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Los entresijos de la Ley Sinde

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¿Qué es exactamente lo que pretendía aprobar la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde? ¿Cuáles son sus entresijos?

Se ha hablado mucho de ella en todos los sectores de la sociedad. El martes, 21 de diciembre fue votada, y tumbada, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, lo que ha provocado su eliminación del proyecto de ley. Pero, ¿qué es exactamente lo que pretendía aprobar la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible, más conocida como Ley Sinde? ¿Cuáles son sus entresijos?

- El principal punto, y quizás el que mejor resume la disposición, contempla el cierre judicial de todas aquellas páginas web que faciliten el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Es decir, de los dominios que permitan o faciliten enlaces de descargas, tanto de películas, como de música, videojuegos y libros sin pagar derechos de autor. Todo ello con el objetivo de proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información.

- Aunque el encargado de decretar el cierre de estas páginas sería un juez de la Audiencia Nacional, sería una nueva sección de la Comisión de Propiedad Intelectual la que formularía la denuncia, a instancia de un titular de derechos de autor o de sus representantes que consideren vulnerados sus derechos. Es entonces cuando, oídas las partes implicadas, el juez tiene cuatro días para adoptar su resolución.

La rapidez con la que el juez debe determinar la clausura de un dominio, teniendo en cuenta la lentitud que padecen otros procesos judiciales en nuestro país, ha sido muy criticada por aquellos que se posicionaron en contra de esta ley.

- De haber seguido adelante el proyecto, también se habría procedido a una remodelación e investigación del contenido de uno de los portales de Internet más populares en todo el mundo: Youtube. La página que permite la reproducción de videos habría sufrido una supresión de todos los contenidos colgados en ella que no contase con los derechos de autor exigidos.

- En un primer momento, el Gobierno planteó la intención de crear un aparto jurídico encargado de perseguir a las personas que se descargasen contenidos sin consentimiento del autor. La propuesta provocó las criticas de la mayor parte de los internautas, que, sintiéndose perseguidos, se sirvieron de redes sociales como Twitter para defenderse durante el proceso de aprobación de la disposición.

Finalmente, en la redacción última del proyecto del ley no se hacía referencia alguna a sí se tomarían medidas contra quienes realizan las descargas. Tampoco contra las plataformas como eMule, que se sirven de los archivos alojados en los discos duros de los usuarios particulares.

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