similares, o al menos para formar a sus efectivos.

La UME cuenta en Torrejón de Ardoz con la Escuela Militar de Emergencias, que se ha convertido en un centro referente en cursos de intervención ante distintas situaciones de crisis y catástrofes.

A esos cursos asisten militares de la UME, efectivos de cuerpos y organismos españoles, y también personal extranjero.

Además, ministros, altos cargos y delegaciones de numerosos países han visitado el cuartel general de la unidad.

A eso se suma que la UME envía en ciertas ocasiones delegaciones a países que lo solicitan, como ha ocurrido ahora en Irak, para formar a unidades locales en ciertas capacidades.

Rusia, Marruecos, Brasil, Países Bajos...

Miembros de la UME han viajado en misiones de formación a Marruecos, Rusia, Estados Unidos, Líbano... Ha recibido visitas desde Países Bajos, Chile, Omán y Marruecos, entre otros países.

Por los cursos de la Escuela Militar de Emergencias pasan alumnos de numerosos países de América: Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú...

También acude personal de Portugal, y de países africanos como Mauritania.

En algunos de estos países, se han creado unidades de intervención en emergencias siguiendo el modelo de la UME española, como son los casos de Brasil, Perú y Colombia.

-- “¿Has oído algo de África Occidental sobre este tema? ¿Contrabando de armas iraníes a Casamance o AQMI? Gracias por cualquier idea sobre esa región, si es posible”.

-- “Estimado Mark, como sabes no es mi área de ‘responsabilidad’ pero tengo algo de información. No es muy interesante, pero... Hasta donde yo sé...”.

Las preguntas las hace Mark Schroeder, vicepresidente de análisis para África de la agencia de inteligencia privada estadounidense Stratfor, que ha sido definida como “una CIA en la sombra” o “una CIA privada”.

Le responde quien oficialmente es diplomático de la Embajada de España en Etiopía, si bien realmente es miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y está acreditado como representante ante el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, la agencia de espionaje etíope.

La conversación la mantuvieron por correo electrónico a finales de diciembre de 2010. Es uno de los miles de mensajes y archivos internos de Stratford que Wikileaks difundió en febrero de 2012.

Fuentes cercanas al CNI consultadas por Confidencial Digital señalan que el interlocutor español de esa conversación es el oficial de la Armada, miembro del Centro Nacional de Inteligencia, que fue detenido hace meses junto a otro agente del servicio, bajo la acusación de haber entregado información clasificada a la inteligencia de Estados Unidos, concretamente a la CIA.

Acusados de filtrar a la CIA

El diario El Confidencial.com desveló a principios de diciembre que un juzgado de instrucción de Madrid investigaba a dos miembros del CNI, acusados de desvelar información y documentos clasificados a oficiales de inteligencia estadounidenses que estaban acreditados en la Embajada de Estados Unidos en España.

De los dos detenidos, uno es un oficial de la Armada con treinta años de carrera, y el otro (subordinado del primero) tiene menor rango. El diario El País informó de que el primero, que continuaba en prisión provisional cuando El Confidencial.com sacó a la luz el caso, era un teniente coronel que dirigía el área de Rusia dentro del CNI.

Posteriormente se concretó que era capitán de fragata (el equivalente al empleo de teniente coronel) de la Armada.

Secuestros de pesqueros por piratas somalíes

En otra noticia sobre este miembro del CNI, El País desveló que “durante su carrera en el centro de español de inteligencia, que emplea a más de 3.000 agentes, el mando encarcelado ha participado en misiones sensibles, según quienes le conocen. Entre otras, la liberación del atunero vasco Alakrana, con 46 tripulantes, secuestrado por piratas somalíes en 2009”.

La misión en la liberación del pesquero español, que fue secuestrado en aguas del Océano Índico próximas a las costas de Somalia, es otro elemento que encaja con la actividad de ese agente español en África que muestra la información de Stratfor publicada por Wikileaks.

Durante los años de mayor frecuencia de secuestros de barcos por piratas en las aguas del Océano Índico próximas al Cuerno de África, el servicio de inteligencia siguió muy de cerca los incidentes de piratería en los que se vieron implicados, bien pesqueros españoles (como víctimas), bien buques de la Armada que perseguían a los piratas.

Lo habitual era que agentes del CNI destinados en países cercanos fueran movilizados para tratar de lograr la liberación de los pescadores españoles secuestrados.

No se ha revelado su identidad

En los meses que han transcurrido desde que El Confidencial.com desveló la investigación judicial, no se ha publicado el nombre de los dos miembros del servicio de inteligencia acusados de facilitar información clasificada a Estados Unidos.

Cuando Alberto Saiz, entonces director del CNI, hizo público en una rueda de prensa en 2007 que un ex agente del centro había sido detenido bajo la acusación de entregar documentos clasificados a la inteligencia rusa a cambio de dinero, sí desveló la identidad del detenido: Roberto Flórez García.

Flórez acabó siendo condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo, por “procurarse” información clasificada del CNI, si bien no consideró probado que la llegara a entregar a espías rusos.

En el caso de los dos acusados de entregar información clasificada a Estados Unidos, no se ha revelado públicamente su identidad. Y en las noticias publicadas por distintos medios de comunicación en estos meses tampoco se han desvelado sus nombres y apellidos.

Mensajes de Stratfor filtrados por Wikileaks

Confidencial Digital ha podido confirmar por distintas fuentes el nombre y los apellidos del oficial de la Armada que era jefe de área del CNI y que fue detenido por la Policía e ingresó en prisión provisional, después de que el Centro Nacional de Inteligencia denunciara a la Fiscalía que él y otro agente estaban entregando a la CIA información clasificada.

Si se buscan el nombre y apellidos de este agente español, y el correo electrónico oficial que utilizaba en su etapa en Etiopía, se puede acceder a un verdadero torrente de mensajes que intercambió con el vicepresidente de análisis para África de la agencia de inteligencia privada Stratfor entre octubre de 2010 y diciembre de 2011.

Hay que tener en cuenta que, tras la filtración de Wikileaks, Stratfor afirmó en un comunicado que “unos piratas informáticos irrumpieron en los sistemas de datos de Stratfor y robaron gran cantidad de mensajes de correo electrónico de la empresa, así como información privada de los suscriptores. Ahora Wikileaks está publicando los correos electrónicos que fueron robados”.

Es decir, confirmó que la información publicada había sido extraída de las bases de datos de Stratfor. Eso sí, puntualizó que algunos correos publicados por Wikileaks podían haber sido “falsificados o alterados” para incluir “inexactitudes”.

En la lista de fuentes en África

Sea como fuere, lo cierto es que entre los documentos filtrados por Wikileaks varios mencionan al espía español ahora acusado de filtrar información a la CIA.

La plataforma de Julian Assange publicó varios archivos con listados de fuentes de información que manejaba Stratfor en África.

Se trata de listas, cada una de ellas con más de 300 personas, con las que los analistas de Stratfor supuestamente mantenían contacto para obtener datos, información y análisis sobre todo tipo de asuntos políticos, económicos, militares o de seguridad de diferentes países de África.

En esas listas hay dirigentes políticos, militares africanos y también de grandes potencias con presencia en África, embajadores y otros diplomáticos, profesores de universidad, activistas, opositores a ciertos regímenes del continente, trabajadores de ONG’s y de organismos internacionales, empresarios, empleados de grandes compañías con negocios en estos países...

La red de fuentes de Stratfor que describen estos documentos abarca numerosos países de África: Marruecos, Senegal, Mali, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Níger, Angola, Congo, Uganda, Gabón, Zambia, Sudáfrica, Sudán, Botsuana, Kenia, Tanzania, Guinea Bissau, Namibia, Etiopía, Somalia...

ECD ha comprobado que en varios de estos archivos con fuentes de Stratfor aparece citado el mando del Centro Nacional de Inteligencia ya citado.

Stratfor le incluyó en esas listas con nombre y apellidos, correo electrónico de contacto, el área geográfica sobre la que ofrecía información... Se le identificaba como espía español, en unos casos, y en otros como diplomático de la Embajada de España en Etiopía.

Un colaborador muy bien calificado

Cuando un servicio de inteligencia elabora una nota sobre algún asunto, con información, en ese documento se suele valorar el grado de fiabilidad de la fuente y la credibilidad que se da a esa información en concreto.

Las bases de datos de fuentes de información de Stratfor en África que desveló Wikileaks califican a esas fuentes en distintas categorías: fiabilidad, credibilidad de las aportaciones, exclusividad de la información ofrecida, puntualidad, accesibilidad, disponibilidad...

El agente del CNI en el Cuerno de África estaba considerado como una de las mejores fuentes de Stratford en todo el continente, y por eso aparecía marcado con calificaciones muy altas en las categorías anteriores.

Los miembros de la agencia destacaban el valor de las informaciones que les revelaba, los detalles que ofrecía, e incluso la rapidez al responder a los mensajes por correo electrónico.

Él también pedía información

-- “Quería preguntarte si tienes algún informe general sobre Chad. Es decir, situación política, tribus del país, principales partes interesadas, relaciones con los países vecinos, etc.”.

El intercambio de correos entre el analista de Stratfor y el oficial de inteligencia del CNI muestra que el espía español, no sólo aportaba información y análisis, sino que también trataba de obtener información.

-- “Déjame revisar nuestros archivos y ver qué tenemos sobre Chad que podría enviarte”.

Esa fue la respuesta de Mark Schroeder, en un correo electrónico en el que también comentaba que Stratfor estaba realizando una evaluación sobre rutas de tráfico de armas entre Libia y Argelia.

Ante esa promesa de información, el espía español le dio las gracias por adelantado: “Agradecería mucho cualquier cosa sobre Chad. Muchas gracias”.

Información sobre Al Shabaab

Pero, en general, los emails recogen preguntas del analista de Stratfor y respuestas del agente del Centro Nacional de Inteligencia destacado en Etiopía.

En un mensaje, Mark Schroeder agradeció a su fuente que le hubiera enviado una copia de un acuerdo firmado por las fuerzas que controlaban los estados autónomos somalíes de Puntlandia y Galmudug.

A continuación, le preguntó qué previsión tenía él sobre cómo se desarrollarían los enfrentamientos de las fuerzas gubernamentales de Somalia contra Al Shabaab, el grupo yihadista más activo en ese país del Cuerno de África.

“Parece que hay un plan para llevar a cabo una ofensiva con el apoyo de Etiopía, Kenia, Ahlu Sunna Waljama’a [un grupo paramilitar sufí opuesto a Al Shabaab] y el gobierno federal de transición”, respondió el militar español miembro del CNI, que describió enfrentamientos armados en distintos puntos de Somalia, planes de los distintos actores de ese conflicto y las posiciones que había tomado en Mogadiscio, la capital, la Misión de la Unión Africana en Somalia.

Stratfor valoraba especialmente de su fuente de la inteligencia española la información y los análisis que realizaba acerca del enrevesado puzle de grupos armados, facciones territoriales, señores de la guerra, tribus y organizaciones terroristas que combatían en Somalia en esos años.

El miembro del CNI aportaba información y análisis: “Hasta donde yo sé, Al Shabaab está asustada debido a los ataques sufridos recientemente y a los ataques en curso. Es probable que Godane [Ahmed Abdi Godane, el emir o jefe del grupo] sea reemplazado pronto. No tiene apoyo dentro de las filas de Al Shabaab”.

El espía español parecía estar especialmente informado sobre las interioridades del grupo Al Shabaab, y como tal lo valoraba Stratfor.

Del intercambio de mensajes no queda claro si los comentarios que realiza al analista de la agencia privada de inteligencia proceden de información exclusiva, obtenida por medios propios como oficial de inteligencia, o si se trata de una mezcla de información pública, datos obtenidos por otras fuentes y análisis propios sobre lo que estaba sucediendo en Somalia.

Otros países de África

Si bien se centraban en la situación de Somalia, también abordaban temas sobre otros países de la zona, como Yibuti, Sudán del Sur, Chad, Kenia, y lugares de África más alejados, como Libia, Costa de Marfil...

Hablaban de la actividad de grupos terroristas y armados, de la guerra civil en Somalia, de otros conflictos bélicos, de relaciones entre esas facciones y cuestiones políticas, pero también en ocasiones sobre otros asuntos, como podía ser la construcción de un oleoducto en varios países africanos.

Si bien la “especialidad” del agente español era la zona en torno al Cuerno de África -estaba destinado en Etiopía-, también parecía mostrarse bien informado sobre la situación en Libia y en el Sahel, en el oeste de África donde se movía Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Incluso intercambiaron comentarios sobre la supuesta influencia de Irán y envíos de armas del régimen de los ayatolás a grupos armados en el continente africano.

Stratfor, cantera de fuentes para la CIA

Fuentes consultadas por Confidencial Digital apuntan que esa relación entre el agente del Centro Nacional de Inteligencia y Stratfor es significativa, precisamente como precedente a la supuesta vinculación con la CIA que ahora investiga un juzgado de Madrid.

Como ya se ha indicado, la agencia privada de inteligencia Stratfor está considerada “una CIA en la sombra”, en el sentido de que obtiene información sobre asuntos geopolíticos, de seguridad y de otros ámbitos en distintas partes del mundo, y ofrece sus informes reservados a los clientes que pagan por ellos.

Pero, además, dichas fuentes aseguran que existen vínculos entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno estadounidense y Stratfor, en el sentido de que ex miembros de la CIA trabajan en la compañía privada.

En las noticias que se han publicado estos meses acerca del oficial de la Armada y mando del CNI enviado a prisión por filtrar información a Estados Unidos, se ha apuntado que la inteligencia estadounidense pudo fijarse en el agente español cuando estuvo destinado en la sede de la ONU, en Nueva York, y que pudieron captarle cuando trabajó en una empresa americana durante una excedencia.

A esas hipótesis se une otra teoría. Las fuentes consultadas por ECD aseguran que Stratfor sirve en ocasiones a la CIA como “señalador” y “cantera” de colaboradores.

Quiere esto decir que la Agencia Central de Inteligencia llega a conocer, al menos, a algunas de las fuentes de información que colaboran con Stratfor. Con esos antecedentes, se acerca a esas personas para intentar captarlos como activos para la CIA.

Informes sobre Libia

Posteriormente a esa etapa en la que intercambió información con Stratford, este oficial de la Armada y mando del CNI participó como experto en estudios internacionales sobre Libia.

Las revoluciones de la llamada Primavera Árabe, que estallaron entre 2010 y 2012, derivaron en Libia en una revuelta interna contra la dictadura de Muamar el Gadafi y una intervención de la OTAN. El país del norte de África se vio envuelto posteriormente en un conflicto civil entre distintas facciones tribales y territoriales.

Naciones Unidas se ha implicado estos años en tratar de alcanzar acuerdos de pacificación entre los bandos en conflicto en Libia.

El oficial de inteligencia español participó en la elaboración de informes sobre la situación en Libia, encargados por la ONU.

Sin respuesta del CNI

Confidencial Digital mandó el 13 de mayo una consulta al Centro Nacional de Inteligencia sobre este asunto, para recabar la versión del servicio sobre la información recogida en esta noticia.

Entre otras cuestiones, planteó al CNI la pregunta de si este agente, cuando estuvo destinado en Etiopía, mantenía contacto y colaboración con Stratfor con el conocimiento y autorización de sus superiores del centro.

En caso de que sus superiores en el CNI desconocieran la relación de su oficial de inteligencia con la agencia estadounidense, ECD preguntó si el centro le sancionó cuando Wikileaks desveló los documentos en los que revelaba esos contactos.

También preguntó si este agente cortó la colaboración con Stratfor por orden del CNI, y si el servicio español tiene acceso a los informes que publica Stratfor, es decir, si es suscriptor de esta agencia de inteligencia, y de otras agencias privadas de inteligencia. Es habitual que estos servicios utilicen informes de las agencias privadas.

Planteó además cuestiones sobre otros destinos en el extranjero que ocupó este mando, ahora acusado de colaborar con la CIA.

Al no recibir contestación del Centro Nacional de Inteligencia, Confidencial Digital insistió en la consulta, e informó de que iba a publicar una noticia sobre ello. Al cierre de esta edición, más de seis días después de la primera consulta, no se había recibido respuesta.

Cabe apuntar que el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece que “las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

El recién ascendido general de división médico Juan Antonio Lara Garrido tomó posesión hace un mes del puesto de inspector general de Sanidad de la Defensa. Sucede al frente de ese puesto de responsabilidad al general de división farmacéutico Juan José Sánchez Ramos.

Se cerró así una etapa en la que algunos médicos militares mostraron su incomodidad, su enfado e incluso su indignación y oposición frontal a que al frente de la Sanidad Militar no hubiera un médico, como hasta entonces, sino un farmacéutico.

El general Sánchez Ramos se hizo cargo provisionalmente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa cuando en abril de 2021 Margarita Robles cesó al entonces inspector, el general de división médico Antonio Conde Ortiz.

La ministra apartó al general Conde después de una serie de polémicas relacionadas con la vacunación contra el Covid-19 en las Fuerzas Armadas, comenzando con la vacunación de generales en el Estado Mayor de la Defensa que publicó ECD en enero de ese año, y que culminó en la renuncia del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general del aire Miguel Ángel Villarroya.

Robles nombró como nuevo inspector general de Sanidad de la Defensa al hasta entonces subinspector general de Apoyo y Ordenación Farmacéutica, general de brigada farmacéutico Juan José Sánchez Ramos.

Lo que era una solución temporal, en comisión de servicios, se convirtió meses después en un nombramiento ya definitivo.

Críticas por nombrar a un farmacéutico

La decisión de elegir a un general farmacéutico, en vez de a un médico, como inspector general de Sanidad de la Defensa, levantó ampollas entre los médicos militares. Algunos lo entendieron como un mensaje de la ministra Robles contra los médicos militares, después de que varios generales y oficiales se hubieran visto envueltos en distintas polémicas y guerras internas en esos años.

El diario Vozpópuli desveló en mayo de 2021 que el responsable de la Jefatura Conjunta de Sanidad del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada médico José María Delgado, había enviado una carta al Ministerio de Defensa en la que expresó sus reservas a participar en la Junta Médico Pericial Superior, el órgano de asesoramiento y coordinación en materia de medicina pericial en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

El general Delgado puso en duda que un general farmacéutico pudiera presidir esa junta, al no ser un médico. Incluso apuntó que podía vulnerar el secreto médico al acceder a los expedientes médicos de militares que se examinan en esa junta, al no ser médico.

Votos particulares de los médicos

Esa alerta la dio también meses después la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), una de las cinco asociaciones de militares presentes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En abril de 2022 esta asociación emitió un comunicado en el que aseguró que había tenido conocimiento de que “la presidencia de la Junta Médico-Pericial Superior de las Fuerzas Armadas, que recae en un general de división farmacéutico, está produciendo la emisión de votos particulares de otros miembros de la misma que sí cuentan con la especialidad fundamental de medicina”.

Según AUME, el problema estribaba en que fuera un general de división de la Especialidad de Farmacia, y no de Medicina, el que dirigiera el órgano que emite unos informes periciales que son actos médicos.

Apuntó esta asociación que la situación provocada por la presidencia del general farmacéutico Sánchez Ramos “está provocando gran desasosiego entre los miles de militares que han de acudir a dicho órgano pericial médico y que, de no solucionarse el problema, podrían verse afectados por la hipotética nulidad de los dictámenes médicos e informes”.

Ante esta polémica, AUME pidió al Ministerio de Defensa que aclarase la situación de la Junta Médico Pericial y que, si es necesario, “modifique los nombramientos y/o las normas reguladoras de este importante órgano pericial médico, antes de que puedan producirse situaciones que perjudiquen a miles de militares”, como sería que se anularan los dictámenes aprobados por este órgano bajo la presidencia del general Sánchez Ramos.

Cabe añadir que algunas fuentes del Cuerpo Militar de Sanidad apuntaron posteriormente que ciertas reuniones de la Junta Médico Pericial Superior no las presidía el general farmacéutico Sánchez Ramos, pese a ser inspector general de Sanidad de la Defensa.

Señalaron que asumía esa función el general de brigada médico Antonio Lobato, director de Sanidad del Ejército de Tierra, y por tanto uno de los vocales de la junta.

Un militar de la Armada

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Audiencia Nacional que tuvo que dio respuesta a un recurso en el que un militar trató de anular un dictamen sobre su estado de salud, y que entre otros argumentos señaló que la Junta Médico Pericial Superior tenía una composición irregular por la presidencia de un general de división farmacéutico.

El protagonista del caso es un cabo 1º permanente del Cuerpo General de la Armada al que se le abrió un expediente para determinar si sufría una insuficiencia de condiciones psicofísicas para el servicio.

La Subsecretaría de Defensa emitió el 1 de diciembre de 2022 una resolución, dictada por delegación de la ministra, en la que acordó “declarar la utilidad para el servicio con limitación, ajena a acto de servicio, para ocupar destinos que requieran uso de armas, realización de guardias, nocturnidad, realización de embarques, maniobras, conducción de vehículos, saltos, carrera y transporte y/o manejo de cargas” de ese cabo 1º de la Armada.

El afectado presentó un recurso de reposición, que fue desestimado. Llevó el caso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, que dictó sentencia en 2023 por la que desestimó el recurso y declaró ajustada y conforme a Derecho la resolución del ministerio.

Este cabo 1º de la Armada no se rindió, e interpuso un recurso de apelación. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 17 de abril de este año 2024: de nuevo, desestimó el recurso del militar.

Presidencia “improcedente” por no ser médico

La resolución del Ministerio de Defensa sobre las condiciones psicofísicas de este militar se basó en un informe de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, a su vez sustentado en el dictamen que emitió Junta Médico Pericial Superior el 14 de julio de 2022, tras analizar el caso de ese cabo 1º de la Armada.

