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Qué ha hecho el PP con la reforma de la ley del aborto

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La reforma de la ley del aborto que aprobó el Gobierno de Zapatero en 2010 fue una de las promesas electorales del Partido Popular en las últimas elecciones generales. Este asunto espinoso ha marcado la legislatura desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa en 2011, ha provocado la dimisión de un ministro y ha vuelto a la actualidad en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales.

Gallardón, Sáenz de Santamaría y Rajoy. Gallardón, Sáenz de Santamaría y Rajoy.

“La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”: este párrafo resumía la propuesta del PP para cambiar la llamada “ley Aído”.

Un año antes, Federico Trillo y otros diputados populares en el Congreso presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre otros argumentos, el PP aseguraba que la segunda ley socialista chocaba con el artículo 15 de la Constitución, que reconoce que “todos tienen derecho a la vida”, al permitir abortar en las primeras 14 semanas de gestación de forma libre, sin que haya “ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus”.

El Tribunal Constitucional aún no ha sentenciado sobre este recurso contra la ley del aborto. Mientras tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy se puso a elaborar un anteproyecto de ley para cambiar la legislación y cumplir así su promesa electoral.

Gallardón fue más allá de las menores

Después de ser nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón recibió el encargo de elaborar una nueva norma para cumplir el programa con el que el PP había ganado las elecciones de noviembre de 2011.

Hasta que presentó el anteproyecto en el Consejo de Ministros, Gallardón pasó varios meses desgranando algunos de los cambios que la reforma de la ley iba a introducir en la legislación sobre el aborto. El compromiso poco concreto del programa electoral permitía un amplio abanico de medidas. El único cambio claro que se daba por hecho dentro del PP era el de que las menores de 18 años tuvieran que tener consentimiento paterno antes de abortar.

Sin embargo, el genérico “reforzar la protección del derecho a la vida” dejaba un amplio espacio al ministro de Justicia. De esta forma, Gallardón superó el objetivo de controlar los abortos a las menores de edad y apuntó a que los cambios legales serían más profundos. Por ejemplo, acabarían con la discriminación de los niños con síndrome de Down: una discapacidad “jamás” sería un motivo para abortar, sino que se mirarían los efectos perjudiciales para la salud de la madre que podría provocar esa enfermedad o malformación.

De esta forma, Justicia definiría qué malformaciones del feto podrían ser alegadas para abortar y cuáles no. Esta idea provocó el aplauso de organizaciones de personas discapacitadas, pero también comenzó a elevar las críticas contra el proyecto del Gobierno.

Desde la oposición y desde colectivos feministas y abortistas denunciaron que el Ejecutivo de Rajoy pretendía obligar a las mujeres a tener hijos con graves malformaciones a los que luego no ayudaría a cuidar. Los ataques subieron de tono, al considerar que el PP ya no planteaba volver a la ley de supuestos de Felipe González y avalada con retoques por el Tribunal Constitucional, sino que iba más allá y restringía en mayor medida las posibilidades para abortar.

En cualquier caso, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada en diciembre de 2013. Sin embargo, la norma no fue enviada al Congreso de inmediato, sino que entró en una fase de consultas que duró nueve meses y en la que continuaron las críticas de partidos y organizaciones feministas. También hubo movilizaciones en la calle para exigir al Gobierno que cejara en su intención de reformar la ley vigente.

Protestas provida ante el retoque mínimo

Una tarde de finales de septiembre de 2014 el Ministerio de Justicia convocó a los medios de comunicación. Con gesto muy serio y palabras duras, Alberto Ruiz Gallardón anunció que había presentado su renuncia al cargo después de que Mariano Rajoy decidiera que el proyecto de reforma de la ley del aborto quedaba aparcado.

En la decisión del líder del PP pesaron los datos de los sondeos que le presentó su “gurú” demoscópico, Pedro Arriola. La conclusión era clara: a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales, y después con los comicios generales, el Partido Popular se arriesgaba a perder el voto de una parte significativa de su electorado. Las “ganancias” por el lado de los votantes más provida no compensaban esta huida de apoyos.

Después de la salida de Gallardón -que de parecer un “verso suelto” del PP escorado hacia la izquierda había terminado siendo señalado como el ministro más conservador por este asunto-, y con el refuerzo de Alfonso Alonso en el Ministerio de Sanidad tras la dimisión de Ana Mato dos meses después, el Gobierno se inclinó por limitarse a retocar la ley Aído para que las menores de edad necesiten el permiso de sus padres para abortar.

Se mantiene, eso sí, la regulación de plazos que permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, la consideración del aborto como un derecho y todos los supuestos que permiten interrumpir el embarazo más adelante. Eso fue lo que llevó a los colectivos provida a salir a la calle en noviembre y en marzo para reprochar al Gobierno del PP que hubiera defraudado las expectativas puestas en el proyecto de Gallardón.

Finalmente fue el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso quien tomó la iniciativa de presentar una proposición de ley que inició su tramitación el pasado martes 14 de abril y que al sólo obligar a las menores a tener permiso de sus padres o tutores fue considerada insuficiente por cinco diputados populares, que como protesta no votaron o votaron en contra.

La “mini-reforma” de la ley del aborto seguirá su tramitación en el Congreso en las sesiones que quedan de legislatura. La ley que todavía no ha llegado, pese a que lo prometió el Gobierno tras la crisis desatada por la retirada del proyecto inicial y la dimisión de Gallardón, es la de medidas de apoyo a la maternidad con la que el Partido Popular intentó frenar el descontento entre votantes y militantes, muchos de los cuales llamaron o escribieron a la sede de la calle Génova para mostrar su rechazo a esta decisión e incluso para anunciar que no volverían a dar su apoyo al partido.

Las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo y las generales de otoño podrán servir para saber si esta decisión pasa factura al PP o si, como cree Pedro Arriola y esperan Rajoy y sus colaboradores, el auge a Podemos hace que los votantes más decepcionados por el frenazo a una reforma en profundidad de la legislación sobre el aborto acaben votando de nuevo a los populares por miedo a los postulados radicales del partido de Pablo Iglesias.

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