El Ejecutivo venía alegando que los alcaldes se oponían. Ahora acaba de recibir la aprobación, pero reconoce problemas para ejecutar la decisión porque está en funciones
El Gobierno no ha tramitado el decreto ley porque le falta un informe de la FEMP y no puede justificar ante el Congreso “extraordinaria y urgente necesidad” para aprobarlo
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