Policía y CNI presionan para que combatir en el extranjero sea tipificado como delito
Se han dirigido a Interior para que gestione con urgencia ante Justicia la modificación del Código Penal. El objetivo es que los yihadistas retornados de Siria sean juzgados
España debe impedir la vuelta a ‘casa’ del más de medio centenar de yihadistas que viajó a Siria e Irak para combatir integrados en grupos islamistas. Ese es el objetivo que, a día de hoy, consideran prioritario tanto servicios de inteligencia como fuerzas de seguridad del Estado.
Según confirman fuentes de ambos entornos a El Confidencial Digital, actualmente se están realizando intensas labores, “presiones” incluso, hacia el Ministerio del Interior y al Gobierno para que se reforme “cuanto antes, de forma urgente” el Código Penal y sus apartados sobre terrorismo.
Actualmente, explican, existe un “limbo legal” en torno a la figura del combatiente que viaja a luchar en un escenario extranjero, uniéndose de forma voluntaria a brigadas o milicias que, pese a que tengan ciertos vínculos con el terrorismo islamista, no están consideradas como tal.
Es el caso de buena parte de los 51 presuntos islamistas con nacionalidad española que han viajado en los últimos años a combatir al gobierno de Bashar al Assad o actualmente luchan con el ISIS en Irak. Incluso los que viajaron al Sahel para unirse a algún grupo islamista.
Existe la certeza entre los servicios antiterroristas de que un alto porcentaje de ellos tiene intención de volver a España. Los datos en toda la Unión Europea son aún más preocupantes: más de 3.000 potenciales ‘retornados’. El temor es que parte de ellos quiera continuar su lucha en ‘casa’, algo que pondría en serio riesgo a Ceuta y Melilla y también al resto de España.
Reformar el Código Penal por vía urgente
Con el Código Penal vigente hasta la fecha, un hipotético retornado descubierto podría ser detenido e interrogado sobre su presunta participación o integración en grupo terrorista de corte islamista. Pero, según las fuentes consultadas, bastaría con que asegurara que ha estado realizando “labores humanitarias o prestando ayuda no bélica “para quedar libre. “Al menos temporalmente” explican.
Si llegado el caso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lograran acreditar su pertenencia a grupos extremistas y su participación militar junto a ellos, se procedería de nuevo a su detención. “Pero podría ser demasiado tarde, ya que tendría tiempo suficiente para ocultarse”.
Por ello, “es necesario reformar con urgencia el articulado del Código Penal” asumen desde los servicios de inteligencia antiterrorista. Y de ahí que se esté realizando una labor de “presión” hacia Interior, y estos, hacia el Gobierno y el Ministerio de Justicia, quien dirige el proyecto.
La reforma lleva un año atascada
Este trámite, pese a que se anunció que el Gobierno “valoraría”, según palabras del ministro de Exteriores García-Margallo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, aún no se encuentra en fase de proyecto.
De momento no existe un plazo estipulado para que entre en vigor el nuevo Código Penal, cuyo trámite parlamentario lleva ya un año en marcha y para el que se ha ampliado el trámite de presentación de enmiendas más de una treintena de veces.
