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¿Qué tendría que haber hecho la infanta Cristina?

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La infanta Cristina declarará como imputada en el caso Nóos el próximo 8 de febrero. Después de tres años de proceso, el juez instructor, José Castro, llegó a la conclusión este mes de enero de que la esposa de Iñaki Urdangarín había sido cooperadora necesaria en los delitos de su marido. A lo largo de todo este tiempo, la imagen de la monarquía en España ha quedado en entredicho. ¿Podía haberse frenado ese desgaste? ¿Ha actuado la infanta Cristina de la mejor forma posible?

Fraude, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad y malversación son los cargos por los que se imputa a los dirigentes del Instituto Nóos: Iñaki Urdangarín y Diego Torres. El ex-socio del duque de Palma aseguró ante el juez que la Infanta Cristina participaba activamente en los negocios de Nóos. Algo que llevó a José Castro a imputar a la Infanta en abril de 2013 por presunta apropiación indebida de fondos públicos.

Un mes después, la Audiencia Provincial de Baleares suspendió la imputación. No obstante, el pasado 7 de enero, después de embargar la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes en Barcelona y otras 15 propiedades de los duques de Palma, el juez Castro decidió imputar a la infanta por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Según la última encuesta del CIS en la que se preguntaba por la monarquía, realizada en mayo, la Casa Real obtuvo su peor valoración de la historia. Un 3,68 sobre 10, que le coloca en el sexto lugar, por detrás de la Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y el Defensor del Pueblo.

El Confidencial Digital ha consultado a dos expertos, un sociólogo y un abogado penalista. Este es el análisis que realizan sobre la actuación de la infanta a lo largo de este proceso.

Fermín Bouza, sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y escritor, explica: “Insisto mucho en que desde el principio la Casa Real se equivocó con su versión. Creo que la situación era muy negativa, muy mala, y eso les ha llevado a construir un episodio de desconfianza pública”.

“No dieron una alternativa”, añade Bouza, que matiza: “No ofrecieron una explicación clara a lo largo del proceso, y eso ha acabado irritando a la gente, además de generar morbo”.

Sobre la imputación de la infanta Cristina y la reacción social generada, el sociólogo manifiesta: “La expectación que se ha generado con el 'paseíllo' de la infanta es algo normal; todo este procedimiento ha generado morbo como ya digo”.

“Yo hubiera cambiado completamente la estrategia de comunicación. Desde la Casa Real tenían que haber estado ‘en la pomada’ desde el primer momento, y no lo han estado”, concluye Fermín Bouza.

Luis Romero, abogado y presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas, opina que ha habido “una excepcionalidad” en el proceso. “Cuando un juez estima que alguien tiene que ser imputado y llamado al juzgado para declarar, lo normal es que el fiscal no se oponga. Incluso los abogados de la defensa casi nunca recurrimos a esa imputación”.

“Si el juez estima que hay indicios criminales de que un ciudadano ha cometido un delito, se envía un simple burofax, un telegrama o una comunicación por escrito. Si hay una querella de por medio, lógicamente, el juez tiene que argumentar el auto y las diligencias que acuerde, pero no fundamenta la citación o la imputación. Por eso, todo ha sido excepcional”, explica Romero.

Para el abogado, la defensa de la infanta Cristina se equivocó al recurrir la primera imputación por delito de tráfico de influencias: “Habría sido mejor que declarara la primera vez y defenderse por ese delito. Le ha salido muy mal esa estrategia a la defensa, y ahora se acusa a la infanta de delito fiscal y blanqueo de capitales. El auto, de más de 200 páginas, estaba bien fundamentado y eso lo que ha hecho, sin duda, es perjudicarles”.

Sobre el choque de pareceres entre el juez Castro y el fiscal, que acusó al magistrado de urdir una “teoría conspiratoria” contra la infanta, Romero opina: “El fiscal hace un flaco favor al Ministerio Público y a la acusación pública. A mí me parece bien, como abogado penalista, que un fiscal muestre públicamente su desacuerdo con un juez de instrucción. Eso es bueno para la democracia, pero no es habitual. Lo que no me parece correcto es que lo hiciera porque esté en la línea de la teoría y estrategia de la defensa”.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, declaró hace unos días que el proceso de imputación de la infanta Cristina se había desarrollado con “absoluta normalidad” e insistió en que “no se tiene que pensar que esté sucediendo nada anormal”.

Para Carnicer, se trata de un procedimiento “muy difícil”, que espera que concluya con “cada parte habiendo defendido lo que a su derecho convenía. El juego de la administración de justicia, de la acusación, de la defensa y del orden procesal está funcionando”, asegura.

En relación con la supuesta campaña de descrédito que está sufriendo el juez instructor José Castro según algunos medios de comunicación, Carnicer cree que es “una situación habitual en los procesos”.

Una de las conclusiones, pues, es que la infanta Cristina debió asumir la primera imputación y haber declarado entonces por el delito de tráfico de influencias. Otra es que ella, lo mismo que la Casa Real, tendrían que haber ofrecido públicamente algunas explicaciones, que no se han dado: ha fallado la comunicación.

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