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¿Son viables las televisiones públicas?

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La televisión pública valenciana desaparecerá después de que la Generalitat anunciase que su mantenimiento es “inviable”. En 2011, fue TPA la que estuvo al borde del cierre. Otras subsisten tras varios expedientes de regulación de empleo. Atrás quedaron los años en los que competían con las privadas. Pero, ¿son viables ahora este tipo de cadenas?

Autonómicas. Autonómicas.

Hasta 13 comunidades autónomas cuentan a día de hoy con su propio ente televisivo financiado con recursos públicos. La oferta varía desde un único canal en territorios como Asturias, Murcia o Extremadura, hasta las ocho cadenas públicas de las que disfrutan los catalanes.

Tan solo cuatro regiones no han desarrollado una televisión pública: Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León. Esta última comunidad sí dispone de un canal autonómico, aunque está gestionado por una empresa privada.

En unas semanas, Valencia se unirá a este último grupo con la desaparición de la Radiotelevisión Valenciana, después de que la Generalitat la considerase “insostenible” al anular la justicia el ERE de más de 1.000 trabajadores que se había ejecutado. Una decisión que pone en tela de juicio el futuro del sistema televisivo público de nuestro país.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya ha advertido que si el Tribunal Supremo también revoca el ERE de 860 trabajadores efectuado en Telemadrid en enero, la cadena pública de la capital se verá obligada a echar el cierre.

Los expertos coinciden: “El sistema es inviable”

El Confidencial Digital ha contactado con dos expertos en el panorama televisivo español y ambos coinciden en el mismo punto: el sistema público resulta “inviable” en la actualidad.

Miguel Ángel Ortiz Sobrino, doctor en Ciencias de la Información por la UCM y director del Instituto Oficial de Radio y Televisión entre 2000 y 2009, considera que “desde la perspectiva pública, el sistema es inviable actualmente”.

“Se está planteando el cierre de muchas televisiones públicas y la privatización de otras tantas. Es un sistema financieramente insostenible”, explica, antes de poner un ejemplo: “Se ha invertido hasta ahora en cadenas públicas prácticamente lo mismo que en industria”.

Ortiz Sobrino apunta que el coste de las televisiones autonómicas asciende a 1.400 millones de euros, de los cuales el Estado aporta 1.200 millones y el resto es financiado por el canon que abonan las cadenas nacionales privadas.

El profesor añade que el reparto publicitario “es otro de los problemas” que perjudican al sistema. Y es que la publicidad en televisión cae año a año en España desde 2009. No obstante, las previsiones de Publiespaña, la comercializadora de publicidad de Mediaset, hablan de un posible crecimiento en 2014.

Mercedes Medina, profesora de Estructura y Mercado de la Comunicación en la Universidad de Navarra, coincide con Miguel Ángel Ortiz Sobrino: “Si seguimos las cuentas de resultados, hoy por hoy ninguna cadena pública es viable”.

“Lo de Canal Nou es la consecuencia de algo que en realidad está pasando en todas las demás cadenas autonómicas, pues el déficit existe desde hace años”, afirma a ECD.

Para Medina, el futuro de la televisión pública “es muy complicado”. Sin embargo, “también lo es privatizarlas”. “Tiene que aparecer alguien que no solo aporte el capital necesario, si no que también afronte la deuda existente”, señala.

La experta de la Universidad de Navarra duda de si las actuales cadenas autonómicas cumplen con su función social: “La mayoría son una voluntad política, realmente es más una necesidad política del partido en el poder. Hay que plantearse si tienen una función social a cumplir y si son necesarias realmente. Tengo mis dudas de que cumplan esa necesidad y de que su existencia esté justificada”.

Para Mercedes Medina, hay dos grandes problemas: “Por un lado el criterio económico, ya que no se sostiene el modelo, y por otro que no está claro si es un sistema necesario”. Y recuerda que hay tres comunidades sin televisión pública.

“Las televisiones públicas actuales cuentan con una estructura de miles de empleados, cuando hoy la televisión digital es mucho más barata”, añade. “Un posible modelo alternativo podría ser que se efectuase un sorteo público para que las empresas privadas se hiciesen cargo de la cobertura de aquellos contenidos de interés general para las determinadas comunidades”, concluye.

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