Pues bien: en el recurso ante la Audiencia Nacional, ese militar argumentó que la resolución debía ser declarada nula “en razón a la improcedente ostentación de la presidencia de la Junta Médico Pericial Superior por parte de un farmacéutico”.

Señaló que, según la norma que regula esa junta, al frente de dicho órgano debía estar un militar de la especialidad de Medicina, y no de Farmacia.

La abogada del Estado que representó al Ministerio de Defensa en ese primer procedimiento judicial defendió que la composición de la Junta Médico Pericial Superior sí era adecuada.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 coincidió en ese punto con la abogada del Estado, y descartó que la resolución de Defensa fuera ilegal en razón del pretendido defecto en la composición de la Junta Médico Pericial Superior.

La Audiencia ve correcta la composición

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional abordó en la sentencia ese punto sobre la composición de la Junta Médico Pericial Superior.

“Tampoco alberga duda la Sala sobre la correcta composición en el caso de la Junta Médico Pericial Superior, que el apelante cuestionó en primera instancia con fundamento en su presidencia por quien no ostentaba especialidad alguna en Medicina, sino la de Farmacia”, concluyeron los magistrados de la Audiencia Nacional.

La sala asumió el criterio sobre este asunto que ya expresó el juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, “con mención de la Sentencia de 14 de febrero de 2023, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 (recurso 120/2022), coincidente también con lo indicado al respecto por la sentencia de 20 de febrero de 2023, del Juzgado Central número 1 (recurso 136/2022)”.

Todos esos pronunciamientos se basan “en el contenido de las previsiones normativas reguladoras de esta cuestión y, ante todo, en el mencionado Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto”.

El artículo 9.2.2º de ese reglamento dispone que todos los vocales de las Juntas Médico-Periciales “serán del Cuerpo Militar de Sanidad”, y según la sentencia, ese cuerpo, “como establece la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se estructura en una escala de oficiales y otra de oficiales enfermeros”, con cometidos de “atención a la salud en los campos logístico-operativo, asistencial y pericial y los relacionados con la psicología, farmacia y veterinaria”, con empleos de teniente a general de división en la escala de oficiales y de teniente a teniente coronel en la escala de oficiales enfermeros, y con las denominaciones del empleo correspondiente seguidas de los términos “médico”, “farmacéutico”, “veterinario”, “odontólogo”, “psicólogo” o “enfermero”, según corresponda.

Sólo se exige que sean médicos los vocales

Otra norma aborda la composición de la Junta Médico Pericial Superior: la Orden PRE/2373/2003, 4 de agosto, por la que se reestructuran los órganos médico periciales de la Sanidad Militar y se aprueban los modelos de informe médico y cuestionario de salud para los expedientes de aptitud psicofísica.

El artículo Cuarto de la orden se refiere a la Junta Médico Pericial Superior, fija sus funciones y también establece que “depende orgánicamente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, cuyo Inspector General la preside”.

Según el mismo artículo, “son miembros de la Junta Médico Pericial Superior los Oficiales Generales Médicos y el Oficial Médico Jefe del órgano médico central de la Sanidad de la Guardia Civil”, y “el Secretario de la Junta, con voz y voto, será un Oficial Médico, destinado al efecto, que contará con una Secretaría como órgano auxiliar de trabajo de la Junta Médico Pericial Superior”.

La Audiencia Nacional concluye, en vista de esas normas, que “se exige, pues, que todos los miembros del órgano pertenezcan al Cuerpo Militar de Sanidad, como sucede en el caso con quien lo presidía” en el caso de la reunión de la junta que evaluó las condiciones psicofísicas del cabo 1º de la Armada que llevó este asunto a los tribunales.

El acta de esa reunión designa al presidente como “General de División Farmacéutico”, para la Audiencia Nacional “en términos coincidentes, por tanto, con los propios de los miembros de dicho cuerpo que ostentan la especialidad de Farmacia”.

Continúa la sentencia señalando que “según la misma acta, el presidente del órgano disfrutaba también uno de los empleos propios de los oficiales del cuerpo, concurriendo así sobre dichos miembros los requisitos exigidos para ello, entre los que, como se ha visto, no se encuentra el de su especialidad médica, limitada al resto de los miembros del órgano”.

Miembros del Cuerpo Militar de Sanidad

Para la Audiencia Nacional, “la decisión del redactor de tales previsiones”, es decir, del Ministerio de Defensa o del Gobierno, “tampoco puede tacharse de arbitraria, irracional ni desconocedora del conjunto de funciones que debe asumir la Junta Superior, teniendo en cuenta, ante todo, las especiales tareas que en relación con el funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración asume su presidencia con carácter general de acuerdo con las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que regulan el funcionamiento de tales órganos (artículos 15 y siguientes)”.

Recuerdan los jueces “la obligada pertenencia de todos los miembros de la Junta en aquel cuerpo militar [el de Sanidad], con cometidos, como se ha visto, relacionados en cualquier caso con la atención a la salud y, por tanto, no ajenos completamente a la valoración de la discapacidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, como pueden ser precisamente los relacionados con los aspectos farmacológicos de los tratamientos de esa naturaleza seguidos por los afectados, y todo ello, además, si se tiene en cuenta que, como así sucede, la presencia en el órgano de especialistas en Medicina se ha establecido para todos sus miembros salvo uno, su presidente”.

Es decir, que la Audiencia Nacional avala que la Junta Médico Pericial Superior la presida un oficial general del Cuerpo Militar de Sanidad, de alguna especialidad distinta de Medicina.

Trasladado al caso concreto, eso supone que es conforme a la legalidad que el general de división farmacéutico Juan José Sánchez Ramos presidiera las reuniones de la Junta Médico Pericial Superior, pese a las advertencias que algunos médicos y la Asociación Unificada de Militares Españoles lanzaron sobre el peligro de que las decisiones de ese órgano fueran anuladas por una composición irregular de la junta.

El cabo 1º de la Armada que presentó el recurso planteó otro aspecto sobre el general Sánchez Ramos. Sugirió que no se había justificado que el presidente de la Junta Médico Pericial Superior que evaluó su caso ostentara el cargo de inspector general de Sanidad de la Defensa.

La Audiencia Nacional tumbó ese argumento “ante la notoria realidad de dicha circunstancia, es decir, de la ostentación de aquel cargo por quien intervino como presidente del órgano en la emisión del dictamen que ahora se trata, cuyo nombramiento tuvo lugar por Real Decreto 546/2021, de 13 de julio (BOE de 14 de julio)”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso contra la norma interna del Ejército de Tierra que desde 2021 permite desalojar a los militares que lleven cierto tiempo residiendo en alojamientos logísticos del Ejército.

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, presentó un recurso para tratar de anular la norma.

Basó su recurso en varios motivos. Su principal argumento fue que esa regulación no había sido presentada al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde las asociaciones profesionales de militares son informadas de proyectos de normas que van a aprobar el Ministerio de Defensa, o los ejércitos y la Armada.

Al considerar que se había saltado un trámite obligado, el Ejército de Tierra habría aprobado de forma irregular dicha norma, según argumentó AUME ante el TSJ de Madrid, conculcando los artículos 40 y 49 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Competencia (o no) del Ejército de Tierra

Por otra parte, también señaló que el Ejército de Tierra no tenía competencias para regular como lo hizo un asunto que afecta a los derechos de los militares, como es el tiempo que pueden residir en alojamientos y residencias logísticas del Ejército de Tierra, y la posibilidad de desalojarles si hay lista de espera de otros militares que solicitan una plaza en ese alojamiento.

“Por el contenido, alcance e incidencia directa en derechos profesionales y en aspectos sociales y económicos de los miembros del Ejército de Tierra, la Instrucción Técnica, como disposición de carácter general, ha sido dictada por una autoridad administrativa-militar que carece de competencia para ello porque no dispone de potestad reglamentaria”, denunció AUME.

Periodo máximo frente a las listas de espera

Como se recordó en el procedimiento judicial, la Modificación de 06/04/2021 por el General Inspector General del Ejército de Tierra respecto de la Instrucción Técnica 17/2011 tiene por objeto “establecer un periodo máximo de estancia continuada, para CUMA (Cuadros de Mando) y MT (Militares de Tropa), en los ALM (Alojamientos Logísticos Militares), permitiendo de este modo su disfrute al mayor número posible de personal ante la existencia de ‘lista de espera’, favoreciendo la movilidad geográfica de todos los componentes del ET (Ejército de Tierra)”.

“Siendo necesaria la aplicación de medidas de carácter inmediato que solucionen la problemática presentada en aquellos ALM con ‘lista de espera’”, el Ejército de Tierra consideró como medida más apropiada “la limitación del tiempo de permanencia en los ALM, mediante la aplicación de ‘tiempos máximos de estancia’, dando más opciones al personal de nueva incorporación a un destino”.

De esa forma “todos los usuarios con derecho puedan disfrutar, con equidad, del beneficio de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica”, sobre todo “en tanto en cuanto no se puedan adoptar medidas de carácter estructural, enfocadas a aumentar el número de plazas de los ALM, mediante la construcción de nuevas infraestructuras o la adecuación de las ya existentes, que solucionen la carencia actual de plazas” en algunos alojamientos logísticos militares.

Por eso se establecieron periodos máximos de estancia continuada, siempre y cuando exista ‘lista de espera’, de tres años con carácter general para los Cuadros de Mando, es decir, oficiales generales, oficiales y suboficiales, y hasta cuatro años para los que sus destinos se publican mediante vacante con tiempo máximo establecido y definido de manera específica; y de seis años para los Militares de Tropa (MT).

También se regularon los criterios de aplicación con medidas de desalojo en su caso.

El JEME inadmitió el recurso

Realmente el recurso de AUME fue contra la resolución del Jefe de Estado Mayor del Ejército de julio de 2021 que inadmitió el recurso de alzada respecto de la modificación de la Instrucción Técnica 17/2011 del General Inspector General del Ejército de Tierra de 06/04/2021 sobre implantación de periodo máximo de estancia en Alojamientos Logísticos Militares (ALM).

El JEME había desestimado el recurso de alzada, argumentando que esa modificación no era una disposición normativa ni reglamentaria, y por eso no tenía que ser enviada al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

“No innova el ordenamiento jurídico sino que contiene órdenes impartidas por un órgano a los que de él dependen en el ámbito de su competencia, señalándoles el sentido de su actuación, en el caso, mediante normas, precisas y uniformes para implementar el periodo máximo de estancia en los Alojamientos Logísticos Militares (ALM), para permitir, según se refiere en su justificación, su disfrute al mayor número posible de personal ante la existencia de ‘lista de espera’, favoreciéndola movilidad geográfica de todos los componentes del Ejército de Tierra”, según la resolución del JEME.

En cuanto a la competencia, señaló que se aprobó “de conformidad con la competencia que le atribuye la Instrucción sobre Organización y Funcionamiento del Ejército de Tierra al Inspector General del Ejército sobre la Dirección, Gestión, Administración y Control de las residencias Militares cuya finalidad y uso principal es el apoyo a la movilidad geográfica”.

No cabe recurso

El tribunal coincidió con el Ejército de Tierra en considerar que no cabía recurso contra la Modificación de 06/04/2021 de la Instrucción Técnica 17/2011 acordada por la Resolución de 16/07/2021 del General del Ejército Jefe de Estado Mayor, “en la medida que, efectivamente, tal modificación, al igual que la instrucción técnica a que remite, carecen de un propio contenido normativo más allá de establecer unas directrices de actuación para posibilitar un adecuado aprovechamiento de los alojamientos logísticos militares en función de los usuarios de los mismos”.

Eso encaja en los términos previstos en el artículo 6.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (“Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”).

Según la sentencia, “no cabe, por consiguiente, su consideración de disposición legal y su desarrollo reglamentario en orden a su información, con carácter preceptivo y previo a su aprobación, por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (artículo 49.1.c de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de Julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas)”.

No es una disposición general

AUME citó en su recurso una sentencia de 13 de Febrero de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que destacó que había determinado la obligatoriedad del informe de la Guardia Civil en relación con disposiciones de carácter general afectantes aspectos profesionales y sociales de los miembros de ese cuerpo, lo que motivó la anulación del Real Decreto 1370/2009 de 13 de Agosto sobre modificación del Real Decreto 944/2001 de 3 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

Pero el TSJ de Madrid consideró que “tal doctrina no resulta aplicable al caso del presente enjuiciamiento”, el de la norma del Ejército de Tierra sobre tiempos de ocupación de los alojamientos logísticos militares, “al carecer la actuación administrativa recurrida de la consideración de disposición general por las razones expuestas”.

Por ello, decidió desestimar el recurso de AUME contra esa instrucción del Ejército de Tierra.

La Asociación Unificada de Militar Españoles ha presentado un recurso de casación. Ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, que ahora tendrá que analizar el proceso de aprobación de esta normativa interna.

El Ministerio de Defensa va a revisar las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, que llevan más de seis años en vigor, desde que se aprobaron por la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre.

Confidencial Digital ha podido consultar el texto de una nueva orden ministerial, que aún no ha sido aprobada por Defensa y por lo tanto no están aún en vigor, y que viene a actualizar las normas de uniformidad de 2016.

Defensa va a retocar aspectos muy diversos de esas normas, y además, va a derogar más de 90 órdenes ministeriales, aprobadas entre 1926 y 2013, que regulaban puntos concretos de la uniformidad de los militares.

Revisión de la norma de 2016

“La uniformidad en las Fuerzas Armadas constituye uno de los elementos que mejor reflejan el carácter institucional de éstas. Por ello, en un medio de actuación que cada día tiende más a la colaboración entre ejércitos, tanto españoles como extranjeros, es necesario mantener el espíritu conjunto en la regulación normativa sobre uniformidad, respetando y manteniendo las peculiaridades propias de los Ejércitos y de cada uno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas”, explica Defensa en el proyecto de orden ministerial.

En 2016 se aprobó la actual orden ministerial de normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, “resultado de incluir en un desarrollo único y homogéneo toda la diversidad de disposiciones relacionadas con la denominación, composición y utilización de los uniformes en las Fuerzas Armadas, de tal forma que facilitara al personal militar su consulta”.

Sólo se introdujo un retoque menor en 2019. “Transcurridos casi ocho años desde la aprobación de la Orden DEF/1756/2016, y dado que el concepto de uniformidad comprende un conjunto de normas que regulan el uso de prendas, emblemas, divisas, distintivos, recompensas y complementos tratados en un sentido amplio e integrado, parece procedente llevar a cabo una revisión completa de la citada orden y, especialmente, sobre determinados aspectos que se ha considerado necesario mejorar”, a criterio del ministerio.

Uso indistinto de falda o pantalón

Defensa destaca como una de modificaciones más señaladas “la visualización de la posibilidad del uso indistinto de la falda o el pantalón, en diferentes uniformes, por parte del personal femenino”.

Las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas contemplan siete tipos de uniformes: gran etiqueta, etiqueta, gala, actos de especial relevancia, diario, trabajo, campaña, especiales y educación física.

Además, algunos de estas uniformes tienen tres modalidades: A, con prendas de vestuario propias para tiempo frío; B, para tiempo templado; y C, para tiempo cálido.

Y todos estos tipos y modalidades son distintos en el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y los Cuerpos Comunes (Sanidad, Intervención, Jurídico, Música...).

Ejército de Tierra

En la orden ministerial de 2016, los tipos de uniforme que se establecen para las ocasiones más solemnes contemplan que las mujeres militares utilicen falda, y no pantalón.

Se puede citar el caso del uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra. Hay que precisar que el uniforme de gran etiqueta “se usará en los actos oficiales en los que así se indique expresamente y en aquellas ceremonias en las que al personal civil se le exija vestir de máxima etiqueta. Este uniforme tiene su correspondencia con el traje nacional, el frac y el chaqué”.

Según las normas de uniformidad aprobadas en 2019, el uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra consta de prenda de cabeza (gorra de plato azul para los hombres, gorro femenino azul para las mujeres), guerrera azul, con tirilla y puños blancos, hombreras doradas o rojas...; faja o ceñidor; pantalón o falda; y zapatos.

La orden de 2016 regula de la siguiente manera la prenda inferior:

– Pantalón o falda:

– (M) Pantalón azul.

– (F) Falda larga azul.

La abreviatura (M) significa “prenda para personal masculino”, y (F) es “prenda para personal femenino”.

Por tanto, la norma establece que los militares hombres llevan pantalón azul cuando visten uniforme de gran etiqueta del Ejército de Tierra, y que las mujeres visten falda larga azul.

Pantalón para hombres y también mujeres

El texto de la orden ministerial que tiene previsto aprobar próximamente el Ministerio de Defensa para modificar las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas pasa a permitir que las mujeres del Ejército de Tierra puedan vestir pantalón o falda, a su elección, cuando lleven uniforme de gran etiqueta.

La lista de elementos de ese tipo de uniforme pasa a estar así redactada:

– Pantalón o falda:

– (M; F) Pantalón azul.

– (F) Falda larga azul.

Al incluir la F en el pantalón azul, se da pie a que las mujeres puedan elegir entre la falda y el pantalón.

El mismo cambio se va a introducir en los zapatos y calcetines o medias. Hasta ahora, los zapatos negros de cordones y los calcetines negros eran sólo “prenda para personal masculino”, mientras que el personal femenino tenía asignados zapatos negros de tacón y medias negras.

La nueva orden ministerial pasa a admitir que las mujeres también opten por zapatos negros de cordones y calcetines negros, como alternativa a los zapatos negros de tacón y las medias negras.

Uniforme de etiqueta

También en el uniforme de etiqueta la regulación de 2016 sólo asignaba falda, y no pantalón, a las mujeres militares del Ejército de Tierra.

Con la nueva orden ministerial, se ofrecerá la opción de que lleven falda o pantalón azules, y en consecuencia, zapatos de cordones y calcetines, o zapatos de tacón y medias.

El uniforme de gala sí contempla ya desde 2016 que las mujeres de Tierra puedan vestir falda o pantalón caqui, y lo mismo ocurre con el uniforme para actos de especial relevancia, el uniforme de diario y el uniforme de trabajo.

La novedad, por tanto, es que la posibilidad que se da a las mujeres militares de que vistan pantalón o falda se extiende a los uniformes de gran etiqueta y etiqueta, los indicados para actos más solemnes, donde la norma hasta ahora vigente contemplaba para las mujeres únicamente la falda, y no el pantalón.

Armada

La extensión del pantalón para las mujeres militares no se limita al Ejército de Tierra. Se va a aplicar de igual forma en la Armada, el Ejército del Aire y los Cuerpos Comunes.

Los uniformes de gran etiqueta y de etiqueta de la Armada hasta ahora asignan a las mujeres sólo la falda, y no el pantalón.

En el de gran etiqueta, los hombres lucen gorra de plato blanca, frac azul marino, chaleco blanco, camisa blanca, corbata blanca de lazo, pantalón azul marino, faja, zapatos acharolados negros de cordones y calcetines negros.

Las mujeres han de vestir gorro femenino blanco, chupa azul marino (sin chaleco), camisa blanca para chupa, lazo negro, falda larga azul marino con faja de raso negro, zapatos de tacón acharolados negros y medias negras, con el bolso acharolado negro como elemento optativo.

Como ocurre hasta ahora en el Ejército de Tierra, también en el uniforme de gran etiqueta de la Armada el pantalón sólo se considera “prenda para personal masculino”, y lo mismo ocurre con los zapatos de cordones y los calcetines.

De nuevo, el cambio que va a introducir Defensa es en apariencia tan leve como incluir una F junto al pantalón, los zapatos de cordones y los calcetines. De esa forma, las mujeres de la Armada podrán elegir entre el pantalón y la falda cuando vistan el uniforme de gran etiqueta, y el de etiqueta.

No hay cambios en la prenda de cabeza (gorra de plato, gorro femenino), en el frac masculino y la chupa femenina, y la corbata o el lazo.

Ejército del Aire y Cuerpos Comunes

Las mujeres del Ejército del Aire deben llevar actualmente “falda azul negra” cuando visten uniforme de gran etiqueta o de etiqueta.

Cuando Defensa apruebe las nuevas normas de uniformidad, podrán también ponerse el pantalón azul negro que llevan los hombres. Seguirá habiendo diferencias, con el frac azul negro para hombres y la chupa azul negra para mujeres en el uniforme de gran etiqueta.

El mismo cambio se aplicará en los uniformes de gran etiqueta y de etiqueta de los Cuerpos Comunes: las mujeres podrán optar entre la falda y el pantalón, que hasta ahora sólo se contemplaba para los hombres en esos dos tipos de uniformes.

Perspectiva de género e igualdad de oportunidades

No habrá cambios en el punto que ya desde 2016 establece que “cuando el personal femenino pueda optar entre vestir con pantalón o falda, el uso del pantalón irá asociado al uso de zapatos de cordones y calcetines; y el uso de la falda irá asociado al uso de zapatos de tacón y medias, con las particularidades propias de cada uniformidad”.

Se mantiene el que “en formaciones con armamento el personal femenino usará pantalón. En formaciones sin armamento el jefe de unidad podrá autorizar el uso optativo de la falda”. 

En el proyecto de nueva orden ministerial para modificar las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas el Ministerio de Defensa subraya que “desde el punto de vista de la uniformidad, los principios y valores relativos a la perspectiva de género y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que rigen en todos los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas, quedan recogidos plenamente en esta orden ministerial”.

Al mismo tiempo “se asume que determinadas prendas y complementos de los uniformes reglamentarios pueden ser diferentes según sean para mujeres u hombres, reconociendo y poniendo en valor así las peculiaridades propias de cada género, todo ello enmarcado en unas diferencias en el vestir asumidas por las Fuerzas Armadas españolas, y por las de los países de nuestro entorno, sin que puedan ser consideradas como un trato discriminatorio o privilegiado sino más bien como una muestra de la plena integración de las Fuerzas Armadas en los usos y costumbres de la sociedad de la que forman parte”.

