¿Coche oficial, si o no? Las exigencias de la seguridad no son un argumento para mantenerlos, según escoltas profesionales
La seguridad es el argumento más utilizado por los políticos para defender el mantenimiento de los coches oficiales. Sin embargo, los escoltas lo ponen en duda: la seguridad de un concejal o un alcalde no correría peligro por el hecho de acudir a actos en su automóvil particular. Eso sí, con excepciones.
La polémica surgió después de que cuatro concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid anunciaran que “renunciaban” a tener a su disposición un coche oficial. Una medida cuestionada por diversas personalidades políticas –como Alberto Ruiz Gallardón-, que alegan que circular en un vehículo particular afectaría directamente a su seguridad personal.
El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con guardaespaldas profesionales, involucrados en la escolta de políticos, para conocer cuáles serían los principales inconvenientes para la seguridad de un político tras renunciar a su coche oficial.
Según su testimonio, “quienes renuncian a coche oficial es porque son conscientes que el riesgo para su seguridad es muy bajo o nulo”. Aseguran que no habría inconveniente en que un político utilizase su coche particular para acudir a actos públicos, recayendo el coste de este desplazamiento directamente sobre la administración.
Sin embargo, sí recomiendan que quien conduzca el coche –sea oficial o particular- debería ser una persona experta en la materia, con amplios conocimientos de seguridad.
Además, proponen que el recorte puede hacerse a través de la adquisición de coches de gama media –“suficientes” para el cometido- en lugar de la “ostentación” que se hace actualmente con coches de alta gama.
“Vital” en algunos casos
Sin embargo, no todos los casos son iguales. De hecho, clarifican que quien debe tomar la decisión de ir o no en vehículo oficial no son los propios políticos, sino las autoridades que deben evaluar constantemente los riesgos individuales que afronta cada funcionario público.
En este sentido, consideran que la decisión tomada por los cuatro ediles madrileños de UPyD es “una medida propagandística”, tomada desde la conciencia de que “su seguridad no está amenazada”.
Además, recuerdan que en ciertos casos el vehículo oficial es prácticamente una obligación, ya que quienes están amenazados por terrorismo o en un ambiente hostil, no deberían dar a conocer públicamente cuál es el vehículo particular que poseen.
