¿Es xenófobo retirar servicios sociales a ilegales?

--La medida: La reforma sanitaria anunciada por el Gobierno de España contempla la retirada de la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes irregulares, salvo en los casos de urgencia o embarazos, según el decreto publicado el martes en el Boletín Oficial de Estado, que recoge que la medida se pondrá en marcha desde finales de agosto. Una de las modificaciones derivadas de la reforma implica que el 31 de agosto dejarán de ser válidas las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares, un cambio con el que el Gobierno espera ahorrar 500 millones de euros.

--La versión del Gobierno, ofrecida por la ministra Ana Mato: Ante la “alta morosidad y un insostenible déficit en las cuenta públicas sanitarias, que hace imprescindible la adopción de medidas urgentes que garanticen su futuro y que contribuyan a evitar que este problema persista". Con las medidas introducidas, se espera un ahorro en materia de sanidad de hasta 7.000 millones de euros. “La tarjeta sanitaria le corresponde a los españoles". El Gobierno alega que durante el último gobierno de Zapatero se optó por no asumir una directiva europea que impedía beneficiarse de forma irregular de la sanidad de otro país. Mariano Rajoy lo ha explicado también de una forma más simple: “"No hay dinero para pagar los servicios públicos".

--¿Es xenofobia?: Son muchas las voces críticas que se han alzado contra esta medida. Para la Red Acoge, una ONG centrada en asistencia a inmigrantes sin regularizar, la sanidad es “un derecho esencial de cualquier ciudadano el acceso a la sanidad pública con independencia de su situación administrativa en España” Limitar el acceso a la sanidad es una forma de cercenar el derecho a la salud, el cual se relaciona con el derecho fundamental a la vida y a vivir con dignidad de todas las personas”. “Se estigmatiza a un colectivo y se distingue a la ciudadanía en categorías desiguales según el acceso a los derechos, lo que redundará en un aumento de la brecha de la desigualdad, del racismo y la intolerancia” aseguran desde esta organización.

--Hablan los médicos: la otra parte directamente implicada en esta medida es el colectivo médico. Hasta ahora, algunos profesionales sanitarios habían mostrado sus recelos por la creciente cantidad de inmigrantes que acudían al sistema sanitario español. Desde el Colegio de Médicos de Madrid se ha informado que los médicos de la sanidad pública seguirán prestando el servicio a los inmigrantes, ya que “el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna" indican.

Recurrirán a la objeción de conciencia, reconocida en su propio código ético en el artículo 32. Otros profesionales médicos, consultados por ECD –y que solicitan su anonimato- aseguran que esta medida puede saturar los servicios de urgencias y atención primaria, por parte de aquellos inmigrantes que, teniendo algún tipo de dolencia no grave, recurran a este método “por ser el único posible para ello”. Para Pilar García Rotellar secretaria de la Junta directiva de Médicos del Mundo, la medida “vulnera cualquier derecho humano a la salud, y va a provocar efectos secundarios en la población residente legal ya que los grupos a los que se dificulte el acceso a la atención primaria van a contraer enfermedades y las van a propagar".

--¿No ha hecho racistas la crisis?: coincidiendo con la aparición de la recesión económica y con el problema del desempleo, en España se ha confirmado una tendencia alcista de los partidos y formaciones que se muestran contrarias a la inmigración. El mejor ejemplo político puede encontrarse en Cataluña, aunque el fenómeno se está dando en toda Europa. ¿Supone esto que la crisis ha puesto a la sociedad en contra de los inmigrantes?

Para Francisco Javier Moreno, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no está claro: “se ha producido un aumento de actitudes de rechazo, aunque no hay certeza de que esto sea por la crisis. Se puede plantear que sí pero no se puede decir con seguridad”. Según los datos obtenidos por Moreno tras un concienzudo análisis, que ha plasmado en un informe, la aportación de los inmigrantes al Estado es mayor que su uso de los servicios públicos del país. Un 12,5 y un 5,6 por ciento respectivamente.