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¿Podemos fiarnos de la imparcialidad de la justicia española?

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“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”: así proclama la Constitución Española la independencia del poder judicial y la separación de poderes que se supone en cualquier democracia desde Montesquieu. Sin embargo, el actual sistema de gobierno de los jueces en España hace dudar a muchos ciudadanos: ¿Es imparcial la justicia, o está influida por los partidos políticos?

Sede del Consejo General del Poder Judicial Sede del Consejo General del Poder Judicial

En el sistema constitucional español, el conocido como “gobierno de los jueces” lo ejerce el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que entre otras funciones debe velar por la garantía de los jueces y magistrados en el ejercicios de sus funciones.

El CGPJ está formado por un presidente, que también preside el Tribunal Supremo (en la actualidad, Carlos Lemes); y veinte vocales, todos ellos elegidos por el Parlamento a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

En el apartado dos y tres del artículo 122 de la Constitución de 1978 se hace referencia a la forma de elección de los miembros que componen el CGPJ, dicen lo siguiente:

– “2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

– “3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

En la actualidad los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial -aparte de su presidente- son elegidos directamente por el Congreso y el Senado. Esta forma de selección hacen pensar a una parte de la sociedad que la justicia está ligada con el poder político.

Esto viene a suponer que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y ocho de sus vocales, de forma inalterable serán elegidos por el Parlamento, porque así lo indica la Constitución.

Al final los partidos eligen a todo el CGPJ

Donde reside la polémica actual entre los diversos partidos políticos es en la forma de elección de los doces magistrados restantes. Según los artículos a los que se hace referencia; la manera de seleccionar a estos vocales dependerá de lo establecido en la Ley Orgánica, esta sí se puede cambiar.

La ley del 1 de julio de 1985 es la que está en vigor, y por la que se rigen los doce miembros de CGPJ. Está establece que estos magistrados también sean elegidos por el Congreso y el Senado, al igual que los ocho restantes. Las Cortes Generales deben elegir entre una lista de 36 candidatos propuestos por asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Por tanto, serán los partidos políticos presentes en las Cámaras quienes elijan a los miembros que forman parte del poder judicial. Eso lleva a algunos críticos a denunciar que por ello no son independientes del poder político en su nombramiento, aunque deban serlo en sus funciones según establece la ley.

La importancia del CGPJ es que su vez tiene potestad para decidir los nombramientos clave en el sistema judicial español. Decide quiénes ocupan los cargos de presidente del Tribunal Supremo; de dos de los miembros del Tribunal Constitucional; de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo; de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; y del Magistrado del Supremo que concede las autorizaciones para realizar las actividades de los espías del Centro Nacional de Inteligencia que afectan a los derechos fundamentales.

¿Influencia política?

El Confidencial Digital ha consultado algunos periodistas expertos en tribunales para conocer su opinión sobre si la justicia en España es independiente e imparcial, o si por el contrario esta dependencia en sus nombramientos condiciona sus actuaciones.

Maria Peral, redactora de El Español y durante años periodista de tribunales de El Mundo y de ABC, asegura que “nuestros jueces pueden sentirse influenciados y presionados por los políticos, la economía y los medios de comunicación pero luego siempre toman una decisión jurídica. A la hora de decidir son imparciales”, y apostilla que eso lo tiene “comprobado al 100%”.

Para Patricia Rosety, redactora jefe de tribunales en COPE, “estos jueces (del CGPJ) sí están politizados porque son elegidos por los partidos políticos”, pero ella prefiere confiar en la profesionalidad de las personas, de cada juez concreto.

La reforma pactada por PP y C’s

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos llevaron en sus programas de las últimas elecciones generales cambios que, según ellos, “despoliticen” el Consejo General del Poder Judicial. Su intención es volver a la forma de elección anterior a la actual y evitar que los veinte miembros sean elegidos por el poder legislativo.

El acuerdo que firmaron Mariano Rajoy y Albert Rivera para la investidura del primero que terminó siendo fallida contemplaba la elección directa de los 12 vocales de procedencia judicial por los 5.500 jueces de distintas asociaciones. Evitando de esta manera que sean los representantes de los partidos políticos en las Cortes quienes decidan a estos miembros. Esto supondría que un grupo de unos cinco mil juristas seleccionase a los miembros del consejo de una lista de los 36 candidatos propuestos por las asociaciones de jueces o por magistrados no asociados.

No obstante, la periodista María Peral considera que este pacto “es un paripé” porque “la justicia está politizada a consecuencia de los políticos que delegan en los jueces asuntos que tienen que resolver ellos”.

Esta reivindicación de C’s y PP ha sido recomendada por el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es apoyada unánimemente por cuatro asociaciones judiciales: La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

Un cambio de Ley Orgánica sin tocar la Constitución

Más allá de la forma de elegir a los miembros del CGPJ, María Peral cree que “es imposible manejar a un tribunal” y continúa añadiendo que “cuando un tribunal toma una decisión contraria a una parte de la sociedad, estos creen que los oponentes le han condicionado en su decisión. Pero nunca se han dado argumentos que los justifique”.

Con todo, es importante resaltar que la imparcialidad de los magistrados depende de la profesionalidad de los mismos. Pero el hecho de ser ser elegidos en su totalidad por el poder legislativo condiciona políticamente al órgano judicial.

Puesto que la elección de ocho miembros no se puede alterar (son elegidos por el Congreso y el Senado según dicta la Constitución), el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la elección de los otros doce miembros para que pasen a ser elegidos por el propio colectivo de jueces, y no por los partidos políticos, podría suponer un cambio sustancial en acabar con cualquier sombra de sospecha sobre la dependencia -y no independencia- que pudiera tener la justicia en España.

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