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Seguridad

ETA ha pretendido colocar ‘la pelota’ en el tejado del Gobierno con el comunicado cancelando el ‘impuesto revolucionario’. Espera que el Ejecutivo dé algún paso

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El comunicado de ETA anunciando que pone fin al llamado ‘impuesto revolucionario’ parece formar parte de una ‘hoja de ruta’ de la banda, que ahora espera que el Gobierno, en respuesta a esa decisión, dé un ‘paso’ o tenga ‘un gesto’.

Es el análisis que, según ha sabido El Confidencial Digital, hacen las Fuerzas de Seguridad. Las fuentes consultadas creen que con ese anuncio, comunicado en pleno debate sobre la presencia o no de Bildu en las elecciones del 22-M, la organización criminal ha querido poner ‘la pelota en el tejado’ de La Moncloa.  

Aunque el ministro del Interior y vicepresidente primero de Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado en repetidas ocasiones que lo que “se espera de ETA es el abandono definitivo de las armas”, los expertos antiterroristas consultados por ECD consideran que este último movimiento de la banda “no caerá en saco roto”, expresión ya utilizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para referirse a los cambios dados por la izquierda abertzale.

Las arcas vacías

De momento, estas fuentes no creen que la decisión de cancelar la extorsión sea un movimiento táctico para facilitar el camino a Bildu. Estos medios se inclinan a pensar que se trata de una medida ajena al futuro de esa coalición electoral y, por ello, la vinculan directamente a la declaración de alto el fuego.

Asimismo, subrayan las consecuencias directas que tendrá en la supervivencia de la banda, ya que el impuesto revolucionario es su primera fuente de financiación. Además, ETA ha tomado esta decisión en un momento en el que sus arcas están muy vacías, como prueban las precarias condiciones de vida de los miembros de los últimos comandos desmantelados.

En ninguna de las anteriores treguas o altos el fuego, la banda había adoptado una medida semejante a la que, por carta, ha comunicado a las patronales del País Vasco y Navarra.

Enviadas el pasado  día 26, en las misivas la banda da por “cancelado” el chantaje terrorista que, según un estudio del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa, ha generado unos ingresos de 115 millones de euros entre 1978 y 2008. En los últimos años, las entradas de dinero han sido escasas porque un número considerable de empresarios, poco a poco, se ha ido liberando del miedo.

Las fuentes consultadas ponen en valor que, por primera vez, la banda haya tomado una decisión de esta trascendencia para sus arcas. Y recuerdan que en el comunicado del alto el fuego del pasado 10 de enero, los criminales incluían el término “general” que, de forma inmediata, el diario Gara tradujo como cese del chantaje terrorista.

Fase de verificación

Ahora, con las cartas enviadas a las patronales del País Vasco y Navarra, ETA ratifica la interpretación que hizo el periódico de la izquierda abertzale. Los mismos medios de la lucha antiterrorista creen  que la banda “ha sincronizado” el momento de dar a conocer su cancelación del chantaje con la fase de verificación que del mismo tiene previsto realizar el llamado Grupo Internacional de Contacto, del que es cabeza visible el abogado surafricano Brian Currin.

Este ‘facilitator’, como le llama la izquierda abertzale, había anunciado hace un mes su intención de abrir el ‘proceso de verificación’, precisamente con el impuesto revolucionario.

Las fuentes consultadas dicen desconocer, por tratarse de un asunto meramente político, qué paso o qué gesto podría dar o tener el Gobierno en respuesta al último movimiento de ETA. De lo que sí están seguros es de que sería ‘invisible’ para la opinión pública y que, de ejecutarse, contaría con la complicidad del Partido Popular.

Se da la circunstancia de que la última red de impuesto revolucionario desmantelada es la que dirigía Joseba Elosúa desde el bar Faisán, y de la que era intermediario el dirigente del PNV Gorka Aguirre, a quien el juez Baltasar Garzón levantó la imputación poco antes de fallecer.

Este asunto sigue abierto en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, pero ya es más conocido como el ‘caso Faisán’ o ‘el chivatazo’.

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