Sube la tensión en Cataluña: los jueces piden escolta
Han solicitado a Interior protección personal ante la escalada de amenazas y coacciones de independentistas
Desde septiembre, algunos jueces catalanes vienen siendo objeto de amenazas, escraches y pintadas por parte de independentistas a cuenta de las decisiones tomadas sobre el referéndum y el procés. Tanto es así, que varios han terminado acudiendo a Interior para solicitar escolta.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, varios magistrados han preguntado a altos responsables de Seguridad por la posibilidad de que les aumenten las medidas de protección que tienen a día de hoy.
Se trata desde titulares de juzgados de instrucción de toda Cataluña hasta magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Tienen en común haber investigado a conocidos independentistas o participar en casos directamente relacionados con el referéndum del 1-O.
Escolta fuera del juzgado
La idea de fondo es aumentar la protección con la que cuentan a día de hoy: guardias de agentes de los Mossos en las sedes judiciales y cámaras de vigilancia en las mismas. La intención de los magistrados es que esas medidas no se limiten al ámbito laboral y pasen también a la esfera privada.
En concreto, han solicitado a Interior que les asigne escolta permanente, según ha confirmado ECD de fuentes cercanas al caso. Los jueces alegan que las amenazas han aumentado tanto en número como en gravedad en los últimos meses y que algunos independentistas han llegado incluso a gritarles a la salida de su domicilio.
Denuncian, asimismo, ser objeto de seguimiento por parte de sus amenazadores, que conocen sus trayectos y el entorno donde se mueven en su tiempo de ocio. Cabe recordar los últimos ataques recibidos por parte de la fiscal Magaldí en su casa del Pirineo y los mensajes amedrentadores sobre la mujer del juez Llarena y su domicilio en Sant Cugat.
Peticiones del CGPJ y las asociaciones
De hecho, Llarena está escoltado desde el pasado viernes, cuando tomó la decisión de encarcelar sin fianza a Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forcadell. Ya entonces empezaron a recrudecerse las amenazas en redes sociales desde cuentas controladas por partidarios de la independencia.
Horas después de la decisión, apareció una gran pintada en la calzada de una calle de Das, una localidad del Pirineo gerundés, firmada por las juventudes de la CUP, Arran. Decía así, en catalán: “¡Llarena fascista! Ni en Das, ni ningún sitio”, “Los Països Catalans serán vuestro infierno” y “Libertad Presos Políticos”. El magistrado posee una casa en el municipio, adonde acude ocasionalmente.
Tras estas amenazas, Llarena solicitó más protección para su familia. La Fiscalía Superior de Cataluña ha iniciado una investigación por el citado mensaje, en el que la autora asegura que el juez y su mujer “no podrán ir por la calle”.
Por su parte, tanto el Consejo General del Poder Judicial como las asociaciones de jueces y de fiscales han emitido sendos comunicados de condena a los autores de las amenazas, que “violan la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia”. También solicitaron más seguridad ante la escalada de tensión en Cataluña.
Falta la respuesta de Interior
Según ha podido saber este confidencial, Interior aún debe responder a estas peticiones, que se han efectuado, la mayoría, tras la detención de Puigdemont en Alemania. Las horas posteriores se originó en toda Cataluña una fuerte contestación por parte de los independentistas y se convocaron varias manifestaciones y cortes de carretera.
El Ministerio debe terminar además qué cuerpo asumiría la función de escolta, si los Mossos d’Esquadra, la Policía o la Guardia Civil.
Causas contra el independentismo
Actualmente, siete juzgados catalanes tienen abiertas causas relacionadas con el referéndum del 1-O y la actuación de los Mossos: el 7 de instrucción de Barcelona, el 3 de instrucción de El Vendrell (Tarragona), el 4 de instrucción de Lérida, el 2 de instrucción de La Seu d’Urgell, el 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y los juzgados de guardia de Santa Coloma de Gramenet y de El Prat de Llobregat (Barcelona).
Por otra parte, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dirigido por Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los prolegómenos del referéndum y las leyes de desconexión; en concreto, el uso ilegal de datos personales de los catalanes para la creación de una Hacienda catalana.
Además, el TSJC investiga a los alcaldes que cedieron espacios municipales para la celebración de la consulta, sin olvidar la gran causa de corrupción relacionada directamente con CDC, el caso del 3%. Éste nació en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell.
