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29-M. ¿Sirve para algo una huelga general?

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España vivirá el 29 de marzo la octava huelga general de la democracia. Hasta ahora, estos paros no habían coincidido con una mala situación económica. Sin embargo, la última contra Zapatero -en septiembre de 2010- y ésta primera contra el Gobierno de Rajoy se producen en plena crisis económica. Pero, ¿servirá para cambiar algo?

Los sindicatos han convocado una huelga general para el 29 de marzo. Un paro descontado por todo el mundo, incluido el propio Mariano Rajoy, que ya anticipó en Bruselas que la reforma laboral le costaría una huelga general. Y es que si el Gobierno ya contaba con esta huelga, y a pesar de ello, ha aprobado la reforma laboral, es fácil intuir que la protesta tendrá una utilidad muy limitada.

La huelga del 29 de marzo se produce en el peor momento económico de la historia de la democracia española y tenderá a aumentar la contracción económica y los problemas que ya tiene España. Y es que ahora, según los expertos, lo que se necesita es todo lo contrario: políticas de consenso y acuerdos sociales. Sólo dos huelgas en la democracia, la de 1988 y la de 2002, hicieron que los gobiernos echasen hacia atrás las reformas laborales.

Sin embargo, en esta ocasión la huelga no conseguirá su objetivo, según el consenso de la mayoría de los expertos. El catedrático de la Universidad CEU-San Pablo y profesor del IE Business School, Rafael Pampillón, escribe en uno de sus blogs que la protesta de UGT y CCOO no podrá hacer cambiar la reforma laboral del Gobierno. Considera que Mariano Rajoy no va a ceder ante los sindicatos porque la reforma puede contribuir a resolver los problemas económicos de España.

Cree que la reforma es necesaria porque el mercado laboral español no funciona. Y la prueba está en que durante el primer trimestre del año casi cinco millones y medio de personas que quieren trabajar no han encontrado empleo, a lo que se une, por otro lado, que las empresas españolas se encuentran entre las menos productivas de Europa.

El profesor Pampillón opina también que si España quiere seguir en el euro debe emprender las reformas económicas que le lleven por el camino del crecimiento económico y aumentar así la recaudación fiscal necesaria que permita a España devolver a los mercados los 700.000 millones de euros que debe.

Por su parte, el periodista y jefe de Economía de la Cadena COPE, Joaquín Vizmanos, cree que la huelga es innecesaria tal y como está el país. Considera que se trata de una convocatoria meramente política, organizada por unos sindicatos que ya no representan ni siquiera a los trabajadores. Opina que no hay ambiente de huelga porque la gente lo que quiere es trabajar, al tiempo que vaticina que serán pocos los que dejen de hacerlo el día 29.

Añade que UGT y CCOO saben que sólo puede salvarles parar el transporte y por ahí irán si quieren tener algo de “éxito”. Joaquín Vizmanos piensa que es urgente un cambio en el modelo sindical (y también en la patronal). El discurso actual se ha quedado anticuado. Es inoperante para afrontar los desafíos de esta crisis y de la economía en el siglo XXI. Y no pasa por alto que, por supuesto, queda también pendiente que algún Gobierno se atreva a regular de una vez por todas el derecho de huelga. Nunca es el momento, pero alguna vez tendrá que llegar ese momento para que el ciudadano deje de ser "rehén" de cuatro liberados.

Una opinión similar comparte la periodista económica y escritora, Carmen Tomás. No cree que la huelga general sirva para modificar la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se muestra convencida de que España no puede ceder, en este momento, a las pretensiones de los sindicatos. Por dos motivos: el país no se puede permitir más tiempo esta sangría de parados, y porque es necesario buscar fórmulas para acelerar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

Sin embargo, si ve un aspecto positivo en la protesta: que sirva a los sindicatos para reflexionar sobre su papel en la sociedad española a partir de ahora. Más, si fracasan en la convocatoria. Y es que considera que los ciudadanos quieren unos sindicatos modernos, más cercanos a los problemas diarios de las empresas. Unas cúpulas sindicales (y también patronales) que no estén tan alejadas de la realidad social, a las que se les vea arrimar el hombro como al resto de los empresarios y trabajadores.

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