Lunes 11/12/2017. Actualizado 01:00h

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Seguridad

Tras diez años de reclamaciones

Los presos ya podrán tomar ibuprofeno

El Tribunal Supremo declara ilegal que se restrinja el acceso a todos los medicamentos del mercado por parte de los reclusos

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Asociaciones vinculadas con la sanidad en España llevan más de diez años denunciando que los presos de este país no disponen de los mismos medicamentos que en el exterior. Finalmente el Tribunal Supremo dictaminó este hecho como ilegal y se han tomado medidas que permiten el uso de Ibuprofeno en las cárceles de nuestro país.

Centro Penitenciario de Madrid VII, en Estremera. Centro Penitenciario de Madrid VII, en Estremera.

En Julio de 2016 el Ministerio de Interior, instauró un nuevo método por el cual los presos pueden acceder a medicamentos del exterior. Ha creado un visado para que los encarcelados puedan reclamar tratamiento médico por parte de la sanidad pública.

Interior achaca los recortes presupuestarios a la falta de asistencia sanitaria en los centros penitenciarios españoles. El Confidencial Digital se ha hecho eco de la dificultad de obtener fármacos a través de esta medida.

La falta de medidas motiva a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y a la Organización Médica Colegial de España (OMC) a denunciar la imposición de dispensar productos farmacológicos distintos de los del exterior.

Ante este hecho el Tribunal Supremo dictaminó en una sentencia estos acontecimientos como ilegales. Afirmando a ECD que “los presos tienen una salud más extraordinariamente quebrantada que la sociedad de a pie”.

Se ha conseguido que las personas que se encuentran en las cárceles españolas tengan acceso a medicamentos tan comunes como el Ibuprofeno.

Más de diez años

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y a la Organización médica colegial de España (OMC) llevan más de diez años denunciando el difícil acceso a la sanidad que tienen las personas presas en nuestro país.

A pesar de que la Ley establece que los derechos de acceso a la sanidad deben de ser los mismos, tanto para lo que tienen privada su libertad como para los que no, la realidad es otra diferente.

Las asociaciones afirman a este confidencial que “la lucha continúa para que todos tengamos derecho al acceso a la sanidad”.


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