Dibujos

Ya se ha indicado antes que se trataba de “la visualización de la posibilidad del uso indistinto de la falda o el pantalón, en diferentes uniformes, por parte del personal femenino”.

Esa “visualización” se comprueba en los dibujos que acompañan la orden ministerial, con los bocetos que muestran cómo quedan todas las prendas indicadas en cada tipo y modalidad de uniforme.

Frente a la orden de 2016, se incluyen bocetos de mujeres con pantalón y con falda en todos estos tipos.

Esta asociación ha localizado la pintada en la calle Intxaurrondo, a la altura del centro cultural Larrotxene, en la capital de Guipúzcoa.

Una serpiente rodeando un hacha colocada de forma vertical es el símbolo histórico de ETA. Simboliza el lema “bietan jarrai”, o “adelante con las dos”, una forma de presumir que la organización terrorista combinaba la astucia con la fuerza, o se entiende también que la unión de la lucha política con la “militar”.

Covite señala que el anagrama de ETA está pintado junto a otra pintada. El cierre de un comercio luce el rostro de Olaia Castresana, una etarra que murió en 2001 en Torrevieja al explotarle un explosivo que estaba manipulando, una estrella roja de cinco puntas (símbolo socialista) y el mensaje “Betiko argia”, “luz eterna”.

Esta asociación de víctimas del terrorismo ha reclamado al Ayuntamiento de San Sebastián, que dirige el Partido Nacionalista Vasco, que “borre cuanto antes estas pintadas”.

Visto en Donosti, en la calle Intxaurrondo, a la altura de Larrotxene⬇️

Unos grafitis con el anagrama de ETA junto al rostro de la etarra Olaia Castresana, que falleció en 2001 al explotarle su propia bomba.

Exigimos al @Ayto_SS que borre cuanto antes estas pintadas. pic.twitter.com/WFKDKzLml3

— COVITE (@CovitePV) May 14, 2024

No es la base naval más grande ni importante de España, pero en los últimos meses ha atraído la atención después de que el diario El País revelara que el Gobierno había otorgado a la Estación Naval de Mahón (Menorca) la consideración de “puerto con autorización diplomática permanente” para los buques de la OTAN.

Después de las críticas de Podemos, Izquierda Unida y Més per Mallorca a la utilización del puerto de Mahón por buques de la OTAN y de las facilidades dadas por el Gobierno de España, el Ministerio de Defensa difundió un comunicado para puntualizar que “no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes” de la Alianza Atlántica.

Realmente, lo que reveló El País fue que el Gobierno había aprobado una facilidad diplomática, para evitar trámites burocráticos a los buques de países de la OTAN que navegan por el Mediterráneo occidental y pueden necesitar recalar en un puerto: principalmente, a los que despliegan en la operación ‘Sea Guardian’ de patrullaje del Mediterráneo contra el terrorismo, el contrabando, el tráfico de armas y la piratería.

Esa misma condición de “puerto con autorización diplomática permanente” para los buques de la OTAN también la tienen las bases navales de Rota (Cádiz) y Cartagena (Murcia).

Apoyo logístico

El diario ya destacó que la estación naval de Mahón ofrece ciertas condiciones como punto de apoyo logístico a fuerzas marítimas de la OTAN: “Dispone de grandes depósitos de combustible y aljibes de agua. También túneles subterráneos en desuso, lo que facilita el aprovisionamiento de los buques de la OTAN que fondean o atracan en sus muelles”.

Expertos en temas militares han comprobado que hace unos meses, antes de que El País revelara esta novedad, la Armada ya adjudicó un par de licitaciones relacionadas con la capacidad de apoyo logístico de la estación naval de Mahón.

Recuperación de polvorines

La Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada adjudicó un contrato menor de “Servicio de asistencia técnica para la realización de un estudio y redacción de un informe sobre la recuperación de los polvorines de la CN Mahon [Comandancia Naval de Mahón]”.

Encargó ese estudio, por un importe de 6.390 euros, a E-Adjudica SL, una empresa de ingeniería civil, construcción, consultoría y compraventa de bienes inmuebles con sede en San Fernando (Cádiz).

Tanque de combustible

En las mismas fechas, la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada también adjudicó otro contrato menor, en este segundo caso para el “Servicio de asistencia técnica para la realización de un estudio, valoración y redacción de un informe para tanque de combustible en Mahón”.

Acordó un importe de adjudicación de 3.440 euros, para Alfestal Ingeniería, una empresa de ingeniería civil centrada en túneles y obras subterráneas.

Ambos contratos coinciden en tener por objeto realizar informes sobre dos capacidades de suministro para buques que recalen en la estación naval de Mahón: uno para recuperar polvorines de la Comandancia Naval de Mahón, que se entiende que estaban en desuso, y otro para construir o rehabilitar (no se precisa) un tanque de combustible.

Todo ello encaja con el tipo de capacidades logísticas que se requieren en una base naval, especialmente si va a dar servicio con frecuencia a buques ya no sólo de la Armada, sino también de otras fuerzas navales de la OTAN.

Visitas frecuentes

Mahón se encuentra en la costa oriental de la más oriental de las Islas Baleares. Menorca es un enclave estratégico muy relevante en el Mediterráneo Occidental, prácticamente a medio camino entre la costa mediterránea de España (en el oeste) y las islas de Córcega y Cerdeña (al este), y entre el litoral de Francia (norte) y la ribera africana, principalmente de Argelia.

Cabe suponer que la decisión de otorgar a Mahón la misma categoría que a Rota y Cartagena para agilizar los fondeos de buques de la OTAN significa que esas escalas tienen y van a tener en el futuro una frecuencia habitual.

El País ya contó que Mahón se ha convertido en un puerto de escala para las agrupaciones navales permanentes de la OTAN que navegan por el Mediterráneo.

Desgranó algunas visitas de buques en los últimos años: el Grupo Marítimo Permanente de la OTAN (SNMG-2), en 2020 y 2021; catorce buques de nueve países aliados en abril de 2022, para el ejercicio ‘Esp Minex-22’; la Agrupación Naval Permanente de Medidas Contraminas nº 2 de la OTAN (SNMCMG-2), con buques de España, Italia, Grecia y Turquía, entre abril y mayo de 2023...

De acuerdo con las fuentes de la Armada consultadas por ECD, la autorización de carácter permanente para buques de la OTAN en Mahón, o en otro puerto si se diera el caso, no exige requisitos o características especiales de tipo logístico, aunque se elijan, como se ha indicado, puertos y bases navales con ciertas condiciones imprescindibles para poder prestar apoyo a buques militares.

El cabo 1º del Ejército del Aire Miguel Antonio Gómez Rivas protagonizará el 25 de mayo el salto paracaidista con la bandera de España durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) que se celebrará en Oviedo, presidido por el rey Felipe VI.

Además de ser natural de Asturias, el cabo 1º Gómez Rivas tiene el mérito de haber conseguido dos años seguidos el título de campeón de España de precisión de aterrizaje, en el Campeonato Nacional de Paracaidismo Militar.

El Cb1 Rivas, natural de Asturias y componente de la @PAPEAire revalida, por segundo año consecutivo, el título de Campeón de España de Precisión de Aterrizaje. Tendrá el honor de portar la Bandera Nacional en el Acto Central del #DIFAS24 , en Oviedo.@EjercitoAire @Defensagob pic.twitter.com/Zqpky2PSoV

— PAPEA (@PAPEAire) April 13, 2024

Este militar del Ejército del Aire toma el relevo de la cabo 1º María del Carmen Gómez Hurtado (también del Aire), que fue la paracaidista que saltó con la bandera de España tanto en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas de junio de 2023 en Granada, como en la parada militar en Madrid por la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

El cabo 1º Gómez Rivas ya fue el paracaidista que hizo de guía de la cabo 1º Gómez Hurtado cuando saltó ella con la bandera de España en Madrid el pasado mes de octubre.

Desfiles por el DIFAS y el 12 de octubre

Ambos militares pertenecen a la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (Papea), con base en Alcantarilla (Murcia), donde se encuentra la Escuela Militar de Paracaidismo.

Los miembros de esta unidad practican saltos de precisión prácticamente a diario. En octubre, el cabo 1º Gómez Rivas acumulaba ya más de 6.000 saltos paracaidistas.

Desde el año 2021, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire se encarga de los saltos paracaidistas con la bandera de España que se realizan en los dos grandes desfiles militares de cada año: el del Día de las Fuerzas Armadas (entre finales de mayo y principios de junio), y el de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Entre Tierra y Aire

El ‘privilegio’ de ser objeto de todas las miradas y aterrizar delante del rey con la bandera de España lleva años alimentando cierta rivalidad entre los paracaidistas del Ejército de Tierra y los del Ejército del Aire.

En el año 2006, el Ministerio de Defensa decidió por primera vez que en el desfile del 12 de octubre se realizara un salto paracaidista con una bandera de España de grandes dimensiones.

En ese momento el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire se ofrecieron para protagonizar ese momento. Finalmente Defensa optó por Tierra, al ser el más antiguo de los tres ejércitos. Ese año 2006 realizaron el salto el suboficial mayor José María Terry, el subteniente Ángel Vives y el cabo 1º Miguel Cuevas, los tres pertenecientes al desaparecido Grupo de Lanzamiento de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (Bripac) del Ejército de Tierra.

Tras el primer desfile con este salto paracaidista, el entonces JEMAD, el general de Ejército Félix Sanz Roldán, apostó por la alternancia. En 2007 le tocó el turno a la Papea del Ejército del Aire.

Pero en 2008, con Carme Chacón como nueva ministra de Defensa, llegó al Estado Mayor de la Defensa el general del Aire José Julio Rodríguez, que decidió que ese salto paracaidista con la bandera lo realizara sólo la Papea.

Aún en 2008 lo hicieron militares de la Bripac, por estar ya así establecido, pero desde 2009 hasta 2017 fue la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire la que realizó el salto cada 12 de octubre en el desfile en Madrid.

Reparto de desfiles

Con la llegada del general de ejército Fernando Alejandre como JEMAD, en 2017, y ya con María Dolores de Cospedal como ministra hubo nuevo cambio: en 2018 la Brigada Paracaidista volvió a hacerse cargo de este salto tan vistoso.

En este caso, la idea era que los paracaidistas de Tierra saltaran en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, y que los del Aire fueran los protagonistas en el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebra entre finales de mayo y principios de junio, cada año en una ciudad de España distinta.

El motivo era que la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra tiene su base en Paracuellos del Jarama, en la provincia de Madrid, mientras que la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire se encuentra en la base de Alcantarilla, en Murcia.

Por eso se decidió que la Bripac saltara en el desfile del 12 de octubre, que se celebra siempre en Madrid, y que la Papea saltara en el Día de las Fuerzas Armadas, en la ciudad de España que toque cada año.

Antes de la pandemia, el último salto de la Bripac

El 12 de octubre 2019 repitió la Bripac, tras saltar en 2018. Militares cercanos a la Papea criticaron esa decisión, pero en el entorno de la Brigada Paracaidista señalaron que no fue una cuestión de favoritismo hacia la unidad de Tierra: unos días después del desfile del 12-O de ese año se celebraban los Juegos Militares Mundiales en China, a los que iban los paracaidistas de la Papea, así que no les daba tiempo a saltar el 12 de octubre. Y, como se ha indicado, parecía haberse establecido ese reparto del 12 de octubre para la Bripac.

Ese fue el último año que saltaron militares de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el año en que el paracaidista que portaba la bandera de España se chocó con una farola de la Plaza de Lima, de Madrid.

Desde entonces, los saltos en desfiles los ha protagonizado la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire.

Este cambio se ha producido con Margarita Robles como ministra, aunque como se ha indicado, en la Fiesta Nacional de 2018 y 2019 (con ella de ministra) saltó la Bripac de Tierra. Pasó el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, general del Aire, pero en su año de JEMAD no hubo ningún salto de este tipo en desfiles. Ahora, con el almirante general de la Armada Teodoro López Calderón, se encarga de estos saltos sólo la Papea del Aire.

Protagonismo de la Papea tras el covid

Como gesto de apoyo al cabo primero de la Bripac que sufrió el percance con la farola, en los meses previos al 12 de octubre de 2020 surgió un movimiento para pedir que el mismo militar de la Brigada Paracaidista saltara un año después, de nuevo en el desfile de la Fiesta Nacional, para quitarse la espina de 2019.

El Ministerio de Defensa organizó el 12 de octubre de 2020 una parada militar en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, presidida por el rey. No hubo un desfile por las calles, como otros años, debido a las restricciones por el coronavirus. Se redujo notablemente la participación de unidades militares, y no hubo salto paracaidista con la bandera: ni de la Bripac, ni de la Papea.

Los desfiles no volvieron hasta el 12 de octubre de 2021, en Madrid, cuando ya saltó con la bandera de España una pareja de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire.

En 2022 se normalizaron los desfiles, una vez pasada la pandemia, y se consolidó la decisión del Estado Mayor de la Defensa y del ministerio de que sea sólo la Papea del Ejército del Aire la encargada de realizar los saltos del Día de las Fuerzas Armadas y del Día de la Fiesta Nacional.

La exclusión de estos actos tan vistosos causó malestar entre miembros de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra.

Algunas fuentes cercanas a la Bripac sugieren que lo ideal sería que los saltos paracaidistas en esos dos desfiles los realicen tres militares, representantes de Tierra, Aire y Armada (que también tiene infantes de Marina que pueden realizar saltos con paracaídas), al igual que en otros muchos ámbitos se trata de mantener ese equilibrio y representación.

Otras exhibiciones

Pero el enfado y la decepción en el seno de la Bripac no se limitan al hecho de haber sido apartados de los saltos del DIFAS y el 12 de octubre.

Distintas fuentes militares cercanas a la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra lamentan desde hace tiempo que esta unidad ya apenas realiza saltos de exhibición en otros eventos militares y civiles, mientras que la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire sí se exhibe con frecuencia.

Un repaso a las cuentas en redes sociales de la Papea permite comprobar que los paracaidistas del Ejército del Aire tienen una actividad importante en eventos por toda España.

Murcia, Huelva, Zaragoza, Granada...

Tan sólo en lo que va de 2024, han realizado saltos de exhibición al menos en su propia base de Alcantarilla, por la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero; en el Santuario de Caravaca de la Cruz (también en la Región de Murcia), en la apertura del Año Jubilar; de nuevo en Alcantarilla, en el acto anual por el aniversario del primer lanzamiento paracaidista militar en España; en Palos de la Frontera (Huelva), para recordar el vuelo transatlántico del avión Plus Ultra; en la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva), en una jura de bandera para civiles organizada por el Ejército del Aire; en una playa de Puerto de Mazarrón (Murcia), con motivo de sus fiestas patronales...

Así vivió el Cb1º Rivas los últimos segundos de su vuelo, portando la Bandera de España, para terminar aterrizando magistralmente frente al Santuario de la Vera Cruz, con motivo del Acto de Apertura del Año Jubilar 2024 @EjercitoAire @Defensagob @AytodeCaravaca @regiondemurcia pic.twitter.com/5DWubmVjLi

— PAPEA (@PAPEAire) January 9, 2024

Saltó también el Domingo de Resurrección en Alcantarilla, en una procesión durante el encuentro de las imágenes de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y la Virgen del Amor Hermoso.

El pasado 2 de mayo fueron dos paracaidistas de la Papea del Ejército del Aire los que descendieron, uno con la bandera de España y otro con la de la Comunidad de Madrid, sobre la Puerta del Sol de la capital, en los actos por el día regional.

Además, como ya se contó en estas páginas, su calendario de exhibiciones previstas para este 2024 incluye saltos en algunos eventos relacionados con la aviación, como el XX Aniversario de la Patrulla Aspa, en Armilla (Granada, en mayo), el 50º Aniversario de Ala 14 en Los Llanos (Albacete, en junio) y el Festival Aéreo de Gijón (en julio).

No sólo saltarán paracaidistas de la Papea en Oviedo durante el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. En el marco de los actos militares que se organizan por toda España por el DIFAS, protagonizaron un salto en la Plaza del Pilar, de Zaragoza, con motivo de un izado de bandera este sábado 11 de mayo. Y serán los encargados de descender con la bandera de España en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre en Madrid.

Este equipo de paracaidistas realizarán una exhibición en el municipio granadino de Valle del Zalabi el 3 de agosto. Será un evento en recuerdo del capitán del Ejército del Aire Antonio Ramón Carvajal García, que falleció en agosto de 2022.

El capitán Carvajal era jefe de la Escuadrilla Plus Ultra del Grupo de Honores de la Guardia Real, escuadrilla que está formada por militares del Ejército del Aire. El fallecimiento del capitán provocó una gran conmoción en la Guardia Real.

La Papea también ha aceptado la invitación de realizar una exhibición en las fiestas patronales de Aranda de Duero (Burgos) el 14 de septiembre.

La Bripac, en las fiestas de Alcalá de Henares

Esta apretada agenda de actos públicos de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire -algunos militares pero otros muchos de carácter civil- contrasta con la situación de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra.

Los saltos del exhibición de la Bripac se han visto reducidos casi únicamente a las fiestas patronales de Alcalá de Henares. En este municipio al este de Madrid estuvo durante décadas la base de la Brigada Paracaidista, hasta que la unidad se desplazó a la actual ubicación en la localidad vecina de Paracuellos del Jarama.

Las fiestas patronales de Alcalá de Henares se celebran a principios de septiembre. El programa de las fiestas incluyó una exhibición de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas: varios militares se lanzaron desde un helicóptero Chinook, en lanzamientos de apertura manual con diferentes modelos de paracaídas, y tomaron tierra en un campo de fútbol.

También suelen saltar en el homenaje que se realiza cada año en Fuerteventura, en la localidad de Tefía. La Bripac recuerda el accidente más grave de la unidad: durante el ejercicio Maxorata 72, el viento arrastró a decenas de paracaidistas a una zona de riscos. Murieron trece militares y resultaron heridos de gravedad medio centenar.

En los actos de recuerdo a los fallecidos, se realiza un salto paracaidista.

En el estadio del Atlético de Madrid

Mandos en activo y otros retirados, con experiencia en la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas, confirman (y lamentan) esa tendencia de que la Bripac ya apenas participa en exhibiciones públicas.

Se organizan sólo algunos eventos puntuales. Semanas antes de ese 12 de octubre de 2019, el mismo cabo 1º Luis Fernando Pozo saltó dentro del Estadio Santiago Bernabéu: un salto “mucho más complicado” que el de la Fiesta Nacional, aseguran paracaidistas veteranos, ya que al pasar del aire libre al recinto cerrado de un estadio como es el Bernabéu, las corrientes de aire cambian notablemente.

En junio de 2022, dos paracaidistas de la Bripac -uno de ellos, portando una bandera de España de grandes dimensiones- saltaron sobre el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Uno de ellos era, de nuevo, el cabo 1º Pozo.

Ese salto en el Estadio Metropolitano se realizó con motivo del MadCup2022, un torneo de fútbol base organizado por la Academia Atlético de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Real Federación de Fútbol de Madrid con 600 equipos integrados por jugadores de entre 8 y 16 años.

Pero son excepciones que confirman la regla: que la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas ya apenas realiza saltos de exhibición.

Salto cancelado en Málaga

Las malas condiciones climáticas han chafado en los últimos meses algunos de los pocos saltos de exhibición que realiza la Bripac.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, envió hace meses una carta a Margarita Robles en la que solicitó a la ministra de Defensa que se retomara la exhibición que antes de la pandemia del coronavirus realizaba la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas del Ejército de Tierra, en la mañana del Miércoles Santo.

Esos saltos de exhibición se realizaban en la playa de La Caleta.

La petición tuvo respuesta positiva. La ministra respondió a la carta, y mandos de la Bripac contactaron con la junta de gobierno de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, para organizar la exhibición.

Pero el salto acabó cancelándose la víspera, ante las malas previsiones meteorológicas.

Aniversario de las fuerzas paracaidistas

Algo similar sucedió el 23 de febrero. En esa fecha se celebra cada año el acto más solemne de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas, para conmemorar el primer salto de la Iª Bandera Paracaidista, que tuvo lugar el 23 de febrero de 1954.

El acto en la base ‘Príncipe’ de Paracuellos del Jarama, donde se concentra el grueso de la brigada, estuvo presidido por el teniente general Fernando González Valerio, Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), y por el general de brigada jefe de la Bripac, Luis Jesús Fernández Herrero.

Después de los discursos, imposiciones de medallas, homenaje a los caídos, desfile militar... el acto se iba a cerrar con un salto de exhibición de varios paracaidistas, que se iban a lanzar desde un helicóptero Chinook sobre la base.

Las malas condiciones climatológicas, con viento, aconsejaron cancelar el salto.

Salto discreto en Huesca

Militares de la Bripac han hecho algunos saltos discretos, poco difundidos, en los últimos años.

Ya se ha recordado que por el Día de las Fuerzas Armadas de 2022 saltó la Papea del Ejército del Aire en Huesca.

Pese a que la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas no iba a protagonizar el salto en el desfile, en la víspera de esa parada seis paracaidistas de la Bripac saltaron desde un helicóptero hasta tocar tierra en el Recinto Ferial de Huesca, junto al Palacio de Congresos.

Se lanzaron no sólo con el paracaídas, sino con el equipo completo: máscara de oxígeno, fusil o ametralladora...

También se realizan saltos de apertura manual en el Encuentro de Veteranos Paracaidistas, que por ejemplo en 2022 se celebró en junio en la base ‘Príncipe’. Ese encuentro se celebra cada dos años, por lo que toca este 2024. Ahí suelen saltar paracaidistas en activo, y también “veteranos”, retirados o en la reserva.

