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Financiación autonómica: el primer gran escollo del segundo Gobierno Zapatero

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La clase política ha caldeado el próximo debate sobre financiación autonómica, donde el Estado busca aportar equitativamente a las distintas CCAA y el Gobierno se puede ver comprometido por las implicaciones del Estatuto Catalán.

La financiación autonómica puede ser uno de los principales escollos políticos de esta legislatura, a imagen de la gestación de los nuevos Estatutos de Autonomía en la legislatura pasada y, en buena medida, como continuación del problema que estos representaron.

Los meses previos a la negociación de la financiación autonómica han propiciado un nivel desacostumbradamente intenso de pronunciamientos políticos, sin que la gravedad del asunto haya trascendido mediáticamente en toda su hondura por tratarse de un problema político de especial dificultad técnica.

Las disputas habidas entre grupos políticos, ejecutivos de Comunidades Autónomas e incluso dentro de los distintos partidos, hablan del alcance potencialmente disruptivo que tiene la financiación autonómica en el panorama político español. Así, hemos visto a Montilla contra Camps, Fernández-Vara, Felipe González y Manuel Chaves; a los diputados de CiU y ERC contra la aludida retirada de ICV, matizaciones del mismo discurso entre Génova y el PP catalán, etc.

El 28 de agosto, Pedro Solbes inaugurará oficiosamente la ‘rentrée’ política al comparecer en la Comisión de Economía del Congreso para explicar las líneas maestras del proyecto del Gobierno para la financiación autonómica. Este debate va a transcurrir casi simultáneo con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado y en un marco de crisis económica para el presente y el futuro inmediato, dificultando así las posibilidades de alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes.

La coincidencia con el debate presupuestario ha suscitado las críticas del PP, en tanto que todos los grupos parlamentarios, especialmente los catalanes, han criticado que ICV retirara su apoyo a la iniciativa, también alentada por el PP, para que fuese Zapatero personalmente quien compareciera en un pleno extraordinario del Congreso a fin de explicar las posturas del Gobierno.

Globalmente, la financiación autonómica forma parte de los recursos de financiación a los que pueden acceder las Comunidades Autónomas. Así, una vez excluidos los conciertos del régimen foral (Navarra y País Vasco) y los casos particulares de Canarias, Ceuta y Melilla, las CCAA se han venido acogiendo a un régimen común de financiación autonómica que sumaba fondos al resto de recursos a su alcance: tributos propios, tributos compartidos, endeudamiento, fondos europeos, transferencias de fondos del Estado, etc.

La financiación de las CCAA tiene por principios los tres recogidos en la Constitución: autonomía financiera, coordinación y solidaridad. Este último es el más funcional y por tanto el más problemático.

En 1999, el Gobierno Aznar logró consensuar un régimen común en el que se establecía un adicional ‘fondo de suficiencia’ y otros sistemas compensatorios como las ‘asignaciones de nivelación’ y los ‘fondos de compensación interterritorial’ para asegurar que todas las CCAA dispongan de iguales servicios básicos o para compensar menores riquezas relativas, etc. Asimismo se contemplaban contingencias en cuanto a densidad de población, tema recurrente en las negociaciones actuales.

El principal problema que afronta Zapatero viene a raíz de la puesta en marcha de un Estatuto Catalán que exige una negociación bilateral de las aportaciones. El hecho de que una parte del articulado del Estatut haya sido recurrido ante el Tribunal Constitucional no favorece la claridad en la situación.

En compromisos ulteriores con la presidencia de la Generalitat, Zapatero se comprometió a la publicación de las balanzas fiscales por autonomías y a invertir en Cataluña tanto como esta representaba de peso específico en la economía nacional (ca. 18%).

La publicación de las balanzas fiscales, además de favorecer episodios chuscos como el incidente del blog personal de un concejal de Torredembarra insultante hacia los extremeños, ha sido criticada por su falta de fiabilidad, entre otros organismos por el Instituto de Estudios Económicos. A modo de ejemplo, se suele hurtar al debate que las aportaciones realizadas por los ciudadanos catalanes se ven fuertemente paliadas en tanto que el presupuesto de la Generalitat tiene un 10% de su montante con origen en el Fondo de Suficiencia.

El propio José Montilla ha hablado de ‘riesgo de desafección’ por parte de Cataluña, y de ‘injusticia lacerante’ si el Gobierno no asume los compromisos realizados. El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez-Touriño, también ha exigido bilateralidad en la negociación. El Gobierno de momento se resiste.

Montilla propone un modelo ‘a la alemana’ en el que una región que recauda más que otra nunca podrá tener menos dinero que esta. Madrid, Valencia y Baleares, a la cabeza también de las Comunidades más ricas, opinan que la nivelación debe aliviarse pues las CCAA más pobres reciben más dinero por habitante que las más ricas. Comunidades como Extremadura, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia, afirman que sus territorios son extensos y de población disgregada, por lo que dar los servicios cuesta objetivamente más que en las grandes concentraciones de población.

El Estatuto de Cataluña tiene previsto adoptar un marco estable de financiación para 2009 en agosto de 2008. La vicepresidenta de la Vega ha prometido que la negociación no ha de demorar más de tres meses.

Aunque Celestino Corbacho, ministro y prohombre del PSC, ha asegurado que Zapatero tiene el voto de los veinticinco diputados catalanes del PSC-PSOE, Montilla ha amenazado con no votar los Presupuestos si no se cumplen sus exigencias. Si el PSC adoptara una política de voto distinta a la de Ferraz, se evidenciaría una crisis que situaría al PSOE nacional simbólicamente por debajo en escaños que el PP en el Congreso.

En clave interna catalana, podría darse una crisis si Montilla no consigue lo prometido a la hora de formar Gobierno con sus socios de ERC e ICV. En cualquier caso, de estos se espera que, más que precipitar una crisis de Gobierno, transijan para conservar sus propios puestos en el gabinete de Montilla.

En un sentido más genérico, la intuición de que el problema de la financiación autonómica va a ser una constante por muchos años en la política española, ha llevado a analistas a traer a colación distintas crisis nacionales, como la desafección Flandes-Valonia en Bélgica o el caso de la Liga Norte en Italia, casos señeros de insatisfacción por una cuota presuntamente excesiva de solidaridad interterritorial.

Por último, el temor más extendido es que el Gobierno, en su afán de satisfacer las peticiones de todas las CCAA, finalmente recurra a las subidas de impuestos.

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