Juicio a la infanta Cristina: ¿somos todos iguales ante la ley?

Durante el mensaje de Nochebuena de 2011, el rey Juan Carlos I se dirigió a los españoles para decirles, entre otras cosas, que “afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

Su discurso coincidió en el tiempo con la imputación de su yerno, Iñaki Urdangarin, por presuntos delitos en la actividad del Instituto Nóos. La noticia se conoció el 29 de diciembre de ese mismo año.

Precisamente, la última frase del monarca, “la justicia es igual para todos”, ha sobrevolado el inicio del juicio oral por el ‘caso Nóos’.

Una infanta en el banquillo de los acusados

El pasado 11 de enero, la infanta Cristina –junto a su marido y el resto de imputados en la causa- viajó a Palma de Mallorca para responder ante el tribunal como cooperadora necesaria de Iñaki Urdangarin en dos delitos fiscales.

Es la primera vez en la historia de España que una infanta se sienta en el banquillo.

Hay quienes consideran que la situación judicial en la que actualmente se encuentra doña Cristina se debe a quien es –hermana del rey Felipe VI- y no a la naturaleza de su participación en las actividades, presuntamente delictivas, que ahora se investigan.

En ese sentido, la pregunta que muchos se hacen es si realmente los ciudadanos somos iguales ante la ley. El Confidencial Digital, con ayuda de cuatro expertos en materia jurídica, ha tratado de determinar esa cuestión.

¿Qué significa ser iguales ante la ley?

Según Ángel J. Gómez-Montoro, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, “la igualdad ante la ley que garantiza el artículo 14 de la Constitución significa, de manera general, que la ley es la misma para todos o, dicho de otra forma, que todos tenemos derecho a un trato igual por parte de los poderes públicos”.

Sin embargo, a pesar de que los ciudadanos sean iguales ante la ley, “puede haber diferencias de trato por la función o cargo público que se ostente”. Eso sí, estas “tendrán que estar justificadas y no podrán ser la regla general”, explica Gómez-Montoro.

En ese sentido, Joaquim Bosch, magistrado y portavoz de ‘Jueces para la Democracia’, considera que ser iguales ante la ley “implica que se cumpla en todos los casos el principio de generalidad en la aplicación de la misma”.

Porque, según Bosch, si la ley actúa en función de la persona, “se estará mirando cómo es esa persona y no qué delito ha cometido”.

Sin embargo, Gómez-Montoro añade que la igualdad ante la ley no impide que el legislador pueda establecer diferencias de trato, pero estas “solo serán posibles cuando exista una justificación razonable y, además, no se trate de una de las discriminaciones por razón de sexo, raza, religión... que prohíbe el artículo 14 de la Carta Magna.

En el caso de la monarquía, dice, “su existencia lleva consigo, necesariamente para los miembros de la Familia Real, algunas diferencias de trato respecto de otros ciudadanos, pero no significa que no estén sometidos a la ley y, más concretamente, a la ley penal”.

Solo el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad por decisión expresa de la Constitución (artículo 56.3).

¿Realmente somos iguales ante la ley?

José María de Pablo, abogado penalista en el bufete ‘Mas y Calvet’ y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Navarra, asegura que, a pesar de que el artículo 14 es la mayor definición de igualdad ante la ley, en la práctica no siempre es así.

Un ejemplo concreto, añade, es el de la hermana del rey: “No se sabe si la infanta Cristina está en el banquillo por el hecho de serlo. Su caso demuestra que ha habido un trato de desfavor, porque cualquier otra persona que estuviera en la situación de la infanta, ahora mismo no estaría sentada en el banquillo”, argumenta De Pablo. 

Lo mismo ha ocurrido, dice, con la cantante Isabel Pantoja o con el ex presidente balear Jaume Matas: “Han sido condenados sin tener antecedentes penales”.

Según De Pablo, el hecho de que sean personajes mediáticos explica el trato de desfavor hacia ellos.

