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Y si España fuera rescatada, ¿qué?

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¿Estamos tan lejos de Irlanda? Ahora, con el plan irlandés encima de la mesa, muchos ciudadanos se preguntan qué pasaría en España si se tuviera que aplicar un ajuste similar al aprobado por el Gobierno de Brian Cowen.

Una de las primeras correcciones que se pondrían en marcha afectaría al gasto social. Con el conjunto de las medidas de rescate aprobadas, el Gobierno de Irlanda pretende recortar 15.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Esto supone, aproximadamente, el 10% del PIB irlandés. Si España tuviera que sacar adelante un ajuste de características similares, tendría que reducir el gasto público en 100.000 millones de euros.

Pero el paquete aprobado en Irlanda no implica una reducción radical del gasto público. Los ciudadanos tendrán a su vez que hacer frente a una fuerte subida de impuestos para recaudar hasta 5.000 millones de euros más hasta 2014. Los irlandeses soportarán una subida del IVA general desde el 21 al 23%. Además, el Impuesto sobre la Renta subirá, con el objetivo de ingresar 2.000 millones de euros más. En España, el IVA ya se ha subido este año, del 16 al 18% (el tipo general), con lo que un nuevo incremento hasta el 20% sería difícil de defender políticamente ante la opinión pública. Sin embargo, de un cambio en el IRPF se ha hablado más, y ésta podría ser una de las posibles soluciones. Haya rescate o no, esta premisa se baraja como una de las posibilidades para reducir el déficit. El nuevo tramo incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 (subir el máximo del 43 al 47%) implicará un aumento en la recaudación de 300 millones. El equivalente a la subida irlandesa para la Hacienda española sería de 14.000 millones, por lo que sería necesario aplicar un fuerte aumento a todos los tramos de renta.

El ajuste también afectaría directamente a los funcionarios. No se les bajaría los sueldos únicamente, el drama humano podría ser mayor. El 7% de los empleados públicos irlandeses será despedido para reducir el déficit. Casi 25.000 personas perderán un trabajo que creían completamente seguro para toda la vida. En España hay 3.175.000 trabajadores que cobran nómina de algún organismo público (administración o empresas), por lo que una reducción del 7% implicaría despedir a 217.000 personas. No parece sencillo que ningún Gobierno en España esté dispuesto a tomar una decisión de este importante calado. Más, si se tiene en cuenta que una reducción del 5% en los salarios de los empleados públicos no ha dejado de levantar críticas y comentarios desde que se anunció el pasado mes de junio.

Las autoridades deberán obtener ingresos a la desesperada para mantener saneadas las cuentas del Estado. Una subida de impuestos sería otra de las cargas que tendrían que soportar los ciudadanos. Una de las medidas más curiosas propuestas por el Ejecutivo de Brian Cowen es la aplicación de una tasa sobre el consumo del agua. Para ello, será obligatorio que todos los irlandeses pongan un contador en su casa. En España, lo más factible pasaría por una subida del recibo de la luz que acabase con el décifit de tarifa, algo que reclaman las compañías eléctrica desde hace tiempo. Es algo que siempre ha estado pendiente, pero en un proceso de ajustes y reducción del déficit, sería difícil justificar que la factura eléctrica siga sin reflejar todos los costes. Otros de los servicios actuales que podría perder su condición de gratuidad es el sistema sanitario.

Pero los problemas de España son cada vez menos de números. Uno de los mayores eslabones con los que cuenta ahora la economía española es la falta de confianza de los mercados internacionales. Se han dado innumerables ejemplos que hacen tiritar a la marca España bajo la lupa de los inversores internacionales. Estos son algunos de los casos más llamativos: la ignorancia de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero durante casi dos años, el insuficiente ajuste inmobiliario, la grave crisis financiera nacional con un proceso de reestructuración de las cajas de ahorros lleno de incertidumbres, las crecientes dudas sobre la solvencia estatal y las tímidas correcciones estructurales (reducción de gasto público y reforma laboral) puestas en marcha hasta el momento, unidas a anuncios de reformas que nunca llegaron a ver la luz, hacen dudar a los analistas sobre la capacidad de España para afrontar sus compromisos de pago.

Una de las grandes secuelas que está dejando esta crisis es la pérdida de competividad de las empresas españolas en el exterior. Se trata de compañías que necesitan confianza internacional en la marca España. En caso contrario, estas empresas están pagando por el nombre del país, son penalizadas por ser españolas. La mejora de la competitividad se traduce en poner sobre la mesa una serie de vectores que ayuden a que las empresas puedan reforzar su posicionamiento interno y externo. Supone, además, reforzar la economía del conocimiento, atraer capital exterior para financiar proyectos innovadores, ayudar a las empresas a mejorar su capacidad de aplicar las nuevas tecnologías de cualquier lugar del mundo, y que nuestro capital intelectual no se traslade a otras regiones del mundo, así como que las pymes pueden tener acceso a los mercados mundiales.

En un solo año el World Economic Forum acaba de bajar a España nueve puestos en el Índice mundial. Una caída trascendental que refleja los cambios estructurales que se están produciendo en el mundo globalizado, a los que no podemos responder sólo con esperar una recuperación espontánea de la economía nacional.

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