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Seguridad

Más de una decena de detenidos

Operación policial contra una inmobiliaria que robaba a sus clientes con un virus informático

Hackeaba cuentas bancarias y redirigía el dinero a empleados recién contratados

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El juzgado  de instrucción número 3 de Gandía ha coordinado una operación policial dirigida a desarticular una trama que dedicaba a estafar mediante virus informáticos, robando dinero a particulares.


Policía Nacional Policía Nacional Cordon Press

Según ha podido saber El Confidencial Digital, los propietarios y empleados de una inmobiliaria de Huelva conformaron un entramado para estafar tanto a sus clientes como a empleados recién contratados, a quienes utilizaban como muleros, es decir, como receptores del dinero robado.

El funcionamiento era el siguiente: los cerebros de la trama ofrecían contratos de trabajo ficticios a los posibles muleros. Contactaban con las víctimas a través de las redes sociales y se comunicaban con ellos a través de correo electrónico, incluso para la firma del acuerdo laboral.

El empleo consistía en una tarea sencilla: hacer transferencias a cuentas radicadas en países extranjeros. Se trataba del dinero que habían robado previamente a clientes de la inmobiliaria, inoculándoles un virus informático.

Aprovechaban la condición de parados de los futuros muleros para hacerles coautores de la estafa, aunque la juez instructora ha estimado la solicitud de la defensa de un  afectado, Juan Gonzalo Ospina, y ha dictado un auto en el que lo desimputa.

Entiende la magistrada que el mulero actuó ignorando su condición, lo que le ha llevado a apreciar ausencia de dolo en la colaboración del delito.

La estafa se extiende a varias provincias; de hecho, la operación policial se ha desarrollado en Alicante, y por el momento han sido detenidas una docena de personas. Por el momento, los agentes se han incautado de 18.000 euros estafados, aunque no descartan que exista una cantidad mayor en paraísos fiscales.

Las fuentes judiciales consultadas no contemplan por el momento elevar el caso a la Audiencia Nacional, algo que podría ocurrir si efectivamente la cantidad de dinero hurtada supera los 18.000 euros incautados a día de hoy.

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