Cuando saltaban en pueblos de toda España

Pero el número de saltos de exhibición que protagoniza en los últimos años la Bripac está muy lejos de las cifras que registraba tiempo atrás.

Las fuentes consultadas por ECD afirman que la brigada llegó a tener programados cada año decenas de saltos de exhibición, incluso superando ampliamente el medio centenar al año. Algunas exhibiciones consistían en varios saltos en distintos puntos, por lo que ese número aproximado podría elevarse aún más.

En los días y semanas en torno al Día de las Fuerzas Armadas, cuando se organizan eventos por toda España para acercar la institución militar a los ciudadanos, se podían celebrar hasta ocho o nueve saltos de la Brigada Paracaidista en distintos puntos del país.

Otra época fuerte de exhibiciones era el verano. Ayuntamientos, alcaldes de toda España pedían a la Bripac que realizaran exhibiciones en sus municipios, muchas veces con ocasión de las fiestas patronales. El Ejército de Tierra mandaba un helicóptero con varios paracaidistas, que saltaban sobre ese pueblo.

Eran frecuentes los saltos en municipios con cierta vinculación a la brigada, sobre todo por cofradías religiosas con las que los paracaidistas desfilan en Semana Santa. Un ejemplo es La Palma del Condado, en Huelva.

El valor de saltar en núcleos urbanos

Militares con experiencia en la Bripac destacan que valor añadido que suponen los saltos de exhibición que se celebran en núcleos urbanos.

Recuerdan que la mayoría de los saltos que realiza la Brigada Paracaidista se realizan en campo abierto: saltos de decenas de paracaidistas, en modo de apertura manual.

Pero consideran que el adiestramiento militar de los efectivos de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas tenía un complemento de valor en las exhibiciones en ciudades.

Esas exhibiciones permitían que los paracaidistas se adiestraran en el salto sobre núcleos urbanos, muy distintos a caer sobre una zona despoblada, en el campo, más allá de las complicaciones que puede ofrecer una zona boscosa, o unos cables de alta tensión.

Los edificios, los árboles, las farolas, los monumentos... suponen un desafío para los paracaidistas a la hora de conseguir tomar tierra en su objetivo, y de forma segura.

La falta de saltos en ese tipo de escenarios se suma a la queja general de que los miembros de la Bripac saltan poco. La frecuencia en menor que hace años, y hay quien lo atribuye a complicaciones para que el Ejército del Aire ponga aviones a disposición del Ejército de Tierra, en este caso de la Brigada Paracaidista.

Por eso son menos frecuentes los saltos de la Bripac desde aviones, y más habituales desde helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Todo ello provoca críticas sobre los perjuicios que estas circunstancias causan en la instrucción y el adiestramiento de una unidad, la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas, que tiene como una de sus características principales la “alta disponibilidad”, y por eso mantiene permanentemente una agrupación táctica de respuesta inmediata y entrada inicial.

Debe ser capaz de preparar en 72 horas un grupo táctico para ser desplegado en cualquier lugar del mundo.

Madrid: de Cibeles a la Casa de Campo

Durante esa etapa en la que había numerosas exhibiciones públicas, la Brigada Paracaidista saltó, por ejemplo, en municipios de la Comunidad de Madrid, por estar cerca de su base: Alcalá de Henares y Paracuellos del Jarama, pero también Getafe y Parla.

Pero especialmente fueron frecuentes los saltos sobre la ciudad de Madrid. Saltaban sobre los estadios deportivos: el Santiago Bernabéu (del Real Madrid), el Vicente Calderón (el antiguo estadio del Atlético), el estadio Vallehermoso...

Hubo también un buen número de exhibiciones en los grandes parques de Madrid: la Casa de Campo (incluido el lago), El Retiro (en el Paseo de Carruajes, en la Plaza del Ángel Caído, en la puerta del Hospital del Niño Jesús por el Maratón de Madrid), el Parque Tierno Galván...

La Bripac también se ha exhibido en algunas de las plazas y avenidas más conocidas de Madrid: Cibeles, Colón, Cuzco, Chamartín, Recoletos, La Castellana, Cuatro Caminos...

Apostillan que en decenas de saltos en Madrid, en los que de forma acumulada se lanzaron varios cientos de paracaidistas, no hubo apenas incidentes, más allá del que tuvo lugar el 12 de octubre de 2019.

Mientras tanto, la Papea por ahora acumula un número de saltos sobre Madrid más reducidos.

Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago...

Las exhibiciones de la Brigada Paracaidista eran también frecuentes en otros lugares de España. En Barcelona saltaron sobre el Cuartel de El Bruc, junto a la Diagonal, y en la plaza de toros Monumental.

Con motivo de unas Fallas se exhibieron en Valencia, y en la misma Comunidad Valenciana también realizaron saltos en las ciudades de Alicante y de Castellón de la Plana.

Por la Expo’92 saltaron en Sevilla. En Andalucía también se exhibieron en Granada, Córdoba, Almería, Jaén...

El mapa de las exhibiciones de la Bripac a lo largo de las décadas llega a sitios tan diversos como Trujillo (Cáceres), la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela (La Coruña), Cartagena, la Isla Perdiguera en el Mar Menor (Murcia), León, Villalpando (Zamora), Salamanca, en Cuenca junto a las Casas Colgadas, Ceuta, Melilla, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Mallorca...

Protagonizó saltos de exhibición en Aragón: en el estadio de fútbol de Huesca, en Teruel, en Albarracín, en Jaca... Los paracaidistas del Ejército de Tierra también se lanzaron sobre la Academia General Militar, de Zaragoza.

En ese sentido, son numerosos los acuartelamientos militares por toda España que han acogido un salto de exhibición de la Brigada Paracaidista: la Academia General Básica de Suboficiales (entre Tremp y Talarn, en Lérida), la base militar de Cerro Muriano (al norte de la ciudad de Córdoba), la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, en Baeza (Jaén), en Toledo junto a la Academia de Infantería, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), la base de Retamares (Pozuelo de Alarcón, al oeste de Madrid) en su inauguración...

Hay que destacar que algunos saltos eran conjuntos con el Ejército del Aire. La Bripac y la Papea compartieron exhibiciones, por ejemplo al menos en una ocasión en la Torre de Hércules, en La Coruña.

Algunos de los saltos en municipios de toda España los realizaban al finalizar ejercicios y maniobras. Una vez concluida la instrucción, realizaban exhibiciones para los vecinos de algunas localidades de la zona.

Muchos de estos saltos los hacían vestidos con el uniforme típico de la Bripac, hasta el pañuelo al cuello, armados con pistola...

Ya por entonces, en algunas exhibiciones civiles y militares, comenzaron a desplegar grandes banderas de España, antes incluso de que se instaurara esa costumbre en el desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Campeonatos en el extranjero

Militares con experiencia en la Bripac lamentan también que se ha reducido la participación de paracaidistas de la brigada en campeonatos de paracaidismo fuera de España.

Hace años era frecuente que se enviaran equipos de la Bripac a campeonatos militares de paracaidismo en Reino Unido, Grecia, Bélgica, Países Bajos... invitados por unidades militares con las que la brigada tenía relación por ejercicios multinacionales de la OTAN o bilaterales.

De igual manera, la Bripac invitaba a paracaidistas portugueses, franceses... a campeonatos que organizaba la propia brigada.

Todos estos intercambios tenían su utilidad militares, ya que los paracaidistas españoles aprendían procedimientos, descubrían nuevos materiales... que después trataban de trasladar al funcionamiento de la brigada.

Disolución del Grupo de Lanzamiento

Las fuentes consultadas que la decisión de relegar a la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas de las exhibiciones públicas, y también de los grandes desfiles militares, va provocando que pierda capacidades, y que ya apenas tenga especialistas capaces de realizar saltos de esa complejidad.

Eso a su vez supone que vean con poca esperanza la posibilidad de darle la vuelta a la situación.

Algunos fechan el inicio de ese “declive”. Entre 2006 y 2007 se aprobó y ejecutó la disolución del Grupo de Lanzamiento, que era la unidad dentro de la Bripac especializada en preparar los saltos paracaidistas del resto de unidades de la brigada.

Años después se recuperó la actual Unidad de Lanzamiento.

Fuentes cercanas a la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas admiten que la Papea sí dispone de militares capaces de realizar esos saltos con mucha precisión, ya que al ser una unidad con objetivo de exhibición y acrobacias, pueden dedicar a ello su instrucción, si bien hay que tener en cuenta que los miembros de la Papea suelen pertenecer al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (Ezapac), la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire.

Apuntan que los miembros de la Papea realizan unos cinco saltos al día, lo que les sirve para adquirir una práctica que les permite lograr una precisión casi milimétrica.

Es por ello que, igual que el paracaidista que protagonizará el salto con la bandera de España el próximo Día de las Fuerzas Armadas, lo habitual es que la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire gane, o más bien arrase, en el Campeonato Nacional de Paracaidismo Militar, sobre todo en las pruebas de precisión.

Estas pruebas consisten en que el paracaidista trate de caer en un punto preciso, en ocho saltos. Se coloca una diana de 3 centímetros de radio, sobre una “tortilla” de 15 centímetros de radio.

Los paracaidistas participantes llevan un metal en el talón, con el que tratan de caer sobre la diana. Si no, se anotan los centímetros de más que marcan con el pie.

Los miembros de la Papea ya hace años solían marcar 0, o entre 1 y 2, mientras que los de la Bripac suelen tener un mayor margen, entre 0 y 8.

El caso de Torrejón de Ardoz

Sin querer ahondar en rivalidades, pero sí con cierta envidia, fuentes cercanas a la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas ven que la Patrulla Acrobática de Paracaidismo sí se exhibe en eventos militares y civiles por toda España, mientras ellos van desapareciendo de ese tipo de actos.

Les llamó especialmente la atención que paracaidistas de la Papea realizaran un salto de exhibición en Torrejón de Ardoz en las semanas previas al salto con la bandera de España en el desfile del 12 de octubre de 2022.

Si bien el municipio de Torrejón de Ardoz, por la base aérea, puede tener cierta vinculación especial con el Ejército del Aire, no entienden que allí se exhibiera la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, con base en Alcantarilla (Murcia), a 400 kilómetros, en vez de la Bripac, que tiene su base a 5 kilómetros, 11 minutos en coche, del centro de Torrejón de Ardoz.

El Ejército de Tierra no responde

ECD envió en octubre de 2023 al Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra una consulta sobre “cuántos saltos de exhibición en eventos civiles o militares realiza actualmente la Bripac”.

Quiso saber también si esta unidad sólo recibe invitación para saltar en las fiestas de Alcalá de Henares, y si se derivan invitaciones a la Papea del Ejército del Aire, para saltar en otras localidades de toda España.

Desde el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra respondieron que no habría contestación a esa consulta.

Melilla: saltaban las dos unidades

No cabe duda de que algunas exhibiciones de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo tienen relación directa con el Ejército del Aire.

En octubre de 2023 realizó varios saltos en playas de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el 110º aniversario de la aviación en las Islas Canarias.

📽 110 Aniversario de la Aviación en las Islas Canarias.
Aterrizaje de un Stack-2 de @PAPEAire con la Bandera de Canarias en la Playa de Las Canteras, de Las Palmas de Gran Canaria.
El 5NOV repetimos junto a @patrullaguila en la Playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife pic.twitter.com/dws3UHOmOo

— PAPEA (@PAPEAire) October 30, 2023

Pero la Papea también ha asumido en exclusiva las exhibiciones en otros lugares o eventos sin esa vinculación al Ejército del Aire.

Es el caso del Día de Melilla. Cada 17 de septiembre se conmemora la conquista de la fortificación en ruinas de Melilla, y el inicio de la reconstrucción.

La Comandancia General de Melilla, del Ejército de Tierra, organiza cada año por esa fecha algunos actos militares.

En el año 2013 los melillenses pudieran disfrutar de saltos paracaidistas en la playa de Los Cárabos. Los protagonizaron tanto militares de la Brigada Paracaidista, del Ejército de Tierra, como de la Papea del Ejército del Aire.

Lo mismo sucedió al año siguiente, 2014. Y tanto Tierra como Aire recogieron en sus webs y redes sociales esta exhibición compartida.

Equipos de la @PAPEAire y #BRIPAC participan en la exhibición paracaidista en el día de #Melilla vía @COMGEMEL_ET pic.twitter.com/CN7dSxpbgV

— Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) September 17, 2014

En 2015 el Ejército del Aire no mandó a la Papea, sino a la Patrulla Aspa, de helicópteros. El Ejército de Tierra estuvo representado por la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) del Batallón del Cuartel General de la Brigada Paracaidista, que realizó un lanzamiento paracaidista táctico y otro de exhibición.

En la última celebración del Día de Melilla, el 17 de septiembre de 2023, la Comandancia General informó en Twitter de que “en el #DíaDeMelilla han tenido lugar exhibiciones en la playa de Los Cárabos por parte de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y de la Infantería de Marina, finalizando con el saludo y agradecimiento de las autoridades civiles y militares de la plaza”.

Por tanto, sólo saltó la Papea, y no la Bripac.

En el #DíaDeMelilla han tenido lugar exhibiciones en la playa de Los Cárabos por parte de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y de la Infantería de Marina, finalizando con el saludo y agradecimiento de las autoridades civiles y militares de la plaza. pic.twitter.com/efLLu5NRV2

— Comandancia General de Melilla (@COMGEMEL_ET) September 17, 2023

La política catalana ha dado un vuelco este 12 de mayo de 2023. Por primera vez desde que los nacionalistas se embarcaron en el ‘procés’ para tratar de alcanzar la independencia de Cataluña, los partidos que apuestan por la secesión no suman mayoría absoluta en el Parlament.

La subida de tres escaños de Junts, al recuperar de candidato a Carles Puigdemont (en 2021 la candidata fue Laura Borràs), se vio neutralizada por el hundimiento de Esquerra Republicana de Catalunya, que de empatar a 33 escaños con el PSC pasa a la tercera posición y pierde 13 escaños.

La CUP también se desploma de 9 a 4 parlamentarios, mientras que Aliança Catalana se estrena con dos escaños.

La suma de los cuatro partidos independentistas se queda en 61 escaños, lejos de los 68 que marcan la mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña.

Adiós a la mayoría independentista

Las elecciones autonómicas de 2012, 2015, 2017 y 2021 dieron como resultado que Convergència i Unió o Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts pel Sí cuando los dos anteriores fueron juntos, y la Candidatura d’Unitat Popular superaban juntos los 68 escaños.

Esa suma les permitió elegir como presidentes a Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, aprobar durante años los pasos hacia la secesión, lanzar el desafío en septiembre de 2017 de aprobar las leyes de desconexión y de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y finalmente declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

En las elecciones autonómicas de 2021, convocadas aún en picos altos de la pandemia del coronavirus, la participación se desplomó y el independentismo logró la victoria simbólica de superar el 50% de los votos. Pese a ello, con Pere Aragonès el Govern no lanzó otro desafío rupturista.

La última legislatura, el Parlament tenía 74 diputados de partidos independentistas (ERC, Junts y CUP). Ahora pasa a 61 escaños entre esos tres partidos y Aliança Catalana.

Una suma improbable: PSC+PP+Vox

La derrota del independentismo, en un contexto de una participación baja pero superior a la de 2021 (58% frente al 51%), no tienen visos de traducirse en que se vaya a formar un Govern netamente contrario a la independencia.

Ahora serán 74 escaños los que sumen los partidos no independentistas, si se engloba en esa categoría al Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC), Partido Popular (PP), Vox y Comuns-Sumar.

Los resultados de estas elecciones autonómicas han sido tan inusuales, que incluso alcanzan la mayoría absoluta PSC, PP y Vox -justo 68 escaños-, sin los Comuns, que aunque no apoyan la secesión, apuestan por que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación.

El PP ha logrado dar un gran salto, de los 3 escaños de 2021 a 15. Supera a Vox, pero no lo absorbe, ya que los de Abascal se mantienen en 11 escaños.

Sin embargo, las dinámicas actuales de la política nacional hacen poco probable que pueda producirse la investidura de Salvador Illa como president del Govern de la Generalitat de Cataluña gracias a los votos del Partido Popular y de Vox: por el rechazo de los socialistas al partido de Santiago Abascal, con el que se comprometieron a no pactar, y porque tampoco se prevé que Vox apoye a Illa, aunque sea para desalojar al independentismo del Palau de la Generalitat.

No hay que perder de vista que Pedro Sánchez depende de los votos de los siete parlamentarios de ERC y los otros siete de Junts en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante su programa legislativo, por lo que un portazo de cualquiera de los dos partidos independentistas catalanes dejaría en punto muerto al Gobierno de España.

ERC huye del tripartito

El único ganador de la noche es Salvador Illa. El ex ministro de Sanidad ya consiguió en 2021 ganar en votos y empatar en escaños con ERC, pero no pudo gobernar ante el acuerdo de los independentistas.

Ahora se despega claramente, con 42 escaños. Esa misma cifra consiguió Pasqual Maragall en 2003, cuando comenzaron los años del tripartito de izquierdas.

La repetición de esa combinación de gobierno -socialistas, republicanos y los herederos de Iniciativa per Catalunya- parece la opción preferida por el PSC para conseguir volver al poder en Cataluña, 14 años después de perderlo a manos de CiU con Artur Mas.

Pere Aragonès se encargó de enfriar esos cálculos de los socialistas: “ERC asumirá la voluntad de la ciudadanía y trabajaremos para continuar, pero en la oposición”, anunció el actual presidente del Govern de Cataluña.

PSC (42), ERC (20) y Comuns-Sumar (6) alcanzan la mayoría absoluta de 68 escaños. Incluso la CUP acumula otros cuatro diputados (serían 72), que dibujan una mayoría de izquierda en el Parlament.

Pero la negativa de ERC a apoyar a Salvador Illa impediría cualquier fórmula de un gobierno de izquierdas, y si se niega a ceder acerca la posibilidad de una repetición electoral si, por ejemplo, se produjera una primera investidura fallida del candidato socialista en la que sólo obtuviera 48 votos del PSC y los Comunes.

Puigdemont no gana pero no se rinde

Si el triunfador de las elecciones es Salvador Illa -si bien podría disfrutar de una “amarga victoria” si no logra ser investido-, y el gran castigado es Pere Aragonès, la decepción la protagonizan Carles Puigdemont y sus seguidores.

Junts confiaba en el ex president huido de España en 2017 para galvanizar al independentismo más irredento, superar a ERC y volver a reactivar el ‘procés’ con un Puigdemont ya amnistiado de nuevo instalado en la Casa dels Canonges, residencia oficial del presidente del Govern de la Generalitat.

El candidato descartó volver a Cataluña durante la campaña, dejándose detener -aún no se ha aprobado la amnistía y pende sobre él una orden de detención- al pisar suelo español. Anunció que volvería en el debate de investidura, confiando así en que en ese debate sería candidato a la investidura.

También dijo que, si no podía gobernar, volvería para ese debate, pero que después dejaría la política institucional, ya que no se veía como líder de la oposición.

Pese a todo ello, Puigdemont no se dio por vencido con esos resultados. En su comparecencia para valorar los resultados, animó a ERC a intentar con Junts la formación de un gobierno “sólido” y “de obediencia netamente catalana”, pero para ello tendría que lograr que el PSC se plegara y con su abstención permitiera gobernar al segundo y al tercer partido.

Aunque pueda parecer una opción remota, ECD reveló que ya en campaña hizo llegar mensajes en esa dirección al PSOE, para intentar pactar con Pedro Sánchez que Junts mantenga sosteniendo al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, a cambio de que Sánchez sacrifique la victoria de Illa y facilite que al frente de la Generalitat de Cataluña vuelva a estar Puigdemont, seis años y medio después.

Una comandante del Cuerpo Jurídico Militar ha logrado revocar en los tribunales su cese en un puesto de libre designación de la estructura del Ejército de Tierra.

La decisión fue adoptada por la subsecretaria de Defensa, por entonces Amparo Valcarce, a propuesta de la asesora jurídica del Ejército de Tierra, la general auditor Begoña Aramendía Rodríguez de Austria, la segunda mujer en llegar a general en las Fuerzas Armadas.

Dos años después de ese cese, la Audiencia Nacional lo ha anulado y ha ordenado reponer a la comandante auditor en el puesto, según una sentencia reciente consultada por Confidencial Digital.

Jefa de la Sección Jurídica en Ceuta

Esta comandante del Cuerpo Jurídico Militar había sido nombrada en 2020 jefa de la Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Ceuta.

El Ejército de Tierra cuenta con una Asesoría Jurídica en el cuartel general, en Madrid, y además dispone de once secciones jurídicas distribuidas por el territorio nacional. La primera es la de Canarias, la segunda está en Ceuta, y le siguen Melilla, Noroeste, Norte, Aragón, Noreste, Levante...

La oficial antes había sido jefa de la Asesoría Jurídica General de la Comandancia General de Ceuta, un puesto de libre designación para el que fue nombrada por orden de la Subsecretaría de Defensa el 21 de enero de 2020. Era por entonces subsecretario Alejo de la Torre.

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa aprobó el 30 de octubre de 2020 una resolución, adoptada de conformidad con las normas para la adaptación orgánica a las relaciones de puestos militares del Cuerpo Jurídico General.

El puesto de la comandante pasó a ser el de jefa de la 2ª Sección Jurídica, de Ceuta.

Cesada a propuesta de Begoña Aramendía

La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce (sucesora de Alejo de la Torre) dictó el 2 de febrero de 2022 una orden por la que cesó a esta comandante auditor como jefa de la Sección Jurídica de Ceuta.

Era un puesto de libre designación, y Valcarce invocó en su cese el artículo 25.2 del Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal militar profesional: “El cese de los militares destinados mediante libre designación podrá acordarse con carácter discrecional, bastando la invocación de la competencia para adoptar dicho acuerdo”.

