Lunes 20/11/2017. Actualizado 17:10h

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Seguridad

La legislación española es mucho más dura que la sueca

Interior prioriza la localización de radicales desaparecidos tras una orden de extradición

Se trata de evitar en España una situación como la del uzbeco que atentó en Estocolmo: debió ser deportado pero se encontraba en paradero desconocido

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Rahmat Akailov, el uzbeco de 39 años que el pasado viernes lanzó un camión a toda velocidad contra un centro comercial de Estocolmo, tenía una orden de deportación. La Policía sueca no puedo ejecutarla porque el hombre, sospechoso de radicalismo, estaba en paradero desconocido. En España se han tomado medidas para evitar que esto pueda ocurrir.

Uno de los yihadistas detenidos la pasada semana en Madrid. Un yihadistas detenido recientemente en Madrid.

Akailov no era efectivamente un desconocido para las autoridades suecas. De hecho, tanto la policía nórdica como la inteligencia antiterrorista alemana le seguían la pista. Se le consideraba un radical con vínculos con la mafia uzbeca, quien a su vez tiene lazos importantes con el terrorismo islamista y colabora en la financiación de células en suelo europeo.

Por estos motivos, el estado sueco le había denegado el derecho de asilo –que solicitó en 2014- y le había incluido en una lista de ciudadanos extranjeros a deportar. Pese a ello, la policía le perdió la pista hasta el mismo día en que robó un camión y cometió el atropello múltiple que costó la vida a cuatro personas, incluida una niña.

Instrucciones especiales en España para evitarlo

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes policiales, en España se ha distribuido una orden entre los cuerpos de seguridad para evitar este tipo de casos. En ella se especifica que hay que proceder con suma diligencia cuando se pierda la pista a un sospechoso de radicalismo sobre el que pese una orden de deportación.

En caso de que la expulsión del país se produzca tras cumplir condena en una cárcel española, la cadena de vigilancia nunca se rompe. La extradición se produce inmediatamente después de salir de prisión.

El problema está en los expedientes de deportación de ciudadanos extranjeros que han sido procesador por algún delito de radicalismo y han sido posteriormente absueltos. En esos casos, explican estas voces, el individuo –al estar en libertad- puede burlar la vigilancia o dejar de presentarse en una comisaría si así debía hacerlo.

Ante ocasiones como estas, explican las mismas fuentes, la orden es priorizar su búsqueda hasta localizarle. El caso del uzbeco es similar al de Amri, el terrorista tunecino que robó un camión y lo condujo a toda velocidad por un mercadillo navideño de Berlín: había recibido previamente una orden de extradición, pero la tardanza del papeleo no la había hecho efectiva.

Este patrón de comportamiento “no ha pasado inadvertido” a las fuerzas de seguridad españolas. La vigilancia sobre los individuos con orden de deportación está siendo muy estricta, explican.

La dura ley española de deportaciones

Además, los organismos españoles de lucha contra el terrorismo recibieron el pasado mes de enero un gran espaldarazo a su labor en los tribunales. El Supremo avaló como legal la técnica de las devoluciones ‘express’ que lleva a cabo el Ministerio del Interior.

En la práctica, y amparándose en argumentos relacionados con la seguridad del Estado, Interior puede enviar de vuelta a su país a un sospechoso de radicalismo que haya sido juzgado y absuelto por estos delitos.

Los sospechosos de yihadismo que se vean envueltos en investigaciones sobre terrorismo islamista pueden ser deportados automáticamente. El Supremo confirmaba así la doctrina aplicada por la Audiencia Nacional, según la cual el hecho de librarse de una imputación no es suficiente para evitar la expulsión, siempre que haya indicios de amenaza para la seguridad.

La Audiencia Nacional considera que una cosa es que falten pruebas para constituirse una sentencia penal y otra, la existencia de indicios suficientes como para proceder a su expulsión del país.

Los expertos antiterroristas aseguran que, con esta ley a su favor, se les facilita la tarea de controlar a los sospechosos de yihadismo. Una ley que países como Suecia ni siquiera se plantean. Allí, la policía ha llegado a admitir que pese a que el autor del atropello tenía una deportación pendiente, esta iba a ser imposible de tramitar al ser Uzbekistán una dictadura que no garantiza el respeto a los derechos humanos.

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