Miércoles 13/12/2017. Actualizado 13:45h

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¿Es España un país de 'chorizos'?

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Gürtel en Valencia y Madrid, arrestos por el Caso Pretoria en Barcelona, imputaciones en Baleares, presuntos favores monclovitas a un constructor de León, Mercasevilla en Andalucía... Hay una conciencia de degradación de la vida pública pero, ¿es España un país de 'chorizos'?

-         En España, la corrupción no es un cáncer incurable entre otros motivos porque su infiltración en la vida pública no es un arraigo consuetudinario, casi consustancial al carácter nacional, como en otros países del Mediterráneo.

-         A una tradición no exenta de episodios corruptos –el caciquismo de la Restauración, por ejemplo- le siguió un franquismo autoritario pero rigorista en la ley, y con unas cúpulas tecnocráticas en la Administración –López Rodó, Ullastres- de reconocida integridad personal.

-         Por tanto, la aserción de el carácter latino implicaría una tendencia fatal al conchabeo, al entendimiento de que un grado de corrupción es necesario para engrasar el sistema y hacerlo humano, no es sino un prejuicio en parte autocompasivo. De hecho, los votantes han castigado la corrupción en las urnas, y todos los casos de corrupción no sólo han merecido gran cobertura mediática sino que han suscitado la atención y la reacción de la opinión pública de modo unánime.

-         Contra ese prejuicio de España como ‘país de chorizos y mangantes’ cabe también aducir que no hay un partido democrático en toda Europa sin sus correspondientes escándalos de corrupción. De hecho, si nos atenemos a los datos, en España la corrupción ha sido menos sistémica que puntual (financiación ilegal en un momento dado, enriquecimientos a costa del partido), salvo en algunos municipios o gobiernos de Comunidades Autónomas. En Inglaterra, cuna de la democracia moderna, durante el último año se ha descubierto una corrupción, esta sí sistémica, entre los miembros del Parlamento.

-         Los recientes casos de corrupción descubiertos en España contribuyen a erosionar la credibilidad política y aumentan la sensación de descrédito hacia la vida pública. Al mismo tiempo, reactivan exigencias por parte de la opinión pública, ya consciente de la preponderancia partitocrática y de los partidos como sistemas de obediencia interna, ajenos a la meritocracia. Ciertamente, el riesgo más fácil en las sociedades abiertas es la corrupción.

-         Como consecuencia, en el Congreso de los Diputados, partidos de género muy diverso están proponiendo medidas contra la corrupción: hacer público el patrimonio de los representantes públicos, prohibir las ayudas a fundaciones de partidos por parte de empresas contratadas por las administraciones, endurecer las penas contra los corruptos e instaurar una política de “tolerancia cero” en este ámbito.

-         En parte, los problemas de corrupción en España han venido alentados por una falta de práctica democrática: la corrupción se empieza a investigar tarde, las investigaciones duran años, los corruptos han creído vivir en un estado de intangibilidad penal.

-         Como fuere, la corrupción ha tenido dos lugares de privilegio en España: dichos ámbitos conciernen a la financiación de los Ayuntamientos y a la financiación de los partidos políticos. Ambos son casos que, en términos legislativos, aún están por resolver. La propia labor del Tribunal de Cuentas dista de ser una auditoría real.

-         En el caso de los partidos políticos, cabe tener en cuenta que un caso de financiación ilegal –Filesa- por una campaña electoral, ha sido quizá el caso más notable de corrupción en nuestra democracia. Las medidas legislativas siguen estancadas, aunque algunos partidos acaban de pedirlas, en tanto que la financiación de los Ayuntamientos –alguno, como el de Marbella, ha llegado a ser disuelto- ha sido ya percibida como tan amenazante que se están disponiendo normativas al efecto: Reformar la Ley del Suelo, nueva ley de Financiación Local –que hará a los ayuntamientos menos dependientes de los ingresos por Urbanismo-, así como la reforma de la Ley de Régimen Local, que incluirá nuevos mecanismos de control y transparencia en los municipios.

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