Aún así, la subsecretaria justificó por qué había aprobado el cese.

En la orden se indicaba que ordenaba el cese de la comandante “a propuesta de la general auditor, asesora jurídica del Ejército”.

Por entonces, febrero de 2022, ya era asesora jurídica del Ejército de Tierra la general auditor (equivalente a general de brigada) Begoña Aramendía, quien había asumido el cargo en septiembre de 2021.

“Graves irregularidades” en la Sección Jurídica

¿Por qué la asesora jurídica del Ejército de Tierra propuso a la subsecretaria que cesara a la jefa de la Segunda Sección Jurídica, la de Ceuta?

Cuando la comandante recurrió su cese ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Defensa tuvo que remitir todo el expediente del caso.

Así salió a la luz la propuesta elevada por la general Aramendía a la subsecretaria Amparo Valcarce.

La asesora jurídica del Ejército de Tierra argumentó que había podido constatar “la existencia de graves irregularidades en la gestión y ordenación de los asuntos competencia de dicha Sección Jurídica”, la de Ceuta que dirigía esa comandante.

Explicó que había llegado a esa conclusión “como consecuencia de la inspección de la 2ª Sección Jurídica del Ejército de Tierra en Ceuta realizada presencialmente el día 15 de diciembre de 2021, y continuada desde la sede de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra en Madrid hasta el día 31 de enero de 2022”.

Al menos en el fragmento recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional, no se explica cuáles fueron las “graves irregularidades en la gestión y ordenación de los asuntos competencia” de la Sección Jurídica de Ceuta que detectó la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra.

Pero, según la general Aramendía, fueron el motivo que le llevaron a decidir semanas después, en el momento “adecuado y procedente”, proponer a la subsecretaria de Defensa que cesara a la comandante auditor jefa de esa sección jurídica.

El motivo alegado por la asesora jurídica del Ejército de Tierra fue “falta de confianza” en la comandante para el ejercicio de las funciones propias del puesto.

Recurrió contra la motivación “insuficiente”

La comandante del Cuerpo Jurídico Militar cesada pasó a la situación de servicio activo pendiente de asignación de destino.

No quedó conforme con el cese, y por ello presentó un recurso para tratar de revocar la orden de la subsecretaria de Defensa que la había apartado del mando de la Sección Jurídica de Ceuta.

Alegó que la explicación ofrecida en la orden de cese, y en la propuesta formulada por la asesora jurídica del Ejército, resultaba “insuficiente” para determinar la razón de la decisión adoptada.

Denunció que el cese se había argumentado por medio de “frases estereotipadas, lugares comunes o amplios conceptos” que no aclaraban el motivo de Defensa para quitarle el mando.

También señaló que su anterior jefe orgánico, es decir, el general que ocupó el cargo de asesor jurídico del Ejército de Tierra antes que Begoña Aramendía, la había felicitado a ella por la labor que realizaba en la Sección Jurídica de Ceuta.

Se debe justificar la pérdida de confianza

Aunque la Ley de la Carrera Militar y el Reglamento de destinos del personal militar permiten cesar a los nombrados por libre designación “libremente” y “con carácter discrecional”, los jueces han ido acotando esa discrecionalidad.

Sucesivas sentencias han obligado a las administraciones a motivar de manera justificada los ceses de personal nombrado mediante libre designación, para así evitar destituciones arbitrarias.

Los magistrados de la Audiencia Nacional que resolvieron el recurso de esta comandante del Cuerpo Jurídico Militar recordaron que “la jurisprudencia exige no sólo la motivación formal del cese en el puesto o destino de libre designación por razones de idoneidad profesional sino, además, la exigencia de que esa motivación no sea vaga, imprecisa o rituaria, a base de expresiones opacas, estandarizadas”.

Según esa jurisprudencia, la autoridad que apruebe un cese en un destino de libre designación debe dar razón “de por qué la confianza profesional que motivó el nombramiento ha decaído y por qué ya no se reúnen las condiciones para desempeñar un destino atendiendo a sus requerimientos”.

Debieron explicar las “irregularidades”

En base a esos requisitos, la Audiencia Nacional no consideró suficiente la motivación que incluyó la subsecretaria de Defensa en la orden por la que cesó a la comandante.

Entendió que las referencias a “graves irregularidades en la gestión” eran “claramente imprecisas”.

Criticó que en la orden de cese sólo hubiera una “mera referencia a las irregularidades padecidas por la actora en la gestión de las atribuciones propias del cargo entonces desempeñado”.

Para los magistrados, sobre esa gestión “obviamente debió versar la justificación del cese”.

Sin embargo, esas referencias no aportaban “explicación alguna de la pérdida de confianza”, y por tanto no posibilitaban la defensa de la comandante ni el control jurisdiccional de la decisión administrativa.

El resumen de los jueces de la Audiencia Nacional es que “la resolución recurrida se limitó a afirmar el incumplimiento” por la comandante de sus tareas o funciones.

Felicitación por la crisis de Ceuta en 2021

Llegaron a definir la explicación de Defensa sobre el cese como “vacuidad”, que a su juicio “se muestra, si cabe con más claridad, si se tienen en cuenta las felicitaciones a la recurrente, emitidas con fecha de 14 de junio de 2021 por el entonces general auditor, asesor jurídico del Cuartel General del Ejército de Tierra”.

El antecesor de la general Aramendía, meses antes de que ésta le sustituyera, emitió una felicitación para la comandante auditor “por la excelente labora desempeñada al frente de la 2ª Sección Jurídica de Ceuta desde su creación y, en particular, durante los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta los pasados días 17 al 19 de mayo del año en curso”.

Hay que recordar que el 17 de mayo de 2021 comenzó una avalancha de miles de extranjeros que desbordaron las fronteras de Ceuta desde Marruecos. La crisis obligó a desplegar a militares del Ejército de Tierra en la frontera.

Semanas después, la fiscalía planteó llamar a declarar a militares desplegados, en la investigación sobre posibles devoluciones ilegales de menores que habían cruzado la frontera española.

Toda esa crisis supuso un desafío para la Comandancia General de Ceuta, en un escenario de lo que se conoce como “zona gris”, en la que una potencia rival pone a prueba la estabilidad de un país mediante acciones no directamente bélicas, como puede ser una avalancha de inmigrantes ilegales sobre sus fronteras.

Hay que recordar que algunos colectivos de militares animaron a los soldados de Ceuta, y de Melilla si se diera allí el caso, a negarse a ser desplegados en las fronteras si no se les garantizaba asesoramiento jurídico para evitar posibles consecuencias penales de esa actuación.

Calidad profesional y “magnífica disposición”

El caso es que el anterior asesor jurídico del Ejército de Tierra aprobó una felicitación por esa actuación para la jefa de la Sección Jurídica del Ejército en esa ciudad autónoma.

“La calidad profesional de su trabajo y su magnífica disposición hacia el servicio hacen que la considere merecedora tanto de esta felicitación como de mi agradecimiento personal por su buen hacer que, sin duda alguna, redunda en el buen nombre del Cuerpo Jurídico Militar y en beneficio del Ejército y, en definitiva, de nuestras Fuerzas Armadas”, dejó escrito el anterior asesor jurídico del Ejército de Tierra en la felicitación a la comandante auditor.

A la vista de esa felicitación, en la sentencia la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se explica que “consideraciones como las anteriores no habrían descartado, desde luego, la posible concurrencia de razones determinantes de la cuestionada pérdida de confianza”.

Eso sí, “atendidos los términos en que se expresaron” esos elogios, “y su procedencia de quien, como es notorio y conocido, fue sustituido por el mando que propuso el cese de la actora, acentúan claramente la importancia que a efectos de justificar la concurrencia del presupuesto exigido asume el razonamiento que debió acompañar la decisión adoptaba”.

Es decir, que ante esos elogios anteriores, la subsecretaria de Defensa y la asesora jurídica del Ejército de Tierra estaban aún más obligadas a detallar los motivos del cese, que explicaran por qué habían perdido la confianza en esta comandante auditor como jefa de la Segunda Sección Jurídica.

Por todo ello, la Audiencia Nacional decidió estimar el recurso de la comandante y declarar la nulidad de la orden de la subsecretaria de Defensa.

Eso supone la reposición de la oficial del Cuerpo Jurídico Militar en el puesto en que fue cesada, en Ceuta, “con los derechos administrativos y económicos procedentes”.

Además, condenó al Ministerio de Defensa al pago de las costas causadas en este proceso.

El Ministerio de Defensa va a retocar el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, entre otros motivos para aclarar la situación de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que pasan a trabajar en la OTAN, pero no enviados en representación de España.

La Audiencia Nacional ha dado la razón en sentencias recientes a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, que pretendían continuar en la situación de servicios especiales para trabajar en puestos de la estructura de la OTAN.

El Ministerio de Defensa les denegó prorrogar esa situación de servicios especiales más allá de los tres años previstos inicialmente. Recurrieron por la vía contencioso-administrativa, y ganaron.

Para clarificar ante “cierta confusión”

Confidencial Digital ha podido comprobar que el Ministerio de Defensa ha elaborado, y tiene pendiente de aprobar, un real decreto para modificar el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre.

En el texto redactado por Defensa se explica que la nueva redacción de un punto de ese reglamento va a establecer “quién tiene la consideración de personal estatutario de la OTAN a efectos de poder pasar a la situación de servicios especiales, ya que en la Regulación del Personal Civil de la OTAN (NATO CPR) no existe este concepto y genera cierta confusión”.

Por tanto, el objetivo del cambio normativo es “clarificar la definición de personal estatutario OTAN en relación con la situación de servicios especiales”.

Personal estatutario de la OTAN

En el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales actualmente vigente, el artículo 18.1.k) se indica que los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración serán declarados en la situación de servicios especiales cuando “adquieran la condición de personal estatutario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el caso de que no ocupen puestos orgánicos relacionados con seguridad y defensa en esta organización”.

El artículo 19.5, sobre la declaración de la situación de servicios especiales, determina que “la condición de personal estatutario de la OTAN, deberá ser acreditada por el interesado mediante certificado emitido por el organismo de la OTAN competente”.

Defensa va a modificar ese artículo 19.5, que quedará redactado de la siguiente manera:

-- “5. A los efectos de lo contemplado en el artículo 18.1 k), se considera personal estatutario de la OTAN solamente al personal militar definido como “seconded staff” en la Regulación del Personal Civil de la OTAN (NATO CPR)”.

Propuesta de la asociación de suboficiales

Hay que señalar que ya antes de que la Audiencia Nacional dictara esas sentencias sobre militares con puestos en la OTAN, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro) presentó al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas una propuesta sobre este asunto.

Planteó “que los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración que obtienen puestos OTAN directamente a través de ofertas de trabajo que publica esta organización no relacionados con seguridad y defensa sean declarados en situación de servicios especiales en virtud del 109.1.k) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar”.

Según explicó esta asociación de suboficiales en su propuesta (que se puede consultar íntegra pinchando aquí), ese artículo se aplicaba “a los militares de carrera y a los militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración que obtienen un puesto OTAN directamente a través de ofertas de trabajo que la OTAN publica en su página web”.

Error con el personal “non-seconded”

Al parecer, “hasta mediados del año 2021 la Subsecretaria de Defensa otorgaba el pase a la situación de servicios especiales por el apartado k [109.1.k) LCM] sin mayor problema”.

El militar interesado tenía que enviar una solicitud, adjuntando el certificado de Recursos Humanos de la OTAN en virtud del artículo 19.5 del Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre: “5. La condición de personal estatutario de la OTAN, deberá ser acreditada por el interesado mediante certificado emitido por el organismo de la OTAN competente”.

Según Asfaspro, “en los certificados figuraba erróneamente que se trataba de personal SECONDED y que requería la autorización de las NATIONAL AUTHORITIES”.

El personal militar “seconded” es aquel que es comisionado a algún órgano de la OTAN de acuerdo con las autoridades nacionales, como representante o cuota de España ante la alianza.

Pero casos como los que resolvió la Audiencia Nacional son de militares que obtienen un puesto de trabajo en la OTAN, no como enviados de España, sino que son personal “non-seconded”, contratados por la alianza directamente, sin necesidad de autorización nacional.

“Seconded staff” o personal adscrito

“Amparándose en este error” de “seconded” y “non-seconded”, “a partir de mediados de 2021 la Subsecretaria de Defensa empezó a otorgar servicios especiales por el apartado b [109.1.b) LCM], que dice: “b) Sean autorizados por el Ministro de Defensa para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional”.

La Asociación Profesional de Suboficiales explicó que las autorizaciones de servicios especiales se otorgan por ese apartado b) a aquellos militares “que sí son propuestos por España para ocupar vacantes en dichas organizaciones y a las que el interesado no puede optar directamente”, por ejemplo en la OCCAR (Organización para la cooperación conjunta en materia de armamento) y NETMA (Agencia OTAN de Gestión del Eurofighter y del Tornado).

Resulta que la OTAN tiene un estatuto de personal civil (NATO Civilian Personnel Regulations, NCPR), y Asfaspro destaca que es un “documento jurídico del que España es parte ya que se aprueba en el Consejo del Atlántico Norte”.

Ahí se define el personal “seconded staff” o personal adscrito, que es aquel personal civil internacional contratado, con el consentimiento de las autoridades nacionales interesadas, con dos procedencias:

-- de una administración nacional, institución pública o fuerzas armadas de un estado miembro de la OTAN, que mantengan un vínculo formal con la administración, institución o fuerzas armadas en las que fueron reclutados;

-- que estén disponibles para servir como personal civil internacional en virtud de acuerdos celebrados con el Consejo en virtud del artículo 19 del Acuerdo sobre el estatuto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, representantes nacionales y personal internacional o el artículo 7.2 del Protocolo sobre el estatuto de los cuarteles militares internacionales creado de conformidad con el Tratado del Atlántico Norte. En la medida en que el Reglamento del Personal Civil se aplica al personal adscrito en virtud de estas disposiciones podrá establecerse en acuerdos entre la Organización y el Estado Miembro interesado.

Asfaspro señaló que “el apartado b requiere de un informe favorable de los Ejércitos y el k no lo requiere”. En ese sentido, “el Ejército de Tierra limitó el tiempo en servicios especiales a 6 años, y el Ejército del Aire y del Espacio a 5 años”.

Varios de los militares que cumplieron esos tiempos en 2022 fueron requeridos a solicitar excedencia voluntaria, y según esta asociación, “se desconoce la justificación razonada de los límites de tiempo que aplican los ejércitos. Tampoco se observa un criterio claro en la aplicación del k, a pesar de lo establecido en la Ley de la Carrera Militar”.

Denegaciones de pase a servicios especiales

A principios de 2023 hubo un cambio. El departamento de recursos humanos de la OTAN “redactó un nuevo certificado, que cambiaba la modalidad de contrato a DIRECT HIRE y no requería la autorización de las Autoridades Nacionales”, explicó la asociación de suboficiales en su propuesta.

Asfaspro denunció a a partir de entonces “la respuesta de la Subsecretaría de Defensa fue directamente denegar el pase a servicios especiales argumentando que el personal militar que opta por acceder con estatus de NON-SECONDED (no secundado por sus autoridades), o DIRECT HIRE (contratación directa), debe ser únicamente aquel que haya roto el vínculo con su organización de origen y, por lo tanto, no requiere del consentimiento nacional”.

La consecuencia de ello es que los militares que fueran contratados por la OTAN debían solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, o bien tenían que cesar su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, por su pase a retiro, renuncia o pérdida de la condición de militar.

No había posibilidad de que pudieran trabajar para la OTAN manteniéndose en situación de servicios especiales, lo que perjudicaba su carrera profesional.

Excedencia o servicios especiales

“Las condiciones legales de solicitud y los efectos sobre la carrera profesional de la situación de servicios especiales y de excedencia voluntaria por interés particular son diferentes. De la lectura de los artículos 109.2-5 y 110.3 LCM se deduce que en el caso de la excedencia voluntaria por interés particular el interesado debe cumplir mayor número de requisitos para su solicitud y sufre mayores perjuicios profesionales”, destacó la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Una diferencia es que “mientras que la reincorporación a las Fuerzas Armadas desde servicios especiales es muy rápida, en el caso de excedencia voluntaria el interesado debe cumplir el tiempo mínimo de permanencia de dos años”.

Por todo ello, Asfaspro propuso que “los militares de carrera y los militares de tropa y marinería con compromiso de larga duración que obtienen puestos OTAN directamente a través de ofertas de trabajo que publica esta organización no relacionados con seguridad y defensa sean declarados en situación de servicios especiales en virtud del 109.1.k) de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar”.

Defendió que “este personal incrementa la presencia de España en organismos internacionales, mejorando la imagen de nuestro país en el extranjero a coste cero para el Estado. Al mismo tiempo, la formación y experiencia adquirida en los puestos ocupados revierte en la Fuerzas Armadas a su regreso -son contratos temporales-, todo ello sin coste para la Administración”.

Informe de la Asesoría Jurídica

Pero entonces la propuesta de Asfaspro fue desestimada en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa argumentó que un informe de la Asesoría Jurídica General de la Defensa había concluido que solo el personal militar “seconded” (comisionado de acuerdo con las autoridades nacionales) pasa a servicios especiales, mientras que el personal militar “non-seconded” (o contratación directa sin necesidad de autorización nacional) debe solicitar excedencia voluntaria o la pérdida de la condición militar.

Es decir, la Asesoría Jurídica General de la Defensa entendía que el Estatuto de Personal Civil OTAN no es de aplicación al militar hasta que no se desvincula.

Crítica de Asfaspro

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas considera que la solución que va a adoptar el Ministerio de Defensa para “clarificar la definición de personal estatutario OTAN en relación con la situación de servicios especiales” no se ajusta a lo que estableció la Audiencia Nacional en las sentencias citadas.

Prevé que otros militares que ocupan puestos de trabajo en la OTAN y se vean afectados presenten recursos contra este cambio.

El Ministerio de Defensa va a aprobar un Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas, con el que pretende fomentar la práctica deportiva entre los militares y mejorar su salud.

Confidencial Digital ha consultado el texto de la orden ministerial que ha redactado el departamento de Margarita Robles y que aún está pendiente de aprobación.

Defensa parte de distintas leyes y normas que encomiendan al ministerio la misión de promover en las Fuerzas Armadas la actividad física y el deporte.

“La necesidad de la ordenación persigue la garantía de su libre ejercicio, así como la promoción de valores esenciales en la sociedad y en las Fuerzas Armadas, como la igualdad, la inclusión, la participación, la ética y el juego limpio, la competitividad razonable y ordenada, la mejora de la salud física, mental y social y la superación personal”, explica el ministerio.

Esa ordenación “se debe asentar en un plan para el fomento de la actividad física y el deporte que favorezca y garantice su práctica en las mejores condiciones de seguridad y salud”, eso sí, “siempre de acuerdo con las necesidades y medios de las Fuerzas Armadas”.

La aplicación del plan estará dirigida y coordinada por el Consejo Superior del Deporte Militar, órgano dependiente de la Subsecretaría de Defensa.

Disminuir el sedentarismo y la obesidad

El ministerio se ha fijado dos objetivos, que pretende alcanzar con el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas.

El primer objetivo consiste en “incrementar la actividad física del personal militar”, y con ello “mejorar la salud, disminuir los índices de sedentarismo, obesidad y fomentar los hábitos saludables, ayudando a prevenir enfermedades psico-físicas”.

El segundo objetivo es “potenciar la práctica y competiciones de los deportes militares”: tanto la práctica deportiva general como en especial la de los deportes militares reconocidos por el Consejo Superior del Deporte Militar, así como la organización y participación en los campeonatos deportivos militares nacionales e internacionales.

Planes en la Legión y la Bripac

Puede parecer que la obesidad y el sedentarismo son problemas muy alejados de unas fuerzas armadas, pero en España se han producido algunas alertas en ese sentido.

El diario El País reveló en enero de 2018 que la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ IIª de la Legión, con base en Viator (Almería), había puesto en marcha un plan forzoso de dieta y ejercicio físico para aquellos miembros de la unidad que superaban ciertos parámetros de peso.

El Ejército de Tierra se apresuró a precisar que ese plan sólo afectaba a 180 militares, un 6% de los más de 3.000 que integraban la brigada.

Esas noticias provocaron comentarios de legionarios entre la indignación y la ironía: que aseguraban que quienes forman parte de unidades operativas, por supuesto que están en condiciones físicas óptimas para desempeñar sus funciones: prueba de ello es que superan marchas de hasta 50 kilómetros y otras actividades de gran desgaste.

ECD contó por entonces que, ya un año antes de esas noticias, en la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (Bripac) también se había empezado a implantar un “Plan de Índice de Masa Corporal”.

Estudio sobre la tripulación de una fragata

Cinco años después de esa polémica, un grupo de oficiales de Enfermería destinadas en unidades de la Armada llevaron a cabo un estudio sobre el estado físico de alrededor de 200 militares embarcados en una fragata de la base naval de Rota.

En las primeras analíticas, un 15% de los sujetos presentó valores de glucosa en sangre elevada, casi la mitad, el 47,6%, tenía dislipemia, alteración en los niveles de grasas, sobre todo de colesterol y triglicéridos. De hecho, el 15% tenía los triglicéridos más altos de lo normal.

Transcurridos los doce meses, los resultados de las analíticas reflejaron que los parámetros se estaban normalizando en todas las variables bioquímicas, aunque los cambios más significativos fueron el aumento de las concentraciones séricas de HDL-colesterol casi un 10,68% y la disminución de los triglicéridos un 19,33%.

Teniendo en cuenta que tanto los medidas de índice de masa corporal como las variables bioquímicas mejoraron durante los 12 meses que duró el programa debido al cambio de los hábitos de vida de los militares, dicho estudio evidenció que si existiera un “programa de promoción de hábitos saludables basado en consejos dietéticos y ejercicio físico” para el personal militar de la Armada con sobrepeso y obesidad se normalizarían sus índices de masa corporal y sus concentraciones de grasa en la sangre, según los autores del estudio.

Aparte de la instrucción físico militar

En el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas que prevé aprobar el Ministerio de Defensa se define actividad física como “todo tipo de ejercicio físico que, mediante una participación, individual o colectiva, organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del tiempo de ocio, realizada en el medio natural en instalaciones militares u otras”.

Por deporte se entiende “aquella práctica o ejercicio físico, sujeta a determinadas normas o reglamentos, en que se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física.

A efectos de este plan, serán considerados como deportes o modalidades deportivas, los reconocidos por el Consejo Superior de Deportes, mientras que tendrán la consideración de deporte militar nacional los reconocidos por el Consejo Superior del Deporte Militar (CSDM), y la de deporte militar internacional los reconocidos por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM).

En el texto de la futura orden ministerial se precisa que la instrucción físico militar es “aquella parte de la instrucción cuyo objetivo es la consecución de la óptima preparación física y mental del militar para el cumplimiento de su misión”.

Esta instrucción físico militar no se regula en el plan, sino que “será objeto de regulación en los Ejércitos y en la Armada”.

Al menos tres horas a la semana

Se centra en la práctica físico-deportiva. Defensa ha decidido que “el tiempo mínimo dedicado en las unidades centros u organismos a la práctica físico-deportiva será de tres horas semanales”.

Lo ha fijado así conforme al artículo 8 de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, y siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud.

“Los tiempos mínimos semanales dedicados a la práctica deportiva se basarán en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, que recomiendan una actividad física durante al menos 150 a 300 minutos semanales para las edades comprendidas entre 18 y 64 años”, justifica la orden ministerial.

Apostilla Defensa que en esas tres horas semanales de práctica no se incluyen las actividades de instrucción físico militar antes citadas.

Participación en campeonatos militares

Este Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en las Fuerzas Armadas contempla distintas líneas de acción. En el ámbito de la difusión, se tratará de “fomentar en el personal militar los hábitos saludables, la actividad física y el deporte como fuente de salud y la condición física necesaria para el cometido de los desempeños profesionales”.

Para ello, se dará a conocer al personal militar los planes genéricos y específicos de actividad física y deporte que se elaboren en el marco del área de formación, así como los planes de hábitos saludables que se elaboren en el marco del área de salud.

También se informará a los militares sobre el plan anual de actividades del Consejo Superior del Deporte Militar, “con objeto de fomentar la participación en los campeonatos deportivos militares”.

Planes de hábitos saludables

El Consejo Superior del Deporte Militar y otras autoridades también deberán poner en marcha una serie de medidas sobre salud, para “apoyar, guiar y educar, acorde a la condición físico-psíquica del militar, en el deporte y la actividad física, mejorando el estado de salud y previniendo ciertas enfermedades”.

Elaborarán unos planes de hábitos saludables y vida sana: unos genéricos, para todo el personal de las Fuerzas Armadas, y otros específicos, para colectivos concretos.

Se les encomendará también impulsar programas de prevención de enfermedades cardiovasculares, musculo esqueléticas y promoción de buenos hábitos de salud, y de prevención de lesiones, así como de recuperación de éstas mediante la adaptación de la actividad física y el seguimiento profesionalizado.

Los órganos y autoridades responsables en la ejecución de este plan serán el Consejo Superior del Deporte Militar; pero también el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, la Jefatura de Personal de la Armada y el Mando de Personal del Ejército del Aire, en su ámbito de responsabilidad, desarrollarán cuantas acciones estimen oportunas para el cumplimiento del Plan.

Además, las Juntas Centrales de Educación Física y Deportes de los Ejércitos y la Armada, la Comisión Permanente y Secretaría General del CSDM, la Subdirección General de Enseñanza Militar y la Escuela Central de Educación Física, que serán responsables del desarrollo de las líneas de acción bajo su responsabilidad.

El servicio de inteligencia ucraniano (se entiende que el SBU), el Servicio Federal de Seguridad o FSB ruso (sucesor del KGB), y hasta el servicio de inteligencia militar del antiguo Ejército Rojo (el GRU) aparecen citados en el relato de un hombre de nacionalidad ucraniana que ha ganado la batalla por obtener protección internacional en España.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Audiencia Nacional, que estima el recurso de este ucraniano y revierte parcialmente la decisión del Ministerio del Interior.

El protagonista de esta historia formalizó una solicitud de protección internacional el 10 de mayo de 2018 ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Bilbao.

Tuvo respuesta tres años después. La subsecretaria de Interior firmó el 25 de noviembre de 2021 una resolución por la que le denegó el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

El afectado recurrió ante la Audiencia Nacional. Solicitó que se declarara su derecho a obtener el estatuto de protección internacional como refugiado, y subsidiariamente pidió que se le reconociera el estatuto de la protección internacional subsidiaria, otro tipo de protección internacional distinta al asilo.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó el pasado 20 de marzo una sentencia por la que estima parcialmente ese recurso, y anula la resolución de la subsecretaria de Interior sólo en cuanto deniega la protección subsidiaria, y por tanto declara el derecho de este ucraniano a dicha protección subsidiaria.

Organizó milicias separatistas prorrusas

Para defender su derecho a ser acogido en España, este hombre alegó que tenía miedo a ser perseguido por las autoridades de Ucrania, y por eso no le podían obligar a volver a su país de origen.

¿Por qué le “perseguían” las autoridades ucranianas? Lo achacó a su actividad política a favor de la secesión de Lugansk, una de las dos regiones del este de Ucrania (junto con Donetsk) en las que los separatistas prorrusos se alzaron en 2014 para tratar de conseguir segregar el territorio del conjunto de Ucrania.

El solicitante de asilo aseguró que había sido “amigo cercano” del líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk, que si bien no se cita por su nombre, debe ser Valeri Bólotov, quien lideró las instituciones políticas que los separatistas levantaron en 2014 en esa región.

Además de esa amistad, este ucraniano prorruso relató ante la Policía Nacional, cuando pidió asilo al llegar a Bilbao en 2018, que se había encargado de organizar los preparativos para formar las milicias de la República Popular de Lugansk que se enfrentaron a las fuerzas armadas ucranianas y a milicias antiseparatistas en la guerra civil que comenzó en 2014.

Detenido por la inteligencia ucraniana

“Comenzó a tener problemas en su país el pasado día 10 de abril de 2014”, según el relato recogido por la sentencia, “cuando el Servicio de Inteligencia Ucraniano entró en su domicilio familiar en Stakhanov, Ucrania (el solicitante vivía entonces con su madre) derribando la puerta con un explosivo. El solicitante fue arrestado y trasladado hasta unas dependencias del Servicio de Inteligencia en Lugansk”.

Hay que señalar que el referéndum de secesión de Lugansk se celebró en mayo, y las nuevas autoridades declararon la independencia. Pero antes, en abril, se habían producido levantamientos violentos, incluido el asalto de un grupo de manifestantes a un edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por las siglas transliteradas del ucraniano), la agencia de seguridad nacional y servicio de inteligencia interior de Ucrania.

Le acusaron de ser espía ruso

El caso es que -siempre de acuerdo con los hechos relatados por el solicitante de asilo- miembros del SBU ucraniano entraron en casa de este destacado prorruso en Lugansk y se lo llevaron detenido.

En la sede del servicio, “los agentes le apuntaron con sus armas, amenazándole con el objetivo de que confesara que era miembro del servicio de inteligencia ruso”. La sentencia no precisa a cuál de las agencias de inteligencia de Rusia le acusaban de pertenecer.

“Después de varias horas de amenazas y agresiones físicas, el solicitante fue trasladado hasta las dependencias centrales” del SBU en Kiev, “donde permaneció confinado en una celda de aislamiento durante tres o cuatro días, donde permanentemente estaba acompañado por dos agentes, que siempre tenían las luces encendidas con el fin de no permitirle dormir”.

Fue transferido a la policía ucraniana y después enviado a una cárcel de Kiev. Pasó en esa cárcel 59 días, y “durante este tiempo, incluso los mismos funcionarios de la prisión seguían acusando al solicitante de ser un integrante del servicio de inteligencia ruso”.

Huyó a Rusia con su madre

Salió de la cárcel porque se produjo un intercambio de prisioneros entre el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos.

Pero cuando quedó libre y volvió a su ciudad, Stakhanov (llamada así en la etaopa soviética, ahora es Kádievka), “se apercibió de que la ciudad estaba tomada por varias furgonetas blindadas pertenecientes al servicio de inteligencia ucraniano, por lo que temiendo volver a ser arrestado, se vio obligado a pasar un par de noches en el domicilio de un amigo”.

En el transcurso de la guerra civil, esa ciudad fue tomada por los separatistas prorrusos dos o tres días después, y entonces ya “pudo volver a casa de su madre para que esta supiera que se encontraba bien”.

Pero decidió escapar del conflicto bélico. Convenció a su madre y juntos se marcharon a Rusia, a la ciudad de Rostov-Na-Donu, región rusa más próxima a Kádievka.

FSB, servicio de inteligencia heredero del KGB

La huida a Rusia no terminó con sus problemas. En junio de 2014 acudió al servicio de inmigración ruso para solicitar asilo, y le contó todo lo sucedido a un funcionario, que “llamó a alguien por teléfono contándole lo que el solicitante había manifestado”.

Tras colgar, el funcionario le dijo que no podía hacer nada por él: de su caso se iba a encargar el FSB.

El Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) es el servicio de inteligencia interior y contrainteligencia de Rusia. Es heredero del Comité para la Seguridad del Estado (KGB) de la etapa comunista. Vladimir Putin llegó a ser director del FSB.

Este ucraniano esperó algunos días más en el campamento de alojamiento temporal para refugiados ucranianos que se había levantado en Rostov. Recibió una llamada del FSB, en la que le pidieron que les entregara toda la documentación relativa a lo que le había sucedido en Ucrania.

Un vídeo para acusar al gobierno de Ucrania

Comenzó así la relación de este ucraniano prorruso con el FSB, al menos, según su versión. Esa relación también derivó en acoso o persecución, como había ocurrido con el servicio de inteligencia ucraniano.

El protagonista y su madre fueron realojados en la ciudad de Taganrov, donde recibió varias visitas de miembros del FSB ruso que querían más detalles de su historia.

Le mandaron a entrevistarse con el responsable regional del mismo Servicio Federal de Seguridad. En esa entrevista concluyó que este alto cargo “parecía estar muy interesado en los métodos utilizados por el servicio de inteligencia ucraniano y en la situación del hijo del solicitante, de 25 años de edad y que vive en una región cercana a Moscú”.

Desde el servicio de inteligencia ruso le propusieron colaborar con el FSB. La plantearon que grabara un vídeo, en el que aparecería contando que la inteligencia ucraniana le había enviado a Rusia, a Rostov, para cometer actos terroristas.

Este hombre se asustó: “Ante la posibilidad de que el FSB utilizase este vídeo en contra del solicitante, se vio obligado a rechazar la oferta de colaboración”. El alto cargo del servicio ruso le dijo que mantendrían el contacto.

Inteligencia militar: el GRU

En el relato introduce a un tercer servicio de inteligencia: “Ante la delicada situación en que se encontraba, el solicitante decidió ponerse en contacto con un antiguo conocido junto con el que prestó el servicio militar obligatorio en la División del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército Rojo”.

Cabe suponer que se refiere al Glavnoye razvedyvatel'noye upravleniye (GRU), ahora Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y antes Directorio Principal de Inteligencia de la URSS: el servicio de inteligencia militar de Rusia.

Este conocido de la etapa del servicio militar residía en Moscú, pero precisamente cuando recibió esa llamada se encontraba “en el sur de España”.

Esta persona le llamó una semana después. Dijo haber hablado con personal del FSB, que le había pedido que el ucraniano se dirigiera a las oficinas del servicio en Moscú.

Volver a Ucrania como agente del FSB

Pasó “un mes de entrevistas en las oficinas centrales del FSB en Moscú”. Un día entró en el despacho donde le estaban entrevistando “un mando de alta graduación”, que resultó ser un general.

Le dijo que su caso les resultaba muy interesante, y le hizo una propuesta, distinta a la de grabar un vídeo. Le planteó que colaborara con el FSB, de forma que volviera a su ciudad, Kádievka, “para servir de enlace entre los cabecillas de los milicianos separatistas rusos” en Lugansk, en nombre del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

El protagonista no dio una respuesta, ni afirmativa ni negativa. Posteriormente deslizó que quería acogerse a un programa de repatriación de antiguos nativos de Rusia, porque su abuela materna era de origen ruso, e instalarse en la ciudad rusa de Ussurisk, región de Primorsk.

Desde el FSB le dejaron claro que sería mejor que se quedara en Moscú, “ya que tal y como se estaba desarrollando la guerra en Ucrania, que no se sabía cómo iba a acabar, era posible que el FSB necesitara a gente formada de Ucrania para ocupar puestos de responsabilidad en el gobierno ucraniano”.

Según el relato que hizo en España este hombre, él sabía “que esto último obviamente era mentira”. Consiguió que le dejaran marcharse a Ussurisk con su madre, quien consiguió un permiso de residencia temporal en Rusia, que se otorgaba un año después de solicitar asilo temporal.

A su llegada a Ussurisk el 30 de octubre de 2015 junto a su madre, el solicitante por fin pudo pedir asilo temporal al servicio de inmigración. Pero el centro de acogida cerró, y volvieron los problemas.

“No era bien recibido en Rusia”

Recibió una nueva visita de un agente del FSB y volvió a mudarse cerca de Moscú.

“Se reanudaron los antiguos interrogatorios que había mantenido en Moscú con el FSB. En una de estas entrevistas, le pidieron que sacara todas sus pertenencias y actuaron con él de una forma muy hostil. Le ofrecieron la posibilidad de hacer una prueba de polígrafo (de la verdad), a lo que el solicitante accedió”, y de hecho pasó varias veces por el polígrafo.

En los resultados, le dijeron que estaba mintiendo y le volvieron a exigir que grabase un vídeo acusando a Ucrania de haberle enviado a atentar en Rusia. Él se negó, y la inteligencia rusa endureció el tono: “Tras su negativa, el agente del FSB le dijo que no era bien recibido en Rusia, preguntándole también el solicitante al agente si podía regresar a Stakhanov, región ucraniana separatista de Rusia. Pero el agente le dijo que no sobreviviría allí dos semanas”.

Nauseas y vómitos tras una visita del FSB

Un alto cargo del FSB que ya había seguido su caso le visitó en su casa, de forma “extraoficial”.

Compraron cervezas y comida, estuvieron conversando un par de horas y el oficial de inteligencia pidió ir al baño. Cuando se marchó el espía, después de una rápida despedida, el ucraniano entró al baño: repentinamente, sintió nauseas muy intensas, y salió corriendo del baño para acabar vomitando por la ventana del salón. Sentía verdaderas dificultades parar espirar y mantenerse en pie. Tras permanecer más de media hora con la mitad de su cuerpo asomado a la ventana con el fin de airearse, empezó a recobrar la capacidad normal para respirar”.

Empezó a pensar “que el FSB pretendía acabar con su vida”.

No hay que olvidar que espías rusos y opositores a Putin han muerto envenenados, como Alexander Litvinenko en Londres (un té con polonio 210) y Sergei Skripal (con Novichok). Skripal tuvo en su momento contactos con el CESID español.

Aquella misma noche, a finales del mes de julio de 2016, compró un nuevo teléfono móvil y una tarjeta SIM y se deshizo de los anteriores.

Dejó de ir a trabajar, cogió un tren y se marchó a vivir con otro antiguo compañero del servicio militar.

O se iba, o le entregarían a Ucrania

Volvieron a localizarle el día que a su madre le dio una arritmia y tuvo que identificarse con su nombre al llamar a una ambulancia.

Al día siguiente, recibió una nueva visita de ese oficial del FSB, acompañado de otra persona que grababa todo con una cámara de vídeo. Le entregaron un papel en el que el servicio le daba un ultimátum de 72 horas: o abandonaba Rusia, o le entregarían a los servicios de inteligencia ucranianos.

Acabó firmando ese documento, donde también le prohibían volver a Rusia hasta 2030.

Vetado en los Balcanes, llegó a Bilbao

Le devolvieron el pasaporte ucraniano. Trató de pedir un visado para entrar en la Unión Europea: imposible.

Lo intentó en Montenegro, y también se lo denegaron. “Un alto funcionario del servicio de asilo montenegrino le recomendó no pedir asilo en países balcánicos, ya que todos ellos tienen conexión con el FSB”.

Así que decidió alejarse de los Balcanes, y acabó llegando a Bilbao. No se explica el porqué de esa elección, ni por qué vía (avión, barco...) llegó al País Vasco.

En la capital de Vizcaya le atendieron en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde le informaron de los trámites para formular una solicitud de protección internacional.

Lesiones a su madre, maltrato a policías

Si esta extensa historia no fuera suficiente, este hombre de nacionalidad ucraniana alegó que “la acusación de alta traición que pesa sobre él en Ucrania no es cierta, ya que incluso sus datos aparecen en un registro web ucraniano de ciudadanos nacionalistas, y que le acusan de participar en actividades bélicas a favor de los separatistas, cuando su detención se produjo antes de que se hubiese realizado cualquier maniobra militar”, en 2014, como se ha explicado.

Cabe añadir que algunos documentos aportados al procedimiento judicial parecen apuntar a nuevos episodios conflictivos en la vida de este ucraniano: un auto de imputación del Juzgado del Distrito Shevchenko de la ciudad de Kiev; escrito de imputación del mismo juzgado; atestado sobre la detención... y junto a otros documentos, “informe clínico del Servicio de Urgencias del Hospital de Cartagena que recoge las lesiones que el solicitante produjo a su madre”, y “denuncia presentada contra el solicitante por malos tratos físicos en la Dirección de Policía de Cartagena”.

Protección subsidiaria

Cuando el caso de este hombre llegó a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio del Interior, reculó en parte en su negativa a acogerle.

Continuó oponiéndose a concederle el estatuto de refugiado, al considerar que no se dan los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, porque no concurre ninguna de las causas de persecución previstas legalmente.

Pero sí se allanó, dio marcha atrás, para apoyar que se le concediera la protección subsidiaria, “ya que concurre en el momento actual en el país de origen del recurrente una situación genérica de conflicto subsumible en el supuesto previsto en el artículo 10.c) de dicho texto legal, aceptando así la procedencia de anular la resolución impugnada y de reconocer a la parte recurrente dicho tipo de protección”.

La Audiencia Nacional avaló este arreglo, en línea con normas y jurisprudencia que en los últimos años han flexibilizado los requisitos de asilo y han concedido protección a personas que llegaron a España huyendo de la guerra de Ucrania.

Por eso estimó parcialmente el recurso, y declaró el derecho del solicitante a la protección subsidiaria.

El proceso de ingreso a las escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas se organiza en varios ciclos, que se convocan a lo largo del año para seleccionar a los aspirantes a soldado y marinero, que deben superar la instrucción de varios meses en los respectivos centros de formación del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El Ciclo Primero de la convocatoria publicada por Resolución 452/38013/2024, de 26 enero, de la Subsecretaría de Defensa, para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2024 acaba de concluir, y lo ha hecho con un resultado inusual.

De este proceso se encarga la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, encuadrada en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, de la Subsecretaría de Defensa.

Esta subdirección general aprobó el pasado 29 de abril el “Listado definitivo de aspirantes clasificados con plaza, en el proceso de selección del Ciclo Primero de la convocatoria publicada por Resolución 452/38013/2024, de 26 enero, de la Subsecretaría de Defensa, para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2024”.

Pero antes de ofrecer la lista de los aspirantes con plaza (que ocupa 96 páginas), introduce unas “Notas informativas”.

Sin aspirantes aptos para cubrir todas las plazas

En el segundo punto, Defensa informa de que “una vez finalizado el Primer ciclo, los siguientes códigos de vacante no tienen aspirantes aptos para dar cobertura a todas las plazas ofertadas”.

A continuación, indica en una tabla los 22 destinos ofertados en el Ciclo Primero de la convocatoria de ingreso en las escalas de Tropa y Marinería en la que no se han cubierto todas las plazas.

Si se consultan los códigos de vacante en la resolución de la Subsecretaría de Defensa que aprobó la convocatoria para entrar a las Fuerzas Armadas como soldado o marinero este año 2024, se puede ver que se trata de una veintena de destinos del Ejército de Tierra, además de uno de la Armada y otro del Ejército del Aire.

Hay que señalar que, de acuerdo con el apéndice 7 de la Resolución 452/38013/2024, de 26 de enero, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, los aspirantes al ingreso como soldados o marineros tienen que rellenar una solicitud de plazas por orden de preferencia.

Pueden solicitar un máximo de diez destinos. Pasarán su compromiso inicial de tres años en el destino que se les asigne, al que irán una vez superen la instrucción en el centro de formación de tropa y marinería.

Grupo de Regulares de Melilla nº 52

Uno de los destinos que en este ciclo primero “no tienen aspirantes aptos para dar cobertura a todas las plazas ofertadas” es el Grupo de Regulares de Melilla nº 52.

El Ministerio de Defensa sacó 59 plazas para ingresar en la unidad de Regulares de Melilla. En el listado de vacantes asignadas sólo aparecen 47 aspirantes seleccionados para el Grupo de Regulares de Melilla nº 52.

De ahí que en la lista de códigos de vacante que no tienen aspirantes aptos para dar cobertura a todas las plazas ofertadas, ese destino del Ejército de Tierra tenga 12 plazas sin ocupar, las 12 que van de las 47 asignadas a las 59 que se ofertaron.

Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión

Se da la circunstancia de que el mismo fenómeno se ha dado en la otra unidad de Infantería del Ejército de Tierra en Melilla: el Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión.

La convocatoria del Ministerio de Defensa para el Ciclo Primero de selección de la convocatoria de 2024 de acceso a la condición de militar de Tropa y Marinería ofertó 72 plazas para el Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión de Melilla.

Nueve de esas 72 plazas se quedaron sin cubrir por no haber aspirantes aptos, en este ciclo, que hubieran marcado ese destino en sus preferencias. La lista de plazas adjudicadas sólo incluye a 63 futuros soldados del Ejército de Tierra que irán destinados al Tercio 1º de la Legión.

Cabe señalar que este problema de déficit de aspirantes para cubrir las plazas de la Legión y los Regulares en Melilla no se han dado este ciclo en Ceuta.

Las 30 plazas del Grupo de Regulares nº 54 y las 46 del Tercio ‘Duque de Alba’ 2º de la Legión, ambos con base en Ceuta, sí se han adjudicado.

Batallones de zapadores

Al menos dos unidades de zapadores han registrado cifras llamativamente altas de plazas sin cubrir.

Defensa sacó 60 plazas para el Batallón de Zapadores II de la Legión, integrado en la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ IIª de la Legión, con base en Viator (Almería). Sólo se han cubierto 34, y han quedado 26 sin cubrir.

En el caso del Batallón de Zapadores VII, de la Brigada ‘Galicia’ VII (Figueirido, Pontevedra), ha quedado 21 de 40 plazas sin asignar a nuevos soldados.

Además, en el Batallón de Zapadores XI, de la Brigada ‘Extremadura’ XI (Botoa, Badajoz), una de las 30 plazas no ha sido cubierta.

Cataluña

De la lista de unidades que no han podido cubrir todas las plazas se pueden extraer más patrones geográficos, o al menos coincidencias, además del caso de Melilla.

Unidades con base en Cataluña, País Vasco y Baleares han sufrido este fenómeno, muy poco usual en los últimos años en las Fuerzas Armadas, en el primer ciclo de selección para el ingreso en las escalas de Tropa y Marinería.

Para ocupar puestos de soldado en la estructura de la Academia General Básica de Suboficiales (entre Talarn y Tremp, en Lérida), salieron 20 plazas, nueve de las cuales no han podido ser asignadas por no haber aspirantes aptos interesados en ese destino.

El Ministerio de Defensa ofertó tres destinos en el acuartelamiento ‘General Álvarez de Castro’, en el municipio de Sant Climent Sescebes, en la provincia de Gerona.

Las diez plazas de soldado de Infantería en el Regimiento de Infantería ‘Arapiles’ nº 62 sí se cubrieron.

Pero quedaron desiertas dos de las tres plazas de la especialidad de Mantenimiento de vehículos para ese mismo regimiento, y las dos plazas para la Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC) ‘General Álvarez de Castro’.

País Vasco

El déficit de aspirantes a nuevos soldados también lo sufren dos regimientos con base en el País Vasco.

Se ofertaron 54 plazas de la especialidad de Infantería en el Regimiento de Infantería ‘Garellano’ nº 45, con base en Mungía (Vizcaya). No se han cubierto 24, casi la mitad.

Una proporción similar de vacantes desiertas se ha dado en el Regimiento de Infantería ‘Tercio Viejo de Sicilia’ nº 67, que está ubicado en el acuartelamiento de Loyola, en San Sebastián: 11 de las 25 plazas no han sido adjudicadas. Hay que recordar que este cuartel va a ser cerrado, y los militares serán reubicados en otros cuarteles.

Baleares

Baleares es otra comunidad en la que se acumulan varias unidades del Ejército de Tierra donde los aspirantes al ingreso como militar de Tropa seleccionados han sido menos que las plazas disponibles.

Así ha ocurrido con 8 de las 53 plazas en el Regimiento de Infantería ‘Palma’ nº 47, con base en el Acuartelamiento Jaime II, de Palma de Mallorca.

El Cuartel General de la Comandancia General de Baleares iba a incorporar a militares de distintas especialidades. Ha quedado desierta la única plaza de la especialidad de Música, y lo mismo ha ocurrido con 3 de las 10 de la especialidad de Ingenieros.

Ingenieros

Esas diez plazas en el Cuartel General de la Comandancia General de Baleares, y los casos antes citados de batallones de zapadores, tienen en común que son plazas para militares del Ejército de Tierra de la especialidad fundamental de Ingenieros.

En este Ciclo Primero de ingreso en los centros de formación de nuevos militares de Tropa y Marinería tampoco ha habido aspirantes suficientes para cubrir todas las plazas disponibles en otras dos unidades de Ingenieros.

Para ir destinados al Regimiento de Ingenieros nº 1, con base en Castrillo del Val (Burgos) se ofertaron 34 plazas, y 21 no han sido cubiertas.

Otras 19 han quedado sin cubrir en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12, de Zaragoza, de las 70 que se incluyeron en la convocatoria de ingreso.

Armada y Aire

A todas estas unidades, cabe añadir otras en las que la única plaza no ha sido cubierta:

-- Batallón de Cuartel General de la División ‘Castillejos’ (Huesca).

-- Unidad de Servicios del Acuartelamiento ‘Puerto del Rosario’ (Fuerteventura).

En la Armada, eso mismo ha sucedido con una plaza de la especialidad de Música en el Tercio de Levante (Cartagena), y en el Ejército del Aire con una plaza de Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras en la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD), de Zaragoza.

Para cubrir el 100% de plazas convocadas

Una vez detectados estos déficit, el Ministerio de Defensa contactó con los ejércitos afectados y decidió acumular esas plazas no cubiertas a otros destinos más demandados, “con el objetivo de dar cobertura al 100% del número de plazas convocadas para este ciclo”.

Por ejemplo, ha acumulado 42 plazas al Regimiento de Infantería ‘Asturias’ nº 31, con base en Madrid (acuartelamiento El Goloso), para el que se habían convocado 60 plazas en la resolución original de Defensa.

Se han acumulado 16 plazas al Tercio ‘Don Juan de Austria’ 3º de la Legión (Viator, Almería), que ya tenía 121; 28 al Regimiento de Transmisiones 21 (Marines, Valencia); 15 al Regimiento de Ingenieros nº 7 de Ceuta...

En total, son 177 plazas de las 3.976 entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire que ofertó el Ministerio de Defensa en la convocatoria del mes de enero las que han sido reasignadas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso que presentó un celador del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, situado en la capital de España, contra la resolución que le dio de baja como personal eventual de ese hospital militar.

Así lo ha podido confirmar Confidencial Digital, que también ha constatado que ese celador es el mismo que denunció al general director del hospital, a la teniente coronel jefa de personal y al teniente en la reserva jefe de seguridad del Gómez Ulla.

A los tres les acusó de cometer contra él “continuos actos de acoso, hostigamiento, coacciones y vejaciones”, debido “fundamentalmente, a su condición homosexual y a su delicado estado de salud”.

El Juzgado Togado Militar Central número 2 abrió diligencias y citó a declarar como investigados al general médico retirado Miguel Fernández Tapia-Ruano (que ya no es director del hospital), a una teniente coronel médico y a un teniente en la reserva.

Acusó al general de acoso por ser homosexual

La investigación penal sobre presunto acoso laboral se originó cuando el celador acudió a un centro de salud de Torrelodones (unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid) el 6 de octubre de 2020, y una médico remitió al Juzgado Decano de Collado Villalba un parte de lesiones en el que hizo constar que este hombre presentaba una crisis de angustia y ansiedad ocasionada en el ámbito laboral, que, según refirió la persona atendida, se debió al cese brusco en su puesto de trabajo que le había sido comunicado ese mismo día por vía telefónica, en su día libre, tras más de ocho meses de trato vejatorio y sobrecarga laboral desproporcionada.

Un juzgado de Madrid incoó diligencias previas por un presunto delito de lesiones. El celador se personó como perjudicado, y el 24 de marzo de 2021 formuló denuncia “por los continuos actos de acoso, hostigamiento, coacciones y vejaciones que decía venir sufriendo desde hacía tiempo en el Hospital Gómez Ulla, donde trabajaba como personal laboral –debido, fundamentalmente, a su condición homosexual y a su delicado estado de salud– por parte de: el teniente en situación de reserva jefe de seguridad del hospital; la teniente coronel jefe de recursos humanos de dicho hospital; y el general del Cuerpo Militar de Sanidad que era director”.

Fue dado de baja en julio de 2021

Lo cierto es que la baja del celador en el hospital no se produjo en octubre de 2020, sino meses después, en julio de 2021.

El general Fernández Tapia-Ruano, como director del Gómez Ulla y por delegación de la subsecretaria de Defensa, firmó el 1 de julio de 2021 la resolución por la que dio de baja como personal estatutario eventual a este celador.

Fuentes del Hospital Central de la Defensa consultadas por ECD aseguran que la baja fue consecuencia de un proceso de estabilización de empleo en el centro.

Meses antes se lanzó una oferta de empleo público, para cubrir con personal ya fijo, no eventual, ciertos puestos de trabajo de la plantilla del Gómez Ulla.

Al proceso pudieron presentarse tanto los celadores eventuales, como personas que aún no trabajaban en el hospital. Las mismas fuentes aseguran que el celador protagonista de este caso se presentó a la oferta de empleo público, pero no consiguió plaza.

Pidió ser reconocido “indefinido no fijo”

El hospital nombró al nuevo personal, y dio de baja a los trabajadores eventuales que no habían obtenido plaza, como este celador.

El ya ex trabajador no quedó conforme, y presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del director, para tratar de revertir su baja.

Denunció “fraude de ley en el nombramiento de personal estatutario eventual y abuso de la temporalidad”.

Argumentó también que su cese no se ajustaba a derecho, debido a que su contratación respondió a una necesidad estructural que tenía duración indefinida en el tiempo.

Por eso reclamó al TSJ de Madrid que ordenara al Ministerio de Defensa reconocer a ese celador la condición de indefinido no fijo. Si no, de forma subsidiaria, pidió que le restituyeran como personal estatutario eventual, en la categoría de celador, y que le pagaran lo que le hubiera correspondido todo el tiempo transcurrido desde su cese.

Calculó esa suma en 7.059,35 euros desde julio de 2021, cuando fue cesado, y la fecha en que presentó el recurso.

No alegó homofobia ni acoso en el recurso

No se quedó ahí, sino que pidió también una indemnización por daños morales, como consecuencia de haber sufrido la “vulneración del derecho fundamental a la igualdad” y por la contratación en fraude de ley. Cifró esa indemnización en 25.000 euros.

Cabe señalar que al menos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resolvió este recurso no cita en ningún momento que este ex celador del Hospital Central de la Defensa argumentara, al tratar de impugnar su cese, acoso laboral u homofobia por parte de sus superiores, que fue lo que argumentó para denunciarles por vía penal.

También hay que reseñar que este procedimiento confirma que el trabajador no fue despedido en octubre de 2020, cuando fue a un centro de salud de Torrelodones y una médico certificó que sufría una crisis de ansiedad.

Realmente fue dado de baja nueve meses después de ese episodio, y tras no haber obtenido plaza en una oferta de empleo público por la que su puesto de celador fue cubierto por personal fijo.

Las fuentes consultadas por Confidencial Digital aseguran que, tras una serie de quejas y denuncias internas, la jefa de personal del hospital decidió abrir una investigación a este celador.

Provisionalmente se decidió cambiarle de su puesto en el servicio de urgencias, al almacén sanitario, todo dentro del mismo Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Fue tras la conversación en la que un mando militar le comunicó por teléfono ese cambio de puesto, cuando el celador acudió al centro de salud y relató que sufría acoso y hostigamiento en el hospital, que le había producido la crisis de ansiedad que certificó la médico.

El expediente disciplinario sobre las denuncias internas acerca de su trabajo nunca se llegó a sustanciar, porque el celador pasó a estar de baja médica.

Finalmente, cuando no obtuvo plaza, fue dado de baja como personal eventual estatutario. Esa resolución de baja fue la que recurrió ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

“No existe un derecho” a convertirse en fijo

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió desestimar el recurso de este ex celador del hospital Gómez Ulla.

Recordó una serie de sentencias sobre casos similares sobre personal eventual de los servicios de salud, y citó extensamente una sentencia sobre el cese de celadores eventuales por parte del Ministerio de Defensa.

En esa última sentencia de 2023, el tribunal estableció que “la contratación como personal interino de las recurrentes no es fraudulenta, y no vulnera las previsiones del Acuerdo Marco y la Directiva, por una parte, ni los distintos preceptos de la Constitución y Código Civil también invocados, siendo acorde además con los pronunciamientos del TJUE [Tribunal de Justicia de la Unión Europa] y tribunales nacionales”.

Añadió que “no existe un derecho a que se convierta su relación interina en fija, ni mediante la adquisición de la condición de funcionarias o personal estatutario fijo, ni por el sólo reconocimiento de un estatuto jurídico idéntico al del personal fijo”.

Abundaron los jueces en ese argumento de que “si estamos ante nombramientos ajustados a la Ley aceptados voluntariamente por las actoras, no puede pretenderse que el mero transcurso del tiempo los convierta en abusivos, y menos aún que dicha situación pueda conllevar como sanción sus nombramientos como funcionarios de carrera, o como personal público fijo equiparable a los funcionarios de carrera, o finalmente que se les reconozca a este personal el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña, como titular y propietario del mismo”.

Cesado por “una causa legal” y prevista

Tras resumir los puntos principales de esa otra sentencia de 2023 sobre otras celadoras del Gómez Ulla también cesadas, el TSJ de Madrid determina que la situación de este celador dado de baja en julio de 2021, y que por otro lado denunció al general director y a otros dos oficiales del hospital, “es prácticamente la misma”.

Esa identidad se debe a que “recurre con motivo de su cese instando el mantenimiento en el puesto, y porque se siguió el mismo procedimiento para el nombramiento y el cese, aplicando las indicadas previsiones del artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Todo ello lleva al tribunal a concluir que “el recurrente no tiene un derecho al puesto, o a continuar en él indefinidamente, y es cesado para la incorporación a ese puesto de personal estatutario interno, por el fin de la necesidad o causa para la que fue formalizado su nombramiento eventual”.

Por tanto, según los jueces, “se trata de una causa legal” de cese, “que además estaba prevista en su nombramiento”.

De ahí que desestimen el recurso del ex celador contra la resolución del director del Hospital Central de la Defensa.

La sentencia impone al recurrente el pago de las costas procesales, por un máximo de 1.000 euros más IVA.

Un hombre que recibió el impacto de una pelota de goma, disparada por agentes antidisturbios, durante los altercados callejeros en Barcelona provocados por independentistas radicales en octubre de 2019, no recibirá la indemnización que había reclamado al Ministerio del Interior.

Así lo ha establecido la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que en una sentencia reciente ha desestimado el recurso de ese hombre frente a las resoluciones del ministerio que desestimaron su reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la administración del Estado.

Pidió más de 300.000 euros

Presentó esa reclamación el 3 de febrero de 2021. Reclamó una indemnización económica de 312.774,34 euros por los daños que había sufrido durante los incidentes acaecidos en la ciudad de Barcelona el día 18 de octubre de 2019, cuando, según afirmaba, fue alcanzado por una pelota de goma disparada por algún miembro del Cuerpo Nacional de Policía”.

El Ministerio del Interior no resolvió la reclamación en el plazo establecido para ello, que son seis meses.

Así que el reclamante interpuso un recurso administrativo. Finalmente, el secretario general técnico del Ministerio del Interior dictó el 25 de enero de 2022 una resolución en la que ya expresamente desestimó la reclamación.

Perdió la visión de un ojo

El protagonista de este caso tuvo como abogado a Benet Salellas, quien fue diputados de la CUP en el Parlament de Cataluña y actuó como abogado defensor del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el juicio en el Tribunal Supremo por la intentona secesionista en Cataluña de otoño de 2017.

Una vez que Interior le negó la indemnización, presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

En ese recurso relató que el 18 de octubre de 2019 -uno de los días de mayor violencia callejera en Cataluña contra la sentencia condenatoria del Supremo por los hechos de 2017- él se encontraba junto a su pareja volviendo a su domicilio, en el cruce de la calle de Pau Claris con Ronda de Sant Pere de la ciudad de Barcelona, cuando fue alcanzado en el ojo izquierdo por una pelota de goma.

El suceso tuvo lugar en la confluencia de las calles Pau Claris y Diputació.

Afirmó en el recurso que recibió en ese lugar el impacto de una pelota esférica de caucho de 54 milímetros, que le golpeó en el ojo izquierdo después de rebotar en el suelo. En la sentencia se habla de “lesión ocular”, y más adelante, de pérdida de visión en un ojo.

Acusó a la Policía Nacional por esa pelota de goma

El herido alegó que la pelota de caucho que le había golpeado en el ojo procedía de la actuación llevada a cabo por miembros del Cuerpo Nacional de Policía con ocasión de los incidentes de orden público acaecidos en ese momento.

Consideró acreditado que los responsables de lanzamiento de esa pelota de goma fueron policías nacionales, se entiende que antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que se desplegaron esos días en Barcelona y otros puntos de Cataluña, “al constar que los Mossos d’Esquadra no intervinieron en los hechos, teniendo además prohibido el uso de dicho material” por decisión del Parlament de Cataluña, “y por quedar justificado, por el contrario, que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía sí hicieron uso entonces de tales pelotas”.

Tras relatar su versión de lo sucedido, argumentó ante la Audiencia Nacional que las fuerzas del orden no respetaron los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, en el ejercicio de su actuación profesional, sino que la desarrollaron de forma “abusiva y contraria a la diligencia exigida por la ley”.

Por eso entendió que concurrían los requisitos legalmente establecidos para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Concretamente, subrayó la relación causal necesaria entre el daño producido, la pérdida de visión en un ojo, y la actuación de la administración (la Policía Nacional), relación que “quedaba justificada mediante informe médico forense emitido en las actuaciones penales seguidas, acompañado a la reclamación”.

Añadió que se cumplía también el requisito de la antijuridicidad del daño. Señaló la “lejanía del lugar donde se desarrollaron los incidentes en los que intervino la Policía Nacional, en el número 43 de la Vía Layetana, respecto de aquel en el que se produjo el daño, la confluencia entre las calles Pau Claris y Diputació”, según se dice, separados por un kilómetro de distancia.

Otro dato para avalar su recurso fue que se habría utilizado “material cuyo uso había sido prohibido por el Parlamento de la Comunidad Autónoma cinco años antes”, las pelotas de goma.

En base a todo ello, y según el daño físico que sufrió en el ojo (según un informe forense), reclamó una indemnización de 312.774,34 euros, más los intereses legales devengados desde la presentación de la reclamación administrativa.

La denuncia penal fue sobreseída

El abogado del Estado se opuso al recurso. Defendió que el reclamante no había probado la relación causal entre el daño en el ojo y la actuación de la Policía Nacional, “pudiendo haber procedido el daño de la Policía autonómica o de otras causas”.

Rechazó la justificación de la antijuridicidad de la lesión, “dada la especial gravedad de las alteraciones del orden público que la Policía Nacional acudió a sofocar en el lugar en el que habría sucedido el evento dañoso y en el que se encontraba el recurrente, que, por lo tanto, habría asumido voluntariamente el riesgo padecido.

Asimismo consideró carente de prueba la cantidad económica reclamada como indemnización.

Cabe añadir que el herido en el ojo formuló en su momento una denuncia el juzgado de guardia, se entiende que contra la Policía Nacional por haberle causado esa lesión. El Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona abrió unas diligencias que fueron sobreseídas el 22 de octubre de 2020, por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa.

Proporcionalidad en los medios

Los magistrados de la Audiencia Nacional examinaron el recurso y acudieron a analizar con especial interés la Ley Orgánica 2/1986,de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para analizar si los antidisturbios habían actuado correctamente o se habían excedido en su actuación en ese punto de Barcelona la noche del 18 de octubre de 2019, tuvieron en cuenta el principio legal que permite a las fuerzas de seguridad la utilización de armas “en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior”, que son los de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

Según los jueces, “los términos que utiliza el legislador en el artº 5 citado vienen a requerir una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que en cada ocasión guarde el debido equilibrio entre el fin que pretenda obtener y los medios a su alcance que haya de utilizar”.

En ese sentido, “una actuación es congruente, es decir, posee congruencia, cuando establece una relación lógica entre dos acciones y por ello resulta conveniente y oportuna, y algo es oportuno cuando es adecuado y conveniente porque produce un buen efecto, y goza por ese hecho de la cualidad de oportuno, y, a su vez, la proporcionalidad o lo proporcionado no significa otra cosa sino que lo que se hace o la acción que se produce guarda en sus dimensiones armonía o conveniencia con el resultado que se pretende obtener”.

De lo que afirma el precepto “resulta evidente que el uso de las armas constituye en una actuación en la que intervengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una última opción, sólo admisible cuando concurra alguna de las situaciones que el artículo describe como riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana y siempre adecuando su uso o utilización a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad entendidos del modo expuesto”.

Informe del jefe superior de Policía

Analizaron también si se podía establecer una relación causal de la actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía con el evento dañoso producido, la lesión ocular sufrida por el recurrente.

“La Sala no puede dar por debidamente acreditada” esa relación causal, se puede leer en la sentencia.

Al procedimiento judicial se aportó un informe del jefe superior de Policía de Cataluña, fecha el 11 de mayo de 2021. Este mando policial confirmó que los agentes de la Policía Nacional hicieron uso de material antidisturbios mencionado por el recurrente (pelotas de goma) en su actuación en Barcelona el 18 de octubre de 2019.

Pero el informe de la Policía apuntó que no existía constancia de las lesiones causadas a ese hombre y sí, por el contrario, del despliegue en la misma zona del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, “que inevitablemente, también hizo uso de material antidisturbios”.

Informe de los Mossos d’Esquadra

La policía autonómica de Cataluña también esgrimió su propio informe, elaborado por la Comisaría General de Recursos Operativos de los Mossos d’Esquadra y con fecha de 20 de septiembre de 2020.

El informe de los Mossos señaló que los manifestantes se concentraron en la Plaza Urquinaona el 18 de octubre de 2019, y que debido a la violencia contundente empleada, con grandes piedras, pirotecnia, palos y diferentes objetos de grandes dimensiones que lanzaban, diversos vehículos policiales de los Mossos trataron de acceder a la plaza desde la calle Trafalgar.

Los agentes no consiguieron desplegarse en el lugar debido a la intensa violencia desplegada contra ellos, debiendo volver hacia la citada calle Trafalgar, sin realizar intervención alguna a pie de tierra en la plaza.

El informe concluye en que no se produjo ninguna intervención policial, específicamente en la confluencia de la Vía Layetana con la Plaza Urquinaona, según la sentencia “sin que nada se dijera de manera expresa sobre su actuación en el resto de la plaza ni sobre el uso por el cuerpo de policía autonómico, en una u otra forma, de material antidisturbios”.

Sobre este particular extremo, la demanda menciona también la resolución del Parlamento de Cataluña 476/X, que, según dice, tenía prohibido desde 2014 el uso de balas de goma, lo que indicaría que su utilización en los hechos no habría podido proceder de la policía autonómica, sino del Cuerpo Nacional de Policía.

Pero los jueces tuvieron en cuenta que la misma resolución del Parlament de Cataluña autorizaba el empleo de tales elementos como “último recurso [...] en situaciones graves de ejercicio de la violencia o en que exista un riesgo inminente para la integridad física o la vida de los ciudadanos y de los agentes de policía o si se produce una importante destrucción de bienes”, situación que, para los magistrados, “no puede descartarse que se presentara en esa ocasión”.

No se cita en la sentencia, pero cabe apuntar que es cierto que las unidades de orden público de los Mossos d’Esquadra no disponen de pelotas de goma. Sin embargo, si utilizan lanzadores de proyectiles de foam, que tienen una especie de gomaespuma en la punta (con lo que en teoría se golpea al manifestante violento u otra amenaza que se quiere dispersar), y plástico en la parte posterior.

No puede saberse con certeza el origen

Por último, el informe médico de las heridas describió “el padecimiento por el actor de un traumatismo, perforación o estallido del ojo izquierdo, traumatismo que menciona, particularmente, el informe forense emitido en las actuaciones penales seguidas con ocasión de los mismos hechos que ahora se tratan, aunque limitando sus determinaciones a la valoración del daño sufrido y señalando, precisamente, que, según refirió el propio actor, dicho traumatismo tuvo lugar por el impacto de un objeto que aquel no llegó a ver”.

La conclusión de la Audiencia Nacional, en base a todos estos elementos, fue concluir en la misma línea que el Ministerio del Interior que “no es posible descartar la intervención en el evento dañoso de material antidisturbios procedente del cuerpo autonómico o de otro material y origen ni, por lo tanto, puede llegar a saberse con certeza si el utilizado procedía de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía”.

Fue necesario “abundante material antidisturbios”

Los mismos magistrados descartaron también la “antijuridicidad del daño producido”, y “sin duda con mayor contundencia”.

Tuvieron en cuenta “la entidad de los altercados en los que intervinieron las Fuerzas de Seguridad del Estado” ese 18 de octubre de 2019, cuando se registraron “numerosos y graves incidentes desde las primeras horas de la tarde hasta la madrugada del día siguiente, localizándose la zona afectada en los alrededores de la sede la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, sita en la Vía Layetana, 43, extendiéndose a la plaza de Urquinaona y otras calles adyacentes”.

Entre esas calles se encontraba el lugar donde el reclamante resultó herido, la esquina de la confluencia entre Pau Claris y Ronda de Sant Pere que está más cerca de la Vía Layetana.

De acuerdo con el informe de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, “la gravedad de los incidentes dejó a más de 50 policías nacionales heridos, algunos de gravedad, y fue necesario el empleo de abundante material antidisturbios, incluidas las pelotas de caucho de 54 mm y forma esférica, para hacer frente a la violencia desatada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de una impecable actuación policial en la que se llevó al extremo la aplicación de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.

En el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, que acabó siendo sobreseída, la comisaria jefa de Coordinación y Planificación de la Unidad de Intervención Policial (UIP, las unidades antidisturbios) emitió un informe sobre la actuación ese día 18 de octubre de 2019.

Ese día, entre las 18:00 y las 22:00 horas, afectaron a la Vía Layetana y la plaza Urquinaona de Barcelona incidentes que “motivaron la participación de las Unidades de Intervención Policial (UIP), unidades de Policía Nacional especializadas en el mantenimiento del orden público”, con mención asimismo de la “extrema violencia” de tales incidentes, “con más de 50 policías heridos leves, 2 policías heridos gravemente y 1 de extrema gravedad”, haciéndose “uso de material antidisturbios y entre ese material se procedió al lanzamiento de pelotas de caucho de 54 milímetros y forma completamente esférica”.

Uso “oportuno y proporcionado”

La conclusión de la Audiencia Nacional fue que “el empleo de los mencionados medios”, las pelotas de goma, “no puede considerarse incongruente, en cuanto adecuado lógicamente a la situación que se abordaba, resultando ser también oportuno y proporcionado a la intensidad de los hechos que se presentaban, que el informe de la Unidad de Intervención Policial califica de demostrativos de “extrema violencia” y el de los Mossos d’Esquadra como de “violencia contundente, con piedras de grandes dimensiones, pirotecnia lanzada contra los agentes, palos y diferentes objetos de grandes dimensiones”, habiendo dejado cincuenta policías nacionales heridos, algunos de gravedad.

Entendieron también los jueces que la prohibición de las pelotas de goma adoptada por el Parlament de Cataluña sólo afectaba a los Mossos, pero no a la Policía Nacional, y esa misma resolución no descartaba “su utilización en situaciones graves de ejercicio de la violencia, riesgo inminente para la integridad física o la vida de los ciudadanos y de los agentes de policía o importante destrucción de bienes”, “situaciones que no es posible descartar que se presentaran en el caso”.

Señalaron además la contradicción de argumentos entre “que el daño fue causado por la actividad desplegada por las fuerzas estatales del orden, y que, sin más explicación, el recurrente se encontraba muy alejado del lugar en el que se produjeron los acontecimientos que motivaron la intervención policial”.

Contradicciones sobre el lugar del suceso

Tuvieron también en cuenta cierta contradicción sobre el lugar señalado por el hombre herido en el ojo, sobre la confluencia exacta de calles de Barcelona en las que resultó herido, y la distancia que separaba ese lugar respecto a Vía Layetana.

“Todo lo dicho resta credibilidad a la afirmación del recurrente, coincidente en este punto con la de su pareja (obrante en las actuaciones administrativas), sobre el hecho de encontrarse en el lugar para regresara su casa, sin haber participado en los acontecimientos, cuando, como se ha visto, el accidente se habría producido en la zona misma de los altercados, sin que conste que el domicilio de aquel se encontrara en las cercanías del lugar, sino bastante alejado”, se determina en la sentencia.

La Audiencia Nacional consideró “descartada razonablemente” la concurrencia del presupuesto de la antijuridicidad del daño causado, “a la vista de la utilización congruente, ordenada y proporcionada de los medios por parte de las Fuerzas de seguridad y atendida también la presencia del recurrente en el lugar en el que dicha utilización se produjo, sin detectarse razón alguna que impida apreciar su participación en ellos”.

Al haber quedado descartados dos de los presupuestos que permiten considerar el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, los jueces decidieron desestimar el recurso y condenar al recurrente al pago de las costas.

La base naval de Rota es una de las principales instalaciones para la Armada, que acoge el Cuartel General de Flota y es base de fragatas, buques anfibios, el portaaeronaves y las escuadrillas de ala fija.

También es base para la US Navy, que dispone de varios destructores y más de 3.000 personas en Rota, entre marinos, familiares y trabajadores civiles.

Pero, además, esta base aeronaval (tiene también aeródromo) es vía de entrada en España de documentos clasificados del más alto nivel.

Transporte de material clasificado

El Ministerio de Defensa mantiene activo un acuerdo marco de servicios de operador logístico, a través del cual contrata a empresas para que le presten ciertos servicios, como traslado de material.

A través de ese acuerdo marco, la Dirección General de Infraestructura (dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa) ha contratado a la empresa Servicios Logísticos Integrados el “transporte de material clasificado, garantizado mediante cadena de custodia”.

Realmente el beneficiario de ese contrato es el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), un órgano del Ministerio de Defensa al que le corresponde la planificación, desarrollo, programación y gestión de las políticas relativas a los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones (CIS/TIC), la transformación digital, la gestión de datos, información y conocimiento y la seguridad de la información, así como la supervisión y dirección de su ejecución, así como la provisión segura de los servicios de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) y las actuaciones de ciberseguridad para la protección de esta infraestructura y de la información que procesa y gestiona.

El coronel jefe de la Unidad de Personal, Logística e Infraestructura de CESTIC emitió un informe para justificar la necesidad de recurrir a una empresa externa que prestara al Ministerio de Defensa el servicio de “transporte de material clasificado, garantizado mediante cadena de custodia”.

Llega a España por la base de Rota

En ese informe justificativo, el coronel recuerda las funciones de CESTIC en cuanto a coordinar las políticas de los sistemas de información, telecomunicaciones y seguridad de la información del Ministerio de Defensa y ostentar la representación e interlocución, en lo relativo a sistemas de información, telecomunicaciones y seguridad de la información, ante otros organismos de la administración del Estado y, en el ámbito internacional, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de Política de Defensa.

A continuación, explica que “para atender a las necesidades específicas del Ministerio de Defensa es necesario el envío y devolución constante material criptográfico, siendo el material sensible”.

Y en ese punto añade: “Casi la totalidad del material clasificado que se distribuye en España llega a la BAN [base aeronaval] de Rota”.

“Las más alta clasificación de seguridad”

El informe de CESTIC precisa que “este material posee la más alta clasificación de seguridad y por esta razón es extremadamente sensible”.

Según la Ley de Secretos Oficiales española, los documentos clasificados pueden tener cuatro niveles de clasificación, de menor a mayor: Difusión limitada, Confidencial, Reservado y Secreto.

En la OTAN, los niveles de clasificación de menor a mayor son NATO Restricted, NATO Confidential, NATO Secret y Cosmic Top Secret.

Pero el documento no precisa si los documentos que llegan a España por la base de Rota tienen clasificación de ‘Secreto’, por ejemplo.

El informe tampoco explica qué documentos clasificados o material criptográfico se distribuyen en España llegan a la base de Rota, ni quienes son sus receptores.

Ya se ha apuntado que CESTIC se refiere a material clasificado que llega a Rota y “se distribuye en España”.

Pero en otro punto del informe se indica que el objeto del contrato es el transporte de ese material “desde la BAN de Rota hasta el Ministerio de Defensa”, se entiende que la sede central en Madrid.

Es decir, que deberá trasladar desde Rota a Madrid el material criptográfico con “la más alta clasificación de seguridad, y “para ello es imprescindible contratar los servicios de una empresa, objeto del presente expediente, cumpliendo las preceptivas condiciones de seguridad y custodia exigidas para este tipo de material”.

Los responsables de los órganos de ciberdefensa militar de 42 países de cuatro continentes se reunirán a finales de septiembre en la ciudad de Málaga.

España se encarga este año 2024 de organizar dos encuentros del Cyber Commanders Forum. Se trata de un foro de jefes de los órganos homólogos al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) español.

Participan en él numerosos países de la Unión Europea y de la OTAN, como Francia, Alemania, Polonia, Estonia, Reino Unido, Estados Unidos, pero también de países de fuera de la UE y la OTAN: Ucrania, Japón, Brasil, Australia y Singapur.

España asume la presidencia

El Cyber Commanders Forum celebró el pasado mes de octubre en Cracovia (Polonia) su 13º encuentro.

Por parte de España asistieron el general de división del Ejército del Aire Rafael García Hernández, comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, y el segundo comandante, el por entonces contralmirante de la Armada Francisco Javier Roca Rivero.

“Este organismo sirve de punto de contacto para los cibercomandantes de 42 países permitiéndoles coordinar y conocer de primera mano los puntos de vista y aproximaciones a la ciberdefensa de sus diferentes homólogos”, explicó el Estado Mayor de la Defensa, en una nota sobre ese encuentro.

El general García Hernández asumió la presidencia de este foro, como ‘chairman’, para el siguiente ciclo.

Sólo ejerció esa responsabilidad durante unas semanas, ya que a mitad de noviembre pasó a la reserva y abandonó el cargo de comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio.

Le sustituyó quien hasta entonces era su número dos, el contralmirante Roca Rivero, que fue ascendido a vicealmirante y nombrado comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio.

Cuarenta y dos países

Confidencial Digital ha consultado varios documentos del Mando Conjunto del Ciberespacio, en los que explica algunos preparativos para organizar este año en nuestro país una reunión del Cyber Commanders Forum.

“El Mando Conjunto de Ciberespacio, creado en 2013, forma parte de las más de cuarenta naciones que integran el CCF [Cyber Commanders Forum]”, que a su vez “es una iniciativa que se instauró hace varios años, en el que participan a día de hoy cuarenta y dos (42) naciones de todo el mundo; no estando circunscrito a ninguna otra organización como la UE o la OTAN”.

Este foro había estado presidido hasta 2023 por seis países: Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Estonia y Polonia.

Según explica el Mando Conjunto del Ciberespacio, “España es el único país de los considerados ‘importantes’ en el ámbito del ciberespacio que no había asumido la presidencia” del Cyber Commanders Forum.

En octubre tomó el testigo de Polonia para presidir los dos encuentros de este foro que se prevén para este año 2024: “La servidumbre de ostentar la presidencia consiste en realizar dos ediciones del CCF, la XIV en Tallin (Estonia) y la XV en el país anfitrión, en la ciudad de Málaga”.

Todos los años una de las reuniones se celebra en Tallin, la capital de Estonia, un país puntero en ciberseguridad.

Málaga, a finales de septiembre

El plan del Mando Conjunto del Ciberespacio, con el vicealmirante Roca al frente, es celebrar la XV edición del Cyber Commanders Forum los días 24, 25 y 26 de septiembre.

El evento tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

A la reunión no sólo se invitará a jefes de mandos del ciberespacio de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Brasil, Ucrania… sino también a empresas relacionadas con el sector de la ciberseguridad.

En el encuentro celebrado en octubre de 2023 en Cracovia (Polonia) participaron, por ejemplo, altos directivos de gigantes de Internet y la tecnología como Google, Microsoft y Cisco.

Patrocinadores que financien el evento

El Mando Conjunto del Ciberespacio está buscando empresas con las que firmar contratos de patrocinio, y de esta forma financiar la organización del evento que se celebrará en Málaga.

Para atraer a compañías interesadas, destaca que “estas jornadas se convierten en una plataforma con alta visibilidad para empresas punteras del sector”.

Se ha puesto como objetivo conseguir 285.000 euros.

Ofrece cuatro opciones de patrocinio. El más barato es el título de Patrocinador Bronce, que supone aportar un mínimo de 2.000 euros. Espera conseguir hasta 25 patrocinadores Bronce.

Conforme se sube de nivel, la visibilidad de la empresa en estas jornadas de “cibercomandantes” en Málaga crece.

Los patrocinadores Plata (un máximo de 15) pagarán como mínimo 5.000 euros.

Las empresas que opten por ser Patrocinador Oro financiarán el evento con al menos 10.000 euros (un máximo de diez patrocinadores).

El máximo nivel es Patrocinador Platino, que cuesta 20.000 euros. Da derecho a una larga lista de beneficios:

1. Estand de la empresa tamaño grande (6 m2) en el emplazamiento preferente que se coordine entre FYCMA y el MCCE, para que tenga visibilidad entre las delegaciones asistentes al CCF.

2. Ser nombrado como Patrocinador en el café matinal para los asistentes (gestionado por la organización del Foro e incluido en la aportación del patrocinio).

3. Participación en una mesa redonda sujeta a disponibilidad y temática (a determinar por el MCCE).

4. Cartel expositor de la empresa, tamaño mediano (las dimensiones se coordinarán con FYCMA y el MCCE), en el pasillo de entrada a las jornadas.

5. Inserción de su logotipo, tamaño grande, en:

• Enlace a web corporativa desde el sitio web del evento.

• Redes sociales (enlace a web corporativa).

• Contraportada del programa informativo.

• Ponencias.

• Cartelería del evento.

• El “logo” de la empresa aparecerá en el “photocall”.

6. Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o electrónico) en el pack de bienvenida.

7. Mención en el Comunicado oficial de las Jornadas y en palabras de agradecimiento.

8. Inscripciones (6) del personal de la empresa para el evento en la sesión del día 26 de septiembre, e invitaciones (6) para clientes de la empresa. Además, posibilidad de que un representante de la empresa acuda a un evento social para autoridades, el día 25, proporcionando una oportunidad exclusiva de networking de alto nivel.

9. Diploma acreditativo de haber colaborado con el MCCE.

Un acusado condenado, y un absuelto. Es el balance del proceso judicial que se inició por la denuncia de una dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza contra dos compañeros, dos caballeros cadetes, a los que acusó de violarla en las duchas de una camareta.

ECD desveló la denuncia en 2021, cuando la Guardia Civil tomó declaración como testigos a varios alumnos del centro docente de formación de los futuros tenientes del Ejército de Tierra.

La denunciante les acusó de hacerla agredido sexualmente, debido a que esos dos alumnos la habían forzado a mantener relaciones sexuales, en un trío, pese a que ella había expresado que no quería.

Por el contrario, los dos denunciados aseguraron que en todo momento las relaciones sexuales fueron consentidas por la dama cadete.

Absuelto por las dudas sobre el consentimiento

El Tribunal Militar Territorial Tercero condenó a uno de los acusados a dos años y ocho meses de cárcel por el delito de abuso sexual del artículo 181.4 del Código Penal -el que fue modificado por la ley del ‘sólo sí es sí’-, y a cuatro meses por un delito contra los derechos fundamentales entre los militares en su modalidad de realizar actos de abuso sexual del artículo 49 del Código Penal Militar.

El otro acusado resultó absuelto “con todos los pronunciamientos favorables”, debido a que de las declaraciones de los testigos que depusieron en el acto del juicio oral y las periciales practicadas en el juicio oral y la prueba documental obrante en la causa se deducía “la existencia de dudas sobre los hechos que forzosamente deben ser probados, en concreto, si, en el caso que nos ocupa, el caballero cadete cuando mantuvo las relaciones sexuales con la dama cadete era consciente de la revocación del consentimiento por parte de esta”.

La Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente esa sentencia.

Baja por comportamiento indebido

Como se contó en estas páginas, cuando la dama cadete decidió revelar y denunciar lo sucedido, el comandante jefe de su batallón habló con ella y se abrió un parte.

Ante la gravedad de los hechos, el caso fue puesto en conocimiento de un juzgado togado militar territorial, que asumió la investigación. Por tanto, el asunto no quedó circunscrito a un procedimiento disciplinario, interno del Ejército de Tierra.

Cuando el Tribunal Militar Territorial Tercero dictó sentencia, el diario Heraldo de Aragón desveló el fallo.

El mismo diario añadió que “los dos acusados fueron expulsados de la Academia General Militar de Zaragoza tres meses después del suceso, en agosto de 2021, dado que se les aplicó una baja disciplinaria por comportamiento indebido”.

Están valorando pedir el reingreso

Pasados tres años del suceso, el Supremo ha confirmado la absolución de uno de los caballeros cadetes. Ambos fueron defendidos en este proceso judicial por el abogado Antonio Suárez-Valdés, especializado en Derecho Militar.

Confidencial Digital consultó con la defensa del ex cadete absuelto, para saber si cabría que pidiera el reingreso en la Academia General Militar, al haber sido absuelto de la denuncia por la que fue expulsado.

Fuentes de la defensa aseguran que entienden que sí cabría esa posibilidad, y que están valorando si presentan una solicitud para que el Ejército de Tierra readmita en la academia de Zaragoza a este joven, que fue expulsado cuando estaba en Primer Curso.

Régimen disciplinario

Hay que tener en cuenta que ese ex cadete ha resultado absuelto del delito de abuso sexual (del Código Penal ordinario previo a la ‘ley del sólo sí es sí’), y de delito contra los derechos fundamentales entre los militares en su modalidad de realizar actos de abuso sexual del artículo 49 del Código Penal Militar.

Pero la sentencia del tribunal militar y la del Supremo declaran como hechos probados que este segundo cadete sí mantuvo relaciones sexuales en las duchas de una camareta con la dama cadete, como también lo hizo el alumno que sí fue condenado.

Según Heraldo de Aragón, los dos fueron expulsados de la academia de Zaragoza, cuando aún no había sentencia ninguna, mediante una baja disciplinaria por comportamiento indebido.

La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, considera en su artículo 7.29 que es falta grave “mantener relaciones sexuales en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u operaciones, cuando, por las circunstancias en que se lleven a cabo o por su trascendencia, atenten contra la dignidad militar”.

Las faltas graves se pueden castigar con cuatro sanciones distintas: sanción económica de ocho a quince días, arresto de quince a treinta días, pérdida de destino o, en el caso de los alumnos, baja en el Centro Docente Militar de Formación.

En este caso, las sentencias judiciales constatan que el ex cadete absuelto mantuvo relaciones sexuales en una instalación militar, como es la Academia General Militar, de Zaragoza.

Pero quedaría a la valoración de la autoridad disciplinaria, en este caso concreto, si esas relaciones sexuales atentaron “contra la dignidad militar”, teniendo en cuenta las circunstancias en que se llevaron a cabo y su trascendencia.