No impidieron las votaciones

La Audiencia Nacional rechaza investigar a los comisarios de los Mossos por el caso 1-O

Alega que deben ser los juzgados catalanes los que instruyan las causas porque no constituyen un delito de sedición

Disturbios en una intervención de la Policía Nacional el 1-O.
Disturbios entre ciudadanos y policías el 1-0.

La Audiencia Nacional investiga a la cúpula de los Mossos por la actuación de la policía autonómica los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre y ya ha procesado a los cuatro ex altos mandos del cuerpo por delitos de sedición y de pertenencia a organización criminal.


Además, varios juzgados catalanes iniciaron en los últimos meses de 2017 diligencias contra mandos y agentes del cuerpo por su actuación durante el día del referéndum. Estas investigaciones se suman a las abiertas por la División de Asuntos Internos de los Mossos.

Se trata de diligencias paralelas, de manera que algunos agentes de los Mossos han sido interrogados doblemente: por sus compañeros de Asuntos Internos y por el juez que instruye el caso.

Juzgados catalanes

Las instrucciones judiciales son varias, abiertas en varios juzgados de Cataluña. Además de la actuación de los Mossos de septiembre y del 1 de octubre, denunciadas por la Fiscalía, cuatro personas se han querellado contra los agentes por el espionaje que llevaron a cabo miembros del cuerpo.

En el caso del papel de los Mossos el día del referéndum, son siete los juzgados catalanes que investigan las actuaciones de los agentes: Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell, Lérida, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet y El Prat de Llobregat.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, varios de estos siete jueces se han inhibido a favor de la Audiencia Nacional. El objetivo es que la juez Lamela asuma la causa, ya que ha iniciado la investigación de la antigua cúpula de los Mossos: el ex mayor Trapero, el ex director Pere Soler, el ex secretario general Cèsar Puig y la intendente Teresa Laplana.

Delito de desobediencia

Sin embargo, según han confirmado a ECD fuentes cercanas al tribunal, la AN ha rechazado las investigaciones y se ha mostrado incompetente para asumir las instrucciones.

Las mismas fuentes afirman a este confidencial que el motivo es que los hechos cometidos por los agentes no constituyen delitos de sedición y de organización criminal, que son los que investiga la juez Lamela.

La AN considera que los comisarios y agentes investigados por los juzgados catalanes podrían haber cometido un delito de desobediencia, toda vez que no siguieron la orden expresa de la juez del TSJC Mercedes Armas de que, como policía autonómica, debían impedir las votaciones del 1 de octubre.

Según las mismas fuentes, el hecho de que los agentes consintieran que se abrieran los colegios, no hicieran nada para cerrarlos y ampararan el traslado de urnas y papeletas son hechos que deben ser juzgados en los partidos judiciales de Cataluña.

 

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