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"¡A las sacristías!" Rodríguez Zapatero, el cristianismo y la Ley de Libertad Religiosa

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Con la preparación de una nueva Ley de Libertad Religiosa que no han pedido las distintas confesiones, el Ejecutivo busca abandonar la aconfesionalidad para impulsar el laicismo militante.

-         No pocos pensadores consideran la libertad religiosa como uno de los primerísimos derechos del hombre, en tanto que es la garantía de un espacio de decisión interior autónomo e inviolable por el Estado.

-         En su vertiente pública, y según recuerda el pensador decimonónico Fustel de Coulanges, “el cristianismo fue la primera religión que no quiso que el derecho dependiera de la religión”, de modo que, según el filósofo suizo Martin Rhonheimer, el cristianismo, al afirmar la supremacía de lo espiritual respecto a lo temporal y subordinar este poder a criterios de verdad y derecho, es el primer impulsor de una política laica. El hecho de que el papado, por avatares históricos, se atribuyera no sólo una ‘autoridad’ sino una ‘potestad’ efectiva, nunca ha implicado el “arrogarse la tarea de gobernar el mundo”. Es justamente la visión cristiana la garante de una cultura política laica.

-         Desde el Renacimiento, el debate está en estos términos: “lo importante (a efectos políticos) no es cuál sea la verdadera religión, sino cómo puede el pueblo vivir en paz”. En su positivación constitucional, el acuerdo al que se llega es que la religión reconoce una legítima autonomía al funcionamiento de las realidades temporales, en tanto que el Estado respeta la libertad religiosa en su vertiente privada y social, sin entrar a la valoración veritativa de cada religión. Una “ética de mínimos” en el ámbito social puede hacer que la religión y la política sumen en positivo: esa es, estrictamente, la visión de la Constitución Española, cuya aconfesionalidad avala la posibilidad de cooperación entre ambas realidades al contemplar, en última instancia, la religiosidad individual como un fenómeno positivo.

-         Con todo, en la “inevitable tensión crítica” de las dos esferas, la neutralidad valorativa del Estado prima en la práctica la posición agnóstica. En este sentido, cabe también recordar que el ateísmo público no sería neutralidad religiosa sino militancia antirreligiosa, alejada de la neutralidad de una posición puramente laica. El filósofo izquierdista J. Haberlas afirma que “la generalización política de una concepción del mundo de tipo secular no es compatible con la neutralidad ideológica del poder estatal”.

-         En paralelo, la expresión de las opiniones de la Iglesia en materias que afectan a las realidades temporales no es una injerencia indebida sino una derivada de sus principios prepolíticos: la Iglesia rechaza, por ejemplo, que el principio de mayoría sea una autoridad legitimante de la verdad de las leyes, al tiempo que, contra el laicismo militante, recuerda que la dimensión social de la libertad religiosa, según subraya el profesor Andrés Ollero, quedaría desactivada si implicara su exclusiva práctica en solitario.

-         En España, el actual proyecto de Ley de Libertad Religiosa, cuya revisión no ha sido planteada por las distintas confesiones, se aparta de la veta histórica del socialismo español moderno, aquel que buscaba puntos de encuentro con la fe “a la luz del valor de la dignidad humana” y reclamaba como “absolutamente conciliables” la fe cristiana y la militancia socialista.

-         El propio Rodríguez Zapatero, antes de llegar al poder, en el documento “Tender Puentes” sobre socialismo y mundo cristiano, afirma que “esta es la tarea pendiente: sustituir la negación del valor de lo religioso o una actitud de indiferencia, por un reconocimiento y valoración positiva del mismo”, “la defensa del pluralismo y de la democracia no puede hacerse sobre la indiferencia o el rechazo a la religión”, “la creencia religiosa no es ajena a la esfera pública”.

-         Hoy, por el contrario, las nuevas propuestas gubernamentales sobre Libertad Religiosa restringen la libertad de manifestación de las confesiones, degradan en la práctica el status del ciudadano con fe religiosa y, más allá del indeferentismo, prima un ateísmo práctico desde el Estado que atenta contra la letra y el espíritu de la Constitución y contra la tradición del PSOE de los últimos decenios.

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