¿Qué hace el CGPJ con los jueces y por qué es criticado?

-         El poder judicial conoce y lamenta la mala imagen que tiene la Justicia en España. Los datos del CIS confirman una y otra vez que la Justicia es la institución del Estado peor valorada por los españoles. Más del cuarenta por ciento opinan que la Justicia está mal dotada presupuestariamente y que funciona mal o muy mal. La Justicia alcanza menos de una nota de cuatro, en una escala de cero a diez en la que se plasma la medición de la confianza que merece la Justicia.

-         El ascenso del magistrado Carlos Dívar a la presidencia de los jueces ha implicado, sin embargo, una leve mejora en la percepción del Poder Judicial, del mismo modo que el reemplazo de Mariano Fernández Bermejo por Francisco Caamaño ha amortiguado la presencia negativa de la Administración de Justicia en los medios. Aun así, algo menos de un treinta por ciento de los españoles creen que el CGPJ cumple con eficiencia su función; el treinta por ciento opina que el sistema de elección de sus miembros favorece el partidismo y algo más del veinte por ciento de encuestados por el CIS opina que el Poder Judicial carece de las competencias para poder decidir independientemente sobre sus propios asuntos.

-         A estos datos se le suma uno, muy reciente, de especial significación: el 88% de los abogados afirman que la situación de la Justicia es de “grave crisis”. Y otro que habla del atasco judicial: de un año a otro, ha aumentado todavía un 28% la cifra de asuntos pendientes en los juzgados, si bien se espera que la crisis económica incida en un índice menor de litigios.

-         Como muestra de tal preocupación, y con voluntad de mejorar tanto la proyección como la percepción de la imagen del Poder Judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha nombrado, hace pocas semanas, a una asesora de comunicación del órgano directivo de los jueces. El cargo, de nueva creación, ha recaído sobre la experimentada periodista Julia Pérez, quien ya trabaja adscrita orgánicamente a la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

-         Entre los jueces, cabe destacar que pervive cierto enfado entre los magistrados del Supremo tras el nombramiento de Dívar, por entender dichos magistrados que su órgano fue marginado en el reparto de las vocalías del CGPJ.  

-         La incomodidad con el CGPJ ha sido refrendada por el propio ministro de Justicia. Caamaño, en una reunión mantenida con Dívar este mes de mayo, dijo que prefería que los jueces “actuaran con mayor discreción”, en referencia a los “jueces estrella”, y mostró su escándalo por las filtraciones de sumarios.

-         Las críticas al CGPJ inciden mayoritariamente en acusaciones de corporativismo y de protección endogámica: por ejemplo, en la falta de dureza en las sanciones a diversos magistrados. Así, el juez Rafael Tirado , sancionado con sólo 1500 euros por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha sido trasladado a petición propia a un juzgado de lo Contencioso de Sevilla. El CPGJ también estudia la petición del juez F. Javier de Urquía de reingresar en la carrera judicial una vez cumplida la pena de suspensión impuesta por el TS a raíz del Caso Malaya.

-         Se critica asimismo que el juez Dívar “se ponga de perfil” en numerosas cuestiones. Dívar ha evitado pronunciarse, más allá de mostrar su “absoluto respeto”, sobre la dimisión voluntaria del juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera tras ser denunciado por su mujer por maltrato. También se critica el matiz político de una resolución sustancial del CGPJ: la imposibilidad de alegar objeción de conciencia para no celebrar bodas homosexuales. Dívar ha evitado pronunciarse asimismo sobre la querella contra Garzón. El CGPJ no estudiará la posible suspensión de Garzón hasta que el auto del TS sea firme.

-         La huelga de jueces, además, continúa su marcha. Esta misma semana, la judicatura celebró juntas en casi todas las provincias y el descontento permanece: los jueces se inclinan por mantener la convocatoria de huelga prevista para el próximo 26 de junio. Las juntas de jueces que votaron adherirse a la huelga fueron las de Valencia, Málaga, Córdoba, Santander, Zamora, Castellón, Burgos, Toledo, Soria y Guadalajara. Los magistrados de Navarra, Huesca, Las Palmas, Oviedo y Alicante no descartaron “ninguna medida de protesta”. Ninguna de las cuatro asociaciones judiciales que el 12 de enero firmaron el documento reivindicativo se ha descolgado de la protesta.

-         Entre tantas sombras, el CGPJ se ha congratulado del acuerdo entre los grupos del Congreso para modernizar la Justicia pues es fruto del entendimiento entre Poder Legislativo, Ejecutivo y jueces. Los jueces verán modificado el sistema de ascenso forzoso, y se equiparará el régimen de vacaciones anuales y se posibilitará la creación de puestos de jueces de adscripción territorial.

-         Entre los proyectos de futuros del CGPJ, un documento estratégico presentado esta misma semana indica los objetivos del órgano rector de la judicatura: mejorar en selección y formación de los miembros de la carrera judicial, elaborar un sistema de medición de cargas de trabajo de los órganos judiciales y dotar de la mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y los nombramientos.