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¿Se debe incluir en la ley electoral la obligación de celebrar debates?

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La campaña de las próximas elecciones generales se está caracterizando por la abundancia de algo que en otros comicios nacionales faltó o hubo sólo una o dos veces: los debates electorales. La decisión de Mariano Rajoy de no acudir al programa organizado por Antena 3 y laSexta con PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos reabrió la discusión sobre si es conveniente aprobar una norma para que los candidatos estén obligados a enfrentarse cara a cara con sus oponentes: ¿Se debe por tanto establecer en la ley electoral esta obligación de celebrar debates?

Los representantes de los partidos en el momento previo al debate. Los representantes de los partidos en el momento previo al debate.

La idea la lanzó recientemente Pablo Iglesias. El líder de Podemos criticó duramente a Rajoy por no “dar la cara” y enviar a Soraya Sáenz de Santamaría a debatir con él, con Pedro Sánchez y con Albert Rivera.

“Cuando nosotros gobernemos deberemos obligar a que participar en debates sea algo que no pueda eludir alguien que quiere ser presidente del Gobierno. Dar la cara ante los medios de comunicación y participar en debates debería ser una obligación”, afirmó Iglesias.

La propuesta del candidato de Podemos a la Presidencia del Gobierno abrió un intenso debate sobre el asunto: ¿Sería la solución a la polémica sobre la ausencia de Rajoy el que una ley obligara a los candidatos a asistir a los debates?

A la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le peguntaron por el tema y vino a señalar que eso habría ido en perjuicio precisamente de los partidos extraparlamentarios como Podemos y Ciudadanos que han participado en los debates gracias a su pujanza en los sondeos de opinión: “Hacer obligatorio un debate por ley, si lo hacemos obligatorio por ley, tendríamos que basarnos en elementos legalmente exigibles, y una encuesta no lo es. Y hasta ahí puedo leer”.

No es la primera vez que se plantea esta idea. El presidente de la Xunta y candidato socialista en las elecciones gallegas de 2009, Emilio Pérez Touriño, salió al paso de la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la televisión autonómico y afirmó que no sería mala idea y consideraría la posibilidad de regular por ley la obligación de que los principales candidatos participen en debates, que son “un derecho que no se debe hurtar a la ciudadanía”.

Necesarios para los votantes, atractivos para el público

No cabe duda de que el contraste de ideas y de propuestas electorales entre los candidatos de los partidos que concurren a las elecciones es beneficioso para los votantes, que pueden tener así la oportunidad de hacerse con nuevos elementos de juicio a la hora de decidir si acuden a las urnas y qué papeletas depositan en ellas.

Sea por el espectáculo o por un interés genuino por ver a los candidatos discutir, los datos de audiencia muestran que los debates televisados atraen a los espectadores. El lunes 7 de diciembre una media de 9,2 millones de espectadores vieron el debate a cuatro en Antena 3 y laSexta, uno de los programas más vistos del año.

La cuestión más espinosa es si la legislación debe regular los debates en campaña electoral y además establecerlos como una obligación, para que los candidatos -como ocurrió esta vez con Rajoy en el enfrentamiento entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- deban acudir a la televisión a contrastar sus propuestas entre sí.

Una ley que estableciera esta obligación también debería fijar toda una serie de elementos y condiciones de un debate: qué partidos tendrían derecho (y deber) a acudir; quiénes deberían representar a los partidos y candidaturas; en qué medios de comunicación se retransmitiría; cómo se elegirían a unos moderadores que no fueran parciales; sobre qué asuntos se podría debatir...

Muchas preguntas: con cuántos, con quiénes...

El punto más polémico de todos los debates que se han celebrado en España en los últimos años es el de qué partidos de las decenas que presentan candidaturas a las elecciones generales deben ser invitados y cuáles han de quedar excluidos.

Cuando se han organizado debates cara a cara entre los líderes de PP y PSOE, como los González-Aznar (1993), Zapatero-Rajoy (2008) y Rajoy-Rubalcaba (2011), el resto de partidos han protestado por el “bipartidismo” de este formato.

En otras ocasiones, como hace unos días en TVE, se ha convocado a los candidatos de todas las fuerzas que tienen en ese momento grupo en el Congreso de los Diputados. Entonces eran los partidos extraparlamentarios, fueran minoritarios u otros emergentes, los que se quejaban de quedar excluidos.

Atresmedia optó por convocar a los cuatro partidos que aparecen en las encuestas con porcentajes de voto significativos, por encima del 10-15%. Una fórmula que volvió a dejar descontentos: UPyD e Izquierda Unida protestaron porque partidos que no están todavía en el Parlamento, como Ciudadanos y Podemos, estuvieron presentes y ellos, que obtuvieron más de un millón de votos en 2011, no fueron invitados. La Junta Electoral avaló el debate a cuatro, pero requirió a Antena 3 y laSexta para que compensen a los partidos pequeños con otro programa.

Y es que la forma de fijar qué partidos participan en los debates se antoja complicada. No hay que pasar por alto la apreciación de Sáenz de Santamaría en el sentido de que las encuestas no son elementos objetivos que una ley pueda recoger como criterio para organizar un debate electoral. Si acaso lo podría ser más la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que es la única encuesta “oficial” frente a las que realizan empresas de demoscopia y medios de comunicación privados.

La polémica sobre la persona que representa al partido se ha originado en esta campaña con la decisión de Mariano Rajoy de enviar a la número dos por Madrid a debatir con Sánchez, Iglesias y Rivera en vez de ir él, que se reserva para el cara a cara con el candidato del PSOE.

Por un lado, parece lógico que se enfrenten quienes aspiran a ocupar el cargo de presidente del Gobierno. Pero por otro, surge otra pregunta: ¿No tiene España un sistema parlamentario y no presidencialista? Por tanto, tan candidato a diputado en el Congreso es Rajoy como Sáenz de Santamaría. Además, en tiempos en los que se critica duramente el “personalismo” y el culto al líder que se practica en los grande partidos, en otras ocasiones han surgido voces que precisamente reclaman que los partidos sean más corales y den voz a otros dirigentes aparte de sus líderes. En ese argumento se escudó la vicepresidenta -“en el PP somos un equipo”- para defender la decisión del candidato de su partido.

Dónde y moderados por quién

La elección del medio que organizaría y difundiría estos debates fijados por ley también sería difícil de concretar. En los cara a cara entre los líderes de PP y PSOE se ha adoptado la fórmula en las últimas elecciones mediante la cual es la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión quien organiza el programa y todas las cadenas de televisión, públicas y privadas, tienen acceso a la señal y pueden emitirla en sus canales.

Esta asociación sin ánimo de lucro y formada por operadores y profesionales de los medios es, en principio, una organización imparcial. La otra opción obvia es Televisión Española como ente público. Incluso habría que considerar si otros medios, desde la radio hasta Internet (como ocurrió en elpais.com), deberían también ser incluidos en esta regulación.

Pero las televisiones privadas, que desde hace unos años han hecho una apuesta muy fuerte por el debate y la política, seguramente no renunciarán a organizar sus propios debates: además, al ser privadas sería más complicado imponerles algunos criterios a la hora de celebrar los programas que quiera con los candidatos que considere más interesantes para los telespectadores.

Por último estaría también al cuestión de quién y cómo se elegiría al o a los moderadores del debate. Este punto provocó fricciones en el pasado entre PP y PSOE, aunque en estas elecciones parece haber menos debate sobre ello: Manuel Campo Vidal volverá a conducir el Rajoy-Sánchez y las cadenas privadas colocan a sus presentadores estrella.

La larga lista de puntos a debate y la dificultad de concretarlos todos hacen a priori inviable que se pueda incluir en la ley electoral un apartado que fije y regule la obligación de organizar debates.

Por ley o por costumbre

Hay además otro argumento para refutar la necesidad de que la ley obligue a los candidatos de los principales partidos a acudir a debatir a la televisión. Y es que, aunque haya consenso en que es algo saludable para la democracia el que quienes aspiran a presidir el Gobierno confronten sus proyectos, otra cosa muy distinta es que tenga que imponerse por ley.

Existen países, como Colombia y Brasil, que sí tienen normas que obligan a celebrar debates. Sin embargo, en otros muchos países es la costumbre y el acuerdo de los partidos el que lleva a que se celebren “contiendas” dialécticas antes de las elecciones. En Estados Unidos no es obligatorio, pero existe una Comisión de Debates Presidenciales que ha institucionalizado de cierta manera estas citas.

Hay en España una tendencia a querer solucionar con la ley cualquier actuación que se considere censurable. Sin embargo, en un asunto tan abierto y tan difícil de legislar como este, tal vez la mejor solución sería que fueran la costumbre y la madurez de los partidos y sus candidatos las que guiaran la organización de debates electorales. La creciente demanda de información y de transparencia por parte de los ciudadanos hará que los debates sean cada vez más frecuentes y abiertos y se conviertan en una tradición democrática en España.

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