¿Deben los políticos dimitir cuando son imputados?

No hay un consenso generalizado en esta cuestión. Los distintos sociólogos, expertos juristas y altos cargos que abordan este asunto mantienen opiniones contrapuestas sobre qué es lo más conveniente para un político que se enfrenta a un proceso judicial.

Ser imputado es un estatus procesal: una persona sobre la que alguien dice que cometió un delito y el juez piensa que hay unos indicios que así lo acreditan. Para algunos expertos, la dimisión es un tema estrictamente personal del imputado. Después hay que sopesar qué tipo de delito, la entidad de los indicios que se ponderan y el nivel de transparencia y exigencia personal de cada uno y su partido a la hora de justificar una dimisión. Es decir, que depende, en gran medida, de cada caso. No hay que olvidar que, si después hay una sentencia absolutoria, el perjuicio que se puede causar a esa persona es prácticamente irreparable.

Algunos juristas se muestran más tajantes. Consideran, en cambio, que cualquier cargo público debería dimitir cuando existe una resolución judicial que le afecte en un procedimiento. Un juez no imputa gratuitamente, y si lo ha hecho, será porque ha visto indicios de delito. La presunción de inocencia pesa por encima de todo, pero un político debe abandonar su cargo, al menos de manera temporal, para afrontar su situación judicial.

En opinión de Narciso Michavila, sociólogo y presidente de la consultora GAD3, en un Estado de Derecho es necesario dejar actuar a la Justicia, por lo que el hecho de estar imputado no debería suponer la dimisión automática. Máxime cuando la mayoría de las causas judiciales que afectan a los políticos están abiertas por adversarios con fines electorales.

Hay que ser cautos con los juicios paralelos, basándose únicamente en indicios. Luego es muy complicado restituir el honor de una persona si finalmente resulta absuelta o inocente porque ya ha sido condenada mediáticamente. El Poder Judicial, en ese caso, se pone al servicio de las batallas políticas y se entra en una dinámica muy peligrosa. Una solución a esto podría estar, opina, en que la resolución de los casos judiciales, especialmente los más mediáticos y de trascendencia social, no se demorasen meses, o incluso, años.

Es partidario, también, de exigir mayor ejemplaridad y transparencia a los cargos públicos, pero que esto no se convierta en una invasión sin límites de la intimidad de los políticos y sus familias.

Michavila defiende que la corrupción hay que corregirla, pero además de la Justicia, quienes tienen que hablar y decidir son los electores. En sus manos está no seguir votando a un político que les inspira desconfianza o de quien tienen fundadas sospechas de prácticas ilícitas.

¿Y qué dicen los ciudadanos sobre este asunto? Al fin y al cabo son los electores, y por tanto, quiénes eligen a sus representantes políticos en las elecciones cada cuatro años. Los ciudadanos no quieren que los partidos pongan paños calientes a los políticos imputados por casos de corrupción. Una encuesta reciente publicada por La Voz de Galicia revela que el 82,8 % de los consultados por Sondaxe consideran conveniente que todos los cargos que se ven involucrados en esas situaciones abandonen sus responsabilidades. Esa proporción alcanza el 92,7 % si se tiene en cuenta a un 9,9 % que puntualizan que la renuncia deberá concretarse en función de las circunstancias concretas de cada caso. Solo tres de cada cien encuestados defienden que los imputados nunca deben dejar sus cargos.

Concretamente, el 74% de los votantes del Partido Popular creen que los políticos imputados deben abandonar sus responsabilidades en todos los casos, una opinión que comparten el 79,8 % de los que respaldan al PSOE. Pero los matices más significativos se dan entre los electores de los dos grandes partidos. Así, los del PP son los que entienden en mayor medida (14,7%) que la renuncia debe materializarse “dependiendo de los casos”. Por su parte, entre los consultados que apoyan al PSOE se da el porcentaje más alto de opiniones contrarias al cese. El 13,4% de los electores socialistas creen que un político imputado por corrupción no debe renunciar nunca.