Por el contrario, Francisco Velasco, jefe de Tribunales en La Razón y licenciado en Derecho, considera que no ha habido ningún trato desfavorable hacia Cristina de Borbón.

“El juez instructor ha visto indicios contra los acusados, se ha celebrado un juicio oral y ahora la infanta está en el banquillo. Hay independencia judicial porque tres jueces decidirán si es aplicable o no la ‘doctrina Botín’ y si doña Cristina debe ser juzgada o no. Por lo tanto, no se ha discriminado a nadie”, argumenta.

Por otro lado, Velasco considera que las condenas de Isabel Pantoja, Jaume Matas,  Francisco Granados o Mario Conde son el mejor ejemplo de que la justicia es igual para todos: “¿Quién se imaginaba que iban a acabar en la cárcel?”, se pregunta.

Lo mismo ha ocurrido, asegura, con las imputaciones de los ex presidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves en el ‘caso de los ERE’ en Andalucía.

Por lo tanto, para Velasco, los ciudadanos son iguales ante la ley “porque el Estado de Derecho funciona con normalidad”.

Diferencias sociales, diferencias ante la justicia

Joaquim Bosch entiende que, a pesar del avance que ha habido en las últimas décadas en relación a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la realidad es que hay diferencias sociales que se traducen en diferencias ante la justicia.

Así lo explica: “Hay gente que puede permitirse pagar a uno de los mejores letrados y otros que no tienen medios para ello. Al final, tener un buen profesional que te defienda puede ser la clave de cualquier juicio”.

Por lo tanto, la legislación española, añade, “no es neutra” por dos razones:

-- Criminaliza la pobreza.

-- Es complaciente con la corrupción política y con la alta delincuencia económica.

En definitiva, Bosch considera que formalmente somos iguales ante la ley, pero no en la práctica.

Francisco Velasco, sin embargo, vuelve al caso de la infanta Cristina para argumentar que la justicia es igual para todos: “Es un ciudadano más, por lo tanto, se ha aplicado el mismo procedimiento que recaería sobre los demás”.

En la misma línea va Gómez-Montoro. A su juicio, que doña Cristina esté en el banquillo “es una buena prueba de que la ley se aplica a todos por igual”.

Por el contrario, el portavoz de ‘Jueces para la Democracia’ ve “discutible” la actuación de la Fiscalía Anticorrupción porque, dice, no es habitual que recurra la imputación de la infanta. 

Sin embargo, para Gómez-Montoro, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se basan en razones jurídicas para argumentar que la hermana del rey no debe ser juzgada.

Esas razones, explica, serían aplicables a cualquier otro ciudadano.

Con todo, según el catedrático, la decisión que adopte el juez instructor  del ‘caso Nóos’ “deberá ser tomada en Derecho y no atendiendo a quién es la persona a la que dicha decisión afecta”.

Una mayor atención a la cuestión de doña Cristina

Bosch asegura que, en el caso de la hermana del rey Felipe VI, “todos, incluido el juez instructor –que lo ha reconocido públicamente-, han prestado una mayor atención a la cuestión de la infanta en comparación con el resto de implicados”.

Por el contrario, Velasco considera que con doña Cristina se ha seguido el mismo procedimiento que con cualquier otro ciudadano, precisamente por eso, por tratarse de un ciudadano más. 

Por otro lado, para justificar que, en la práctica, la justicia no es igual para todos, el magistrado Joaquim Bosch compara el tiempo que se tarda en resolver un delito cometido por un alto cargo de la sociedad con uno atribuido a un ciudadano común.  

Es un ejemplo más, dice, de desigualdades sociales frente a la justicia: “Los delitos contra los poderosos se eternizan en los juzgados, mientras que los cometidos por el resto de ciudadanos se resuelven en seguida”.

En ese sentido, Francisco Velasco reconoce que, a pesar de que hay justicia y de que esta se aplica con normalidad, “es muy lenta, y muchos consideran que una justicia lenta no es